Convocaron a una audiencia pública para la renovación de la licencia de Metrogas y otras distribuidoras

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó a una Audiencia Pública para definir el futuro del servicio público de distribución de gas natural en el país. El encuentro está pautado para el próximo 20 de mayo bajo modalidad virtual, y tiene como objetivo analizar las solicitudes presentadas por Litoral Gas S.A., Metrogas S.A. y Camuzzi Gas Pampeana S.A. para extender sus licencias por un período adicional de veinte años.

La decisión se conoció a través del Boletín Oficial bajo la Resolución 236/2025, que lleva la firma del interventor del organismo, Carlos Alberto Casares. Las compañías distribuidoras solicitaron en 2024 la renovación de sus licencias actuales, las cuales fueron originalmente otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante decretos en 1992.

En todos los casos, los contratos contemplaban una duración inicial de treinta y cinco años desde la toma de posesión de las acciones por parte de los adjudicatarios, con la posibilidad de prorrogar por veinte años adicionales si se cumplían determinadas condiciones. Este cumplimiento incluye, por ejemplo, la corrección de las deficiencias observadas por la autoridad regulatoria.

Ante el pedido de renovación por parte de las empresas, el cual responde a los requisitos de la normativa vigente que establece un plazo previo de presentación de entre 18 y 54 meses antes del vencimiento del contrato, el Enargas dio intervención a distintas áreas técnicas de su estructura interna para llevar adelante un análisis integral sobre la calidad del servicio provisto por las distribuidoras.

A partir del análisis multidisciplinario realizado por las gerencias de Desempeño y Economía, Control Económico Regulatorio, Protección del Usuario, Distribución, Administración, Asuntos Legales y el Departamento de Despacho de Gas, el organismo estableció la necesidad de someter el proceso a la participación ciudadana a través de una audiencia.

Estas, junto a la gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación, serán las encargadas de la implementación, coordinación y organización de la Audiencia Pública y podrán requerir la participación de las restantes unidades organizativas del Enargas.

La resolución establece que los interesados podrán inscribirse para participar como oradores desde el próximo lunes y tendrán tiempo de hacerlo hasta el 15 de mayo, una semana antes que se ejecute la audiencia programada para las 9 de la mañana. “Sólo será necesaria la inscripción de quienes intervengan en carácter de ‘Oradores’, toda vez que los demás interesados podrán visualizarla online vía streaming”, establece el organismo en uno de los Anexos. Un día antes de la exposición pública, “ENARGAS publicará en su página web y en su caso, en los demás medios/canales de comunicación que posea el orden de los expositores y los tiempos asignados a cada uno”.

Según los detalles del texto publicado, la modalidad elegida se basó en los resultados positivos obtenidos de audiencias anteriores. “La modalidad virtual de las Audiencias Públicas, al permitir el acceso desde cualquier dispositivo con internet, facilita y promueve una mayor participación ciudadana”, sostienen. Además, “resulta compatible con el régimen legal vigente y la participación ciudadana”. Una vez concluido este paso, el Ente deberá elevar una propuesta al Poder Ejecutivo Nacional tras haber evaluado el desempeño de las prestadoras.

La última convocatoria pública que el Gobierno había realizado tuvo lugar a mediados de enero de este año, cuando buscaba fijar el sistema de actualización de las tarifas de gas en lo relacionado con el transporte y distribución.

El llamado quedó formalizado a través de la resolución 16/2025 bajo el mismo formato virtual. En esa ocasión, que tuvo lugar el 6 de febrero, se plantearon otros temas como la revisión de Tarifas de transporte y distribución de gas; la metodología de ajuste periódico de las tarifas de transporte y distribución de gas; y la modificación del Reglamento de Servicio de Distribución en relación con los conceptos vinculados a la facultad de corte de servicio por falta de pago.