Las razones por las cuales el Gobierno no pudo eliminar los Registros del Automotor tras un año de gestión

Con la mirada puesta en cumplir parte de los objetivos trazados un año atrás al asumir la presidencia, el gobierno de Javier Milei intenta formalizar algunos cambios en la Ley Nacional de Tránsito que permita implementar reformas estructurales en el sistema registral de automotores y en la vida de los argentinos que utilizan automóviles y motocicletas como medio de traslado personal.

Ya queda poco tiempo, y no parece probable que se puedan implementar temas como la renovación automática de la cédula de conducir contra la presentación de un certificado médico de aptitud física emitido por un profesional homologado, o la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en concesionarias oficiales y talleres autorizados.

“No hemos tenido novedades para comunicar al respecto”, dijo una fuente del Gobierno consultada por Infobae este lunes.

Sin embargo, la medida más profunda de todas las que quiere implementar la administración Milei es la transformación del actual sistema registral de automotores, eliminando las dependencias físicas, los Registros del Automotor en sí mismos, para crear una ventanilla digital única nacional por medio de la que se podrán dar altas de unidades cero kilómetro o transferir automotores de segunda mano entre particulares.

Para concretarlo se deben cumplir dos condiciones esenciales. La primera es tener la totalidad de los expedientes de los vehículos que circulan por el territorio nacional en formato digital. La segunda es tener una plataforma digital que contemple todas las operaciones posibles y las necesidades de los órganos de control.

“Hay plataformas ya desarrolladas que se podrían comprar para poder implementar el registro automotor remoto en muy poco tiempo, pero para eso debe estar toda la información de los autos y motos que están circulando en un formato digital”, respondieron especialistas del sector a este medio.

“No tenemos la cifra exacta, pero estimamos que al menos un 30% de los expedientes siguen estando en formato puramente físico y lo tiene en su poder la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara). Desde 2017 se empezó a utilizar el 08 digital, que es sólo una precarga, pero que permite tener una base de datos algo acotada en formato digital. Eso no significa que sea una base digital y funcione como tal, pero al menos es algo ya digital que debería usarse como base”, dijeron desde fuentes del gobierno.

Eventualmente, se podría comenzar con una ventanilla digital para autos cero kilómetro como primer paso, pero no se pueden eliminar los Registros del Automotor hasta tanto no esté completamente digitalizada la documentación que hoy está en carpetas diseminadas por las dependencias de todo el país.

Hace un año, cuando este tema era uno de los que se mencionaban como una prioridad para el nuevo gobierno, el padrón de Registros del Automotor era de 1557 dependencias. Hoy, el sitio web de la DNRPA tiene 1.554 registros.

“La reforma que se debe hacer es mucho más grande de lo que parece. Después de más de 30 años de funcionar como un sistema viciado de irregularidades, el gobierno tiene que recuperar el poder que hoy está delegado en Acara para poder controlar el sistema registral automotor. Ese ordenamiento empezó con la finalización de los 2.400 contratos de empleados del Ministerio de Justicia que cobraban su sueldo a través del ente cooperador Acara, pero hay mucho trabajo por hacer”, explicaron las mismas fuentes del gobierno.

Pocas horas después, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, posteó en su perfil de la red social X, una descripción de la situación de los entes cooperadores como Acara.

El funcionario dijo que son “una de las principales cajas de la política que arrastramos desde el retorno de la democracia”. En relación a la vinculación del Ministerio de Justicia con Acara, agregó que surgió en 1987 y que “vendría a ser la nave insignia de todo un conjunto de contratos similares que proliferaron con este como modelo. En este, se recolectaban ingresos a través de los registros automotores que en vez de ir al Estado iban a Acara, la cual a su vez contrataba a los empleados públicos”.

Pero la interacción con el ente cooperador no sólo es dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, sino también en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Para estos organismos, ACARA es la que hace licitaciones de distinto tipo como compras de memorias para computadoras, cartuchos de tinta para impresoras, auriculares, artículos de librería como bolígrafos y carpetas con los logotipos del Ministerio de Justicia impresos. Pero también licitaciones de equipos de aire acondicionado o de servicio de limpieza para la Procuración del Tesoro de la Nación, la compra de garrafas de gas, o la pintura para el “Centro Cultural Conti” que funciona en la sede de la exESMA.

Más allá del poder que obtuvo ACARA a lo largo de más de 35 años, terminar la vinculación como ente cooperador no parece algo fácil de lograr, incluso cuando según la diputada Patricia Vásquez (PRO), “nació como un ente cooperador para prestar asesoramiento técnico, pero el convenio que hay entre el Ministerio de Justicia y Acara es rescindible sin ninguna penalidad para el ministerio. En cualquier momento, cuando quiera”, explicó.

Sin embargo, casi como un contrasentido y a la vez una inmejorable representación del vínculo entre el ente cooperador y la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, actualmente es Acara quien lleva adelante el proceso licitatorio para obtener uno o varios nuevos proveedores de las chapas patente y las cédulas de identificación automotor que todavía se producen en la Casa de la Moneda, y que han causado por su retraso, que todavía no se puedan entregar en tiempo y forma esos elementos registrales a los usuarios que compran un auto cero kilómetro.