(Desde Washington, Estados Unidos) Argentina inició ayer en Washington una segunda ronda de negociaciones con la Casa Blanca para aplacar la decisión de Donald Trump de imponer aranceles recíprocos a los bienes nacionales que se exportan a Estados Unidos.
La misión está encabezada por el embajador Luis María Kreckler -a cargo del tema en la Cancillería-, y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación del Palacio de Hacienda, que se reúnen con representantes de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).
La negociación técnica tiene dos obstáculos políticos.
Trump oscila con incrementos arancelarios distintos a medida que evoluciona su guerra comercial con China, y Javier Milei no puede ajustar toda la legislación para satisfacer los reclamos de la Casa Blanca por su debilidad estructural en el Congreso.
En este contexto, el presidente republicano dobló los aranceles al aluminio y al acero cuando se enfrió la negociación con Xi Jinping, mientras que Milei apuesta a un fuerte triunfo en los comicios de octubre para reformar la legislación sobre uso de patentes.
La iniciativa arancelaria de Trump apunta a contener la ofensiva comercial de China, aplacar la inmigración indocumentada que llega a Estados Unidos y reprimir el tráfico ilegal de Fentanilo.
Desde esta perspectiva geopolítica, el informe anual de la USTR explicita las reformas que debería ejecutar Argentina para quedar afuera de los aranceles recíprocos.
Argentina aparece en la foja 14 del informe del USTR, y durante cuatro páginas se describe la asimetría que existe entre la Argentina y Estados Unidos respecto aranceles, tasas, prohibiciones de importación, restricciones a las importaciones, barreras aduaneras y derechos de propiedad intelectual.
En la página 17 del informe de la USTR se describen las principales objeciones a la legislación vigente, una exhaustiva enumeración que sirve como hoja de ruta en las conversaciones que Kreckler y Lavigne mantendrán esta semana con la administración republicana.
La foja 17 del informe del USTR sostiene:
1. “La situación de los innovadores en los sectores farmacéutico y agroquímico presenta importantes desafíos. En primer lugar, el alcance de la materia patentable está significativamente restringido por la legislación argentina. En segundo lugar, las políticas actuales brindan una protección inadecuada contra el uso comercial desleal y la divulgación no autorizada de datos de prueba no divulgados y de otro tipo presentados al Gobierno argentino, junto con su largo proceso de aprobación de comercialización.
2. Estados Unidos insta a Argentina a garantizar la transparencia y el debido proceso en la protección de las indicaciones geográficas (IG) y a garantizar que la concesión de la protección de las IG no prive a las partes interesadas de la posibilidad de utilizar nombres comunes, en particular a medida que Argentina avanza con el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR.
3. Además, continúa la acumulación de solicitudes de patentes para productos farmacéuticos y biosimilares, lo que resulta en demoras excesivas para estos productos. La aplicación de los derechos de propiedad intelectual en Argentina sigue siendo un desafío, ya que los productos falsificados y pirateados siguen estando ampliamente disponibles.
4. Los mercados físicos de La Salada y Barrio Once figuran en la Revisión de Mercados Notorios de Falsificación y Piratería de 2024 (Lista de Mercados Notorios). Por ejemplo, La Salada en Buenos Aires, uno de los mayores mercados negros de productos falsificados y pirateados en Argentina, continúa vendiendo productos falsificados en línea.
5. El régimen legal vigente y la deficiente aplicación de la ley dificultan la capacidad de los titulares de derechos, las fuerzas del orden y los fiscales para frenar, mediante acciones legales, el crecimiento de los mercados ilegales, tanto en línea como físicos.
6. Al igual que los importadores de bienes, los proveedores de servicios están sujetos a restricciones para acceder al mercado cambiario”.
El trabajo conjunto del canciller Gerardo Werthein y el ministro Luis Caputo para resolver los cuestionamientos de Estados Unidos ha tenido ciertos avances que sirven para demostrar la voluntad política de la Argentina.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó 23 resoluciones generales que imponían requisitos de intervención a cámaras, federaciones y asociaciones sectoriales durante las verificaciones físicas de mercaderías importadas.
Esta decisión administrativa va en línea con las exigencias de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos y la USTR.
Asimismo, la justicia federal detuvo Jorge Omar Castillo, el Rey de la Salada, acusado de asociación ilícita, lavado de dinero y evasión impositiva.
Castillo era intocable por sus contactos políticos, y el informe de la USTR cita a La Salada como un nicho de falsificadores que Argentina debería anular sin mayores dilaciones.
Al margen de los esfuerzos que Kreckler y Lavigne hagan en DC, el resultado final de las conversaciones dependerá de la decisión política de Trump.
El presidente de Estados Unidos cerró un acuerdo con Reino Unido que no replica con la Unión Europea (UE), y dejó en un impasse al Estado de Israel, que es su socio estratégico en Medio Oriente.
Trump y Milei tienen afinidad ideológica y personal, pero ello no significa que los aranceles recíprocos aplicados a la Argentina volverán a cero.
La tregua comercial vence en julio.
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