Ajuste fiscal: las provincias revirtieron el déficit y el FMI presiona para que bajen Ingresos Brutos

Los gobernadores llevaron adelante su propio ajuste fiscal. Las provincias revirtieron el año pasado el déficit financiero que habían registrado, en conjunto, en 2023 y terminaron con un superávit total de 0,1% del Producto Bruto Interno luego de haber ejecutado un marcado recorte en su estructura de gastos. Hacia adelante, el FMI observó que las jurisdicciones subnacionales deberían revisar su esquema tributario, en especial, un impuesto distorsivo como Ingresos Brutos.

En 2024 las provincias y la Ciudad de Buenos Aires lograron revertir el déficit financiero registrado el año anterior y cerrar el ejercicio con un superávit consolidado de 0,1% del PBI. El resultado se explicó por una contracción del gasto público mayor a la caída de los ingresos, en un contexto de fuerte ajuste fiscal. Así lo señalaron dos informes elaborados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) y la consultora Politikón Chaco.

Según el Iaraf, el resultado primario de las 22 jurisdicciones relevadas fue superavitario en $2,3 billones. El resultado financiero, por su parte, alcanzó un superávit de $767.000 millones, frente a un déficit de $611.000 millones en 2023. El trabajo precisa que, excluidas La Pampa y Santiago del Estero por falta de datos completos, el resultado primario pasó de 0,1% a 0,4% del PBI y el financiero de -0,3% a 0,1% del PBI.

Por su lado, Politikón Chaco coincide en el diagnóstico y detalla que, medidos como porcentaje de los ingresos totales, el superávit primario del consolidado fue del 2,6% (frente al 0,5% en 2023) y el financiero del 0,9% (revirtiendo un rojo del -1,6 por ciento).

Este resultado se alcanzó pese a una baja real anual del 12,7% en los ingresos totales de las provincias. Los ingresos corrientes, que representaron el 99,4% del total, cayeron 11,3 por ciento. La mayor merma se registró en las transferencias corrientes del Estado nacional (-65,7%), mientras los ingresos tributarios retrocedieron 7,9 por ciento. Los tributos de origen nacional cayeron 8,4% y los provinciales 7,4%. En contraste, los ingresos no tributarios crecieron 4,7% por el aporte de las regalías (+7,4 por ciento). Los ingresos de capital, que representan menos del 1% del total, cayeron 77% real anual, afectados por la baja de 87,3% en las transferencias de capital y de 91,3% en los recursos propios de capital.

En ese contexto, el ajuste del gasto fue más intenso para compensar esa merma de recaudación. El gasto total consolidado se redujo 15,1% en términos reales. Según Politikón Chaco, eso implicó un recorte de $15,4 billones a precios constantes de 2024. El 43% del ajuste se concentró en el gasto en personal, el 21% en transferencias y el 16% en inversión real directa.

El gasto corriente, que explicó el 91% del total, se redujo 12,8 por ciento. En particular, el gasto en personal bajó 15%, los intereses de deuda 30%, las prestaciones de la seguridad social 11,6% y las transferencias corrientes 10,8%. Por su parte, el gasto de capital cayó 32,6%, con reducciones en inversión real directa (-31,7%), transferencias de capital (-42,8%) e inversión financiera (-25,8 por ciento).

Neuquén fue la única provincia con una mejora real de los ingresos (+6,4%), gracias a la suba de la recaudación y las regalías por la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta. La Rioja y San Luis registraron las mayores caídas, superiores al 20 por ciento. En cuanto al gasto, todas las provincias lo redujeron, pero con distintas intensidades. San Luis aplicó el mayor ajuste (-40,9%), seguida por La Rioja (-28%) y Mendoza (-21,8 por ciento). En el otro extremo, Neuquén (-1,5%), Chubut (-5,4%) y CABA (-6,8%) presentaron los menores recortes.

En materia de resultados fiscales, 19 jurisdicciones registraron superávit primario y tres tuvieron déficits. Entre los que tuvieron el balance más superavitario estuvieron Jujuy (15,2%), San Luis (13,7%) y San Juan (13,7%) lideraron ese indicador en proporción a sus ingresos. En el otro extremo, Catamarca (-2,1%), Buenos Aires (-2,9%) y Chaco (-5,2%) cerraron el año con déficit primario. También fueron seis las provincias con déficit financiero, encabezadas por Chaco (-7,6%) y Buenos Aires (-5,8 por ciento).

Por volumen económico, las cinco provincias con mayor gasto –Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, CABA y Mendoza– concentraron el 62% de la pérdida total de ingresos y el 56% del ajuste del gasto, lo que marcó su peso en los resultados agregados del consolidado subnacional.

El Gobierno nacional propició una discusión durante todo el año pasado sobre el peso de Ingresos Brutos en las provincias y de las tasas municipales en las intendencias, ante el reclamo de baja de impuestos empujado desde el sector privado. El FMI, en la letra chica del acuerdo anunciado la semana pasada, metió la cuchara en ese debate y dio su diagnóstico sobre el esquema tributario de los tres niveles del Estado y repartió cuestionamientos hacia todos lados.

El Fondo consideró que “el sistema tributario argentino sigue siendo excesivamente complejo y distorsivo, con una carga general que obstaculiza el crecimiento y la competitividad”. “Desde una perspectiva de equidad, la alta dependencia de los impuestos indirectos, que representan más de la mitad de todos los impuestos, reduce la progresividad”, dijo, y también mencionó a los regímenes especiales entre lo que mencionó al industrial fueguino.

“La dependencia de los impuestos distorsivos es especialmente alta, y los impuestos a las exportaciones, los impuestos a las transacciones financieras y el impuesto provincial en cascada sobre los ingresos brutos (que no permite la deducción de los impuestos pagados en etapas anteriores) representan alrededor de un tercio de todos los impuestos. Estos últimos afectan negativamente la competitividad externa, la profundización financiera y el costo total de hacer negocios”, definieron los técnicos del Fondo.

En ese sentido, aseguró que a nivel provincial “se deben eliminar gradualmente los impuestos provinciales distorsivos y se debe dar mayor énfasis a la mejora de la valoración de los activos inmobiliarios y de tierras (incluidos los de los grandes productores agrícolas), entre otras cosas, mediante el fortalecimiento de los registros de activos existentes. La tributación de los recursos energéticos y mineros merece mayor estudio y coordinación, especialmente considerando los incentivos ya existentes en el marco del régimen RIGI”, concluyó.