A horas de retomar la centralidad y avanzar con reformas estructurales, y tras el estreno del Consejo de Mayo creado el 16 de mayo de 2024, y previo a la llegada de técnicos del FMI para la primera revisión de metas del Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en abril, el Gobierno dispuso por Decreto 425, la ampliación de la autorización de gastos para el año en 33,2% a $126 billones, al elevar la proyección de recursos tributarios en 49,8%, a $131,9 billones.
Esta modificación del Presupuesto nacional introduce ajustes significativos en partidas clave “para asegurar el cumplimiento de obligaciones estatales en el contexto de la emergencia económica vigente”, según justifica el decreto.
Entre las partidas con cambios más relevantes se encuentran:
Seguridad y fuerzas armadas: Se incrementan los recursos para la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal y el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares. Esta medida atiende el aumento de haberes para personal en retiro y la aplicación de mejoras salariales para efectivos en actividad y jubilados de las fuerzas de seguridad y militares.
Ministerio de Seguridad: Se refuerzan los créditos destinados a la Policía Federal Argentina para tareas de combate al crimen organizado y para gestionar la transferencia de la Dirección Nacional de Manejo del Fuego.
Se incrementa la partida para sostener gastos salariales, en especial en el Hospital Garrahan y otros hospitales, así como para equipamiento, medicamentos e insumos médicos
Ministerio de Economía: Se amplía la partida para subsidios de tarifas eléctricas y la Compensación Tarifaria Zona Fría, y se ajusta el presupuesto en infraestructura económica y social para nuevos proyectos de inversión y funcionamiento. Además, se refuerza el presupuesto de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para cubrir gastos operativos.
Ministerio de Salud: Se incrementa la partida para sostener gastos salariales, en especial en el Hospital Garrahan y otros hospitales S.A.M.I.C. Se añaden fondos para equipamiento, medicamentos, insumos médicos y subsidios vinculados a hemofilia y pensiones no contributivas.
Anses: Se amplía el presupuesto para el pago de prestaciones previsionales, en función de la Ley de Movilidad Previsional, las asignaciones familiares y programas como “1.000 días”. También se refuerza el financiamiento para la prestación por desempleo.
Educación: Se aumentan las partidas de la Secretaría de Educación para afrontar erogaciones salariales en universidades nacionales.
Deuda pública: Se adecuan los créditos presupuestarios para cubrir los servicios financieros correspondientes.
Obligaciones a cargo del Tesoro: Se dispone más financiamiento para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Carboeléctrica Río Turbio, Acumar y Educ.ar Sociedad del Estado. También contempla la ejecución de una medida cautelar de la Corte Suprema.
Vicejefatura de Gabinete del Interior: Se modifica la asignación para asistir financieramente a provincias, en función de mayores ingresos percibidos.
Se modifica la asignación para asistir financieramente a provincias, en función de mayores ingresos percibidos
Reducciones: Por transferencias administrativas, disminuyen créditos y cargos en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, tras el traspaso de responsabilidades como el Manejo del Fuego.
El decreto incluye, además, cambios normativos en fondos de energía eléctrica, la prórroga de pensiones graciables por diez años, y autoriza contrataciones plurianuales de obras y adquisiciones para ejercicios futuros.
Los grandes números
- $20.018.146 millones: Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Ministerio de Capital Humano.
- $2.014.300 millones: Servicio de la Deuda Pública (Intereses y Comisiones).
- $1.774.224 millones: Servicios Sociales, Obligaciones a Cargo del Tesoro.
- $1.307.940 millones: Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo; proyecto Definición Traza de Apertura de Zona Beta del Canal Punta Indio.
- $1.080.925 millones: Prevención y Control de Discapacidades, Ministerio de Salud.
- $913.452 millones: Infraestructura y Equipamiento, Secretaría de Educación.
- $595.193 millones: Administración de Beneficios Previsionales, Parques Nacionales, Ministerio de Seguridad Nacional.
- $488.208 millones: Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, Ministerio de Defensa.
- $447.185 millones: Interceptación y Captación de las Comunicaciones; proyecto Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas en CABA.
- $351.063 millones: Asistencia Sanitaria, Estado Mayor General del Ejército Argentino, Ministerio de Defensa.
- $300.116 millones: Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional.
- $249.550 millones: Desarrollo Sostenible, Vicejefatura de Gabinete del Interior.
- $202.112 millones: Funcionamiento Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, Ministerio de Salud.
- $190.066 millones: Servicios de Informática y Comunicaciones, Policía Federal Argentina.
- $175.410 millones: Transportes Navales, Estado Mayor General de la Armada Argentina.
- $165.591 millones: Ejercicio del Derecho a la Protección de la Salud Mental, Ministerio Público.
- $153.606 millones: Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación, Ministerio de Seguridad Nacional.
- $124.080 millones: Formación y Capacitación, Servicio Penitenciario Federal.
- $112.332 millones: Servicio Meteorológico Nacional, Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina.
Camino al superávit de 1,6% del PBI
Si se ejecutan estas nuevas pautas presupuestarias, y dado que del lado del gasto se trata de una autorización y no una obligación, la administración central (sin considerar PAMI ni organismos descentralizados) pasaría de un déficit proyectado hasta el 22 de junio de $6,55 billones a un superávit de $5,91 billones.
Este giro en el resultado fiscal surge como parte de la decisión del presidente Javier Milei de ampliar la meta anual del Sector Público en base caja acordada con el FMI en abril, del 1,3% al 1,6% del PBI, para responder a la situación del mercado internacional y compensar el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas en el Banco Central de la República Argentina.
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