
La polémica que involucra al presidente Javier Milei y su equipo en la promoción del token $Libra ocurre en un momento clave para la industria cripto en Argentina. Por eso, el Gobierno agilizará la adopción de medidas para tratar de impedir nuevos casos de fraude con criptomonedas que provoquen daños a los inversores.
Se trata de una de las medidas en estudio en momentos en que la oposición lanzó una ofensiva contra el Jefe de Estado por haber promocionado el token Libra, que habría provocado perjuicios estimados en unos 100 millones de dólares.
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Concretamente, la Comisión Nacional de Valores (CNV) avanza hacia una regulación más rigurosa del sector cripto, de los Proveedores de Activos Virtuales (PSAV). Desde hace casi un año que la entidad regulatoria viene trabajando en la creación de un registro para los PSAV, con el objetivo de ordenar el ecosistema cripto en la Argentina. Hasta el momento, más de 120 empresas se han sumado al listado, lo que representa un paso hacia la formalización del sector. Sin embargo, el organismo que encabeza Roberto Silva ahora está en las etapas finales de una nueva regulación más detallada.
Esta normativa, que se encuentra en proceso de definición tras una consulta pública realizada entre octubre y diciembre de 2023, impondrá nuevas obligaciones a las empresas registradas. Entre los requisitos, se incluirá la presentación de información sobre acuerdos con terceros y el referenciamiento de clientes.
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Según fuentes del sector, el objetivo de esta regulación es dar mayor transparencia y seguridad a los usuarios, además de establecer un marco legal más sólido para las compañías que operan con criptomonedas, tokens digitales y otros activos basados en blockchain. A diferencia de otras normativas más restrictivas en la región, la regulación argentina no afectará a los usuarios individuales, sino que estará enfocada en las empresas que facilitan la operatoria.
Pese a estos avances, la actual regulación no cubre situaciones como la que involucra a Milei y el token $Libra. En este caso, la polémica surgió por la promoción de un activo digital en una red no regulada, como Solana, a través de redes sociales y sin intermediarios registrados en el país.
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Desde la CNV, hasta el momento, han optado por no intervenir en el caso, ya que el marco normativo actual no abarca la publicidad de tokens en plataformas descentralizadas. “El token $LIBRA, al momento de su lanzamiento, no se encontraba en las principales billeteras registradas como PSAV en Argentina, como Lemon, y solo se podía comprar en plataformas o billeteras descentralizadas (DEX) que operan directamente en la blockchain de Solana”, explicaron fuentes del sector.
Dado que este tipo de operatoria suele ser utilizada por personas con un alto grado de conocimiento técnico, las entidades reguladoras no han tomado medidas al respecto. Sin embargo, el caso ha puesto en evidencia la falta de normativa sobre la promoción de activos digitales en redes descentralizadas y su impacto en el mercado local.
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Un sector en expansión
A pesar del escándalo, el sector cripto en Argentina sigue en expansión y con expectativas en torno a la nueva regulación de la CNV. Según estimaciones, la cantidad de empresas registradas en el país podría reducirse drásticamente una vez que la normativa entre en vigencia plena, lo que se espera para finales de 2025.
Uno de los puntos clave de la nueva regulación es la imposición de un patrimonio neto mínimo para poder operar como PSAV. Esto busca evitar la proliferación de empresas sin respaldo financiero y garantizar una mayor seguridad para los usuarios.
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Desde la Cámara Argentina de Fintech y otros actores del sector han manifestado su respaldo a estas medidas, ya que consideran que ayudarán a la masificación de la industria en el país. Sin embargo, advierten que la regulación debe mantener un equilibrio para no limitar la innovación ni desalentar la inversión en el ecosistema cripto.
Mientras tanto, el escándalo en torno a Milei y el token $Libra sigue generando debate sobre la necesidad de establecer normativas más claras respecto a la promoción de activos digitales. Aunque la CNV avanza en su marco regulatorio, el caso ha demostrado que aún quedan áreas sin cobertura legal, lo que plantea nuevos desafíos para la regulación de las criptomonedas en Argentina.
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