
Aunque todavía hay que esperar que se termine de reglamentar el detalle técnico que tendrán que cumplir las automotrices o importadoras para colocar vehículos híbridos o eléctricos dentro del cupo de 50.000 unidades que podrán traerse a Argentina sin pagar arancel de importación extra zona, algunos datos preliminares ya se conocen y pueden servir para imaginar los distintos escenarios posibles que se pueden dar con esta novedosa y algo inesperada decisión del gobierno argentino.
Sin embargo, hay un clima de incertidumbre y sorpresa en la industria automotriz porque la decisión se publicó el viernes pasado en el Boletín Oficial cuando el mensaje que habían recibido varios de los ejecutivos de terminales e importadoras era de una demora de algunos días, quizás semanas, para comunicar la medida.
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“Gran parte de los pedidos que le hizo la industria al Gobierno fueron otorgados, pero habilitar la llegada de autos eléctricos tan baratos y en un volumen equivalente al 10% del mercado fue sorpresivo”, aseguraron fuentes de la industria a Infobae. “Habrá que esperar a la semana que viene para conocer más detalles y ver cómo queda la asignación del cupo”, completaron.

Los autos que se importan de países de la región como Brasil, México, Colombia y Uruguay no pagan arancel, por lo tanto ese cupo está destinado a autos híbridos o eléctricos que lleguen desde Asia, Europa y Estados Unidos, los cuales pagan el 35% de arancel mientras no cambien las condiciones.
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El precio de los autos tiene que ser de hasta USD 16.000 FOB, es decir, con ese máximo en puerto de origen de los vehículos, sobre el cual se deben pagar unos USD 2.000 por flete y seguro de transporte.
Pero además, en la resolución ya publicada por el gobierno en el Boletín Oficial, se detalla que los autos tendrán que tener más de 400 kilos sin contar el peso de la batería, una potencia superior a los 15kW (unos 20CV), y una autonomía de más de 80 kilómetros. De ese modo quedan afuera del cupo los conocidos citycar o autos eléctricos de dos pasajeros como el Citroën Ami que se vende en Europa.
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“Está claro que la medida tiene que ser para que entren autos chicos, económicos y eléctricos”, dijo un importador de autos que todavía no sabe si tendrá algún producto que cumpla con la reglamentación técnica porque “hay que esperar para ver qué otros requisitos piden, pero faltan algunas variables importantes que no se han especificado”, aseguró.
Hay dos temas pendientes de resolución. Uno es el de la homologación de los autos para poder comercializarse en Argentina. Actualmente, cada modelo que pretenda ser utilizado en la vía pública tiene que tener una homologación que consta de dos certificaciones. Una es la LCA (Licencia de Configuración Ambiental) y la otra es la LCM (Licencia de Configuración de Modelo). Esta última en particular, es la que podría cambiar en las próximas semanas si el gobierno avanza con un proyecto de Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado) de homologar automáticamente aquellos vehículos que tienen certificaciones industriales reconocidas a nivel internacional.
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Mientras eso no se resuelva, homologar un auto puede tardar unos seis meses desde el momento en que comienza el trámite. Si bien el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) mejoró los procesos en el último año, una vez conocida la reglamentación comenzaría el proceso para los fabricantes e importadores que tienen productos que puedan aspirar al beneficio. Se espera que eso ocurra la próxima semana.

La segunda cuestión que se debe conocer es la red de concesionarios y respuesta de postventa que tengan esos autos. Ante la apertura de un cupo de 50.000 autos electrificados de bajo precio que hoy no se venden en Argentina, existe la posibilidad de abrir el mercado automotor a nuevas marcas que actualmente no tienen representación oficial en Argentina. Hay dos casos concretos como los de BYD y SAIC (MG), ambas compañías chinas, que no tienen una red propia en el mercado local, pero tienen autos eléctricos de bajo precio que podrían llegar enmarcados en las condiciones que ha puesto el gobierno.
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Si bien ese parece ser un tema en el que no debería participar el Estado, y menos esta administración, se especula en el sector con que podría haber alguna intervención oficial en la elección de esas empresas y la distribución del cupo.
Intervenir no parece ser la política de este Gobierno, algo que incluso confirmó el propio presidente Javier Milei. Esta misma semana en una entrevista con Esteban Trebucq, aunque hablando de otro tema, aseguró que “el cupo para cualquier cosa es lo que está mal. Es lo que se llama una discriminación positiva”.
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Si existiera una intervención del Gobierno en determinar los requisitos que deben cumplir los importadores para entrar a ese cupo de 50.000 autos, entonces quizás cambiaría el escenario para las marcas nuevas, que deberían asociarse con terminales o importadoras oficiales presentes en el mercado para poder ingresar sus productos.
En esa condición, Stellantis tiene una parte accionaria de la empresa china Leapmotor que incluye los derechos de comercialización fuera de China, y la mayor red de concesionarias que le dan sus seis marcas, con los que se podría dar soporte inicial a la operación en Argentina. También BAIC Argentina tiene su red de concesionarios y talleres oficiales, lo que podría representar una mejor condición para entrar en el cupo.
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