Hay un nuevo juicio contra Argentina en tribunales de EEUU. Se trata de una demanda por más de USD 1.700 millones que es la continuación de otra que el país perdió en Londres y aún no pagó. Por esa misma instancia fue embargado en 315 millones de euros en febrero pasado.
Los demandantes son fondos de inversión que aseguran que fueron perjudicados por la intervención del Indec por parte de Guillermo Moreno, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.
“Este juicio ya no tiene instancias legales adicionales disponibles y el gobierno no ha abonado el fallo, según informan los cuatro fondos beneficiarios. Este nuevo litigio busca reconocer la sentencia en EE.UU. para futuros embargos si la sentencia continúa impaga”, destacó Sebastián Maril, de Latam Advisors, sobre la demanda presentada en Washington DC.
“Este fallo se volvió inapelable en octubre de 2024, cuando la Corte Suprema del Reino Unido dijo que Argentina no puede apelar esta sentencia y debía pagar el fallo. A principios de este año, Argentina comunicó en una conferencia de prensa junto con los beneficiarios que había negociaciones abiertas. Sin embargo, estas no llegaron a ningún puerto. Según informaron los cuatro fondos, Argentina reconoció la deuda y no la pagó. Por eso buscan que la Corte de Washington se reconozca el fallo en Inglaterra para luego iniciar embargos en EEUU sobre posibles activos argentinos”, agregó Maril.
La demanda fue presentada por cuatro fondos de inversión, entre ellos Palladian Partners LP, que poseían alrededor del 48% de los bonos emitidos entre 2005 y 2010.
El cupón PBI
En 2023, la justicia británica condenó a Argentina a pagar alrededor de USD 1.500 millones (1.300 millones de euros más intereses) a bonistas que reclamaban el pago del Cupón PBI. Los intereses hicieron crecer esa cifra hasta superar los USD 1.700 millones, según estimaciones de Maril.
En febrero pasado, los demandantes del juicio “cupón PBI” ejecutaron una garantía por 313 millones de euros que Argentina había depositado en marzo mediante una Carta de Crédito emitida por el banco Santander.
El conflicto se originó en 2019, cuando cuatro fondos presentaron una demanda reclamando el pago relacionado con los bonos “Cupón PBI”, emitidos por la Argentina tras la reestructuración de la deuda en 2005. Según los términos del acuerdo, si el Producto Bruto Interno (PBI) crecía más del 3,3% anual, los acreedores recibirían un pago adicional.
La demanda fue consecuencia de la intervención del Indec en 2007, cuando el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, manipuló los datos de inflación. En 2013, el Indec cambió el cálculo del PBI, informando un crecimiento del 3,2%, lo que evitó el pago a los acreedores. Esto desencadenó la demanda de los cuatro fondos.
Tras esa modificación, el Indec informó que la Argentina creció menos de 3,22% del PBI ese año, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese entonces, el gobierno de Cristina Kirchner se ahorró de pagar más de USD 3,600 millones de intereses.
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