El ministro de Economía, Luis Caputo, definió que las boletas finales para los usuarios de luz aumentarán en enero 1,6% y 1,8% las de gas natural según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. El porcentaje de incremento está vinculado con el objetivo de apuntalar la desaceleración de la inflación y llegar lo más rápido posible a niveles por debajo del 2% mensual.
La premisa es que los incrementos se mantengan en esa pauta al menos durante el verano o que incluso sean más bajos. El Gobierno sí tiene previsto avanzar desde marzo con una revisión tarifaria que implicará incrementos en los servicios públicos de la energía, prevén, no mayores a los dos dígitos para los hogares y una profundización de la motosierra sobre los subsidios.
Por lo pronto, Caputo espera dar una señal en línea con los objetivos del Gobierno de llevar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a un nivel que permita al Banco Central de la República Argentina (BCRA) recortar el ritmo de crawling peg al 1% mensual. El proceso de llevar la inflación a esos niveles, hasta que eventualmente sea cero, es una de las condiciones principales que se puso el Gobierno para salir del cepo en 2025.
Las tarifas finales que pagan los usuarios se componen de cuatro ítems: el costo de la energía, el transporte, la distribución y, sobre eso, los impuestos. Sobre el primer ítem es dónde se canalizan los subsidios del Estado, mientras que sobre en transporte y distribución no hay subvenciones. Cada hogar percibe o no descuentos según su categoría dentro de la segmentación de subsidios: ingresos altos (N1), ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3).
La secretaría de Energía que conduce María Tettamanti trabaja en poner en marcha desde mediados de 2025 un nuevo esquema de subvenciones. La premisa es que existan solo dos tipos de usuarios bajo un sistema similar al de la tarifa social que se aplicó durante la gestión de Mauricio Macri: los que tienen y los que no reciben subvención. El Presupuesto 2025 preveía un recorte en subsidios de más de USD 3.000 millones, similar al que se dio este año.
Según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hay 9,5 millones de usuarios de energía eléctrica agrupados entre N2 (6,3 millones) y N3 (3,2 millones) que reciben subsidios, de un total de 16,2 millones de usuarios. En gas, son 5,3 millones con subvenciones de los 9,5 millones de usuarios totales residenciales, de los cuales los N2 son 3,2 millones.
Tettamanti tiene un trabajo complejo en este frente, pero en el Gobierno consideran que la desaceleración de la inflación, con su consecuente mejora de los ingresos, permitirá que más familias consigan capacidad de pago en sus facturas. Por ahora casi el 60% de los usuarios del país recibe asistencia.
La secretaría de Energía también tiene por delante una revisión de tarifas con transportistas y distribuidoras, que se espera sea finalizado para abril. Un proceso en el que ambas partes deberán ponerse de acuerdo en las tarifas que se van a cobrar y las inversiones en la red para los próximos cinco años. En las compañías reconocen que en 2024 pudieron sanear sus balances gracias a los incrementos que habilitó el Gobierno, que llegaron en algunos casos al 500 por ciento, aunque es preciso recordar que se trata de dos componentes de los cuatro que hay en la factura.
El presidente Javier Milei suele reconocer que en su primer año de gestión se consiguió sostener la desaceleración de una inflación que venía desbocada y, en paralelo, una “corrección” de precios relativos, ya que algunos venían de ser pisados por el Gobierno anterior. Es el caso de las tarifas de servicios públicos de electricidad y gas natural, los boletos del transporte de pasajeros o los combustibles.
El IPC general mostró una suba 112% acumulado en el año, mientras que el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles sumó 230,7% o la categoría “Transporte” 132,6% en el mismo período.
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