En un contexto de preocupación y reclamos por lograr una mejora de la competitividad, el secretario coordinador de Producción, Juan Pazo, no llegó a la conferencia industrial con las manos vacías. Al contrario: aprovechó su participación en uno de los paneles, en reemplazo del ministro Luis Caputo, para avisarles a los industriales que esta semana estarían enviando al Congreso un proyecto de ley para impulsar las inversiones y el empleo.
“Está fresquito, eh”, avisó el funcionario, antes de contar de qué se trataba la iniciativa. En realidad, es el que originalmente iba a ser el proyecto de ley pyme, pero que con los meses se modificó y se convirtió en uno más general, que ya había sido anticipado por Infobae. “Escuchamos un montón al sector privado; no tenemos ningún preconcepto con el sector privado, todos venimos de ahí y estamos convencidos de que ustedes hacen las cosas mejor que nosotros. ¿No? No estamos acá para enseñarles qué hacer”, afirmó Pazo durante la charla con los presidentes de la UIA, Daniel Funes de Rioja; y de la Conferencia industrial, Martín Rappallini.
El proyecto se estructura en seis capítulos: inversiones productivas, exportaciones incrementales; agro; régimen laboral; fomento del empleo y otras disposiciones. Según anticipó la cartera que dirige Pazo, “apunta a fomentar inversiones productivas tanto para pequeñas, medianas y grandes empresas, potenciar las exportaciones industriales de las MiPyMEs, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral”.
“Este proyecto viene a complementarse con el RIGI y está pensado especialmente para medianas inversiones de acuerdo a las capacidades de cada uno de los segmentos de empresa (grande, mediana, pequeña y micro)”, detalló.
En el capítulo “inversiones productivas”, las medidas previstas son:
- Amortización acelerada: reducción de los plazos de amortización de bienes en el impuesto a las ganancias
- Devolución anticipada de IVA: reducción de los plazos. Se pasará de 6 a 3 meses.
Se considera inversión productiva a aquellas inversiones que superen los siguientes umbrales:
- Micro: USD 150.000
- Pequeña: USD 600.000
- Mediana Tramo I: USD 3,5 millones
- Mediana Tramo II: USD 9 millones
- Resto: USD 30 millones.
A su vez, en el capítulo “exportaciones incrementales”, las medidas son las siguientes:
- Desgravación de derechos de exportación para MiPyMEs exportadoras de bienes industriales sobre exportaciones incrementales (posiciones arancelarias a determinar).
- Nuevas empresas excluidas del beneficio
En el capítulo del “agro”, el Gobierno propone:
- Valuación de hacienda: postergación de la valuación de la hacienda al momento de la efectiva venta del ganado. Hasta tanto, se pagará IIGG sobre la valuación fiscal.
- Inversión en sistemas de riego y mallas anti granizo (amortización acelerada y devolución anticipada de IVA)
- Reducción de la alícuota de IVA a la energía para sistemas de riego agrícola (Del 27% a 10,5%)
A su vez, el “capítulo laboral”, plantea lo siguiente:
- Actualización laboral-Ley de Contrato de Trabajo: modernización del régimen incorporando muchos de los aspectos incluidos en el DNU N° 70/23
- Régimen de Trabajo Agrario: modernización del régimen y adecuación a la LCT
Según adelantó Pazo, “todo lo que estaba en el DNU 70 que se judicializó, excepto las cuestiones sindicales, estaría incluido en este proyecto de ley”. “Y me parece que tiene algunas cosas que van a ser un cambio drástico para lo que es el régimen laboral actual. Vamos a poner una tasa específica para el pago de juicios laborales de IPC más 3% anual para que no haya capacidad de interpretación o creatividad en la Justicia. Los créditos laborales también devengarán esta misma tasa. La idea es generar una tasa consistente”, enfatizó el secretario coordinador del área productiva.
Para fomentar el empleo, la iniciativa plantea:
- Empleos incrementales: bono de crédito fiscal sobre un porcentaje de las sumas abonadas en concepto de contribuciones patronales al SIPA para los nuevos empleos incrementales y por el término de 1 año.
- Bono de crédito fiscal sobre las sumas abonadas en concepto de contribuciones patronales al SIPA para la contratación de trabajadores del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal, por el término de 2 años. Se excluye del beneficio la contratación de funcionarios públicos.
“Es muy importante que ustedes nos apoyen en el Congreso. Esto tiene que ser una ley de consenso. No puede ser que todo el esfuerzo recaiga en el Estado nacional”, afirmó Pozo.
Y fue enfático al desctacar que “nos estamos rompiendo el alma para bajar impuestos nacionales y hay una creatividad infinita en algunas provincias y algunos municipios para aplicar impuestos y tasas adicionales. Vamos a invitar a las provincias a que adhieran para que también acompañen con una reducción de tributos sobre los incrementales para que no les afecte su condición fiscal actual, pero que también acompañen en el crecimiento. El rol de ustedes es fundamental.
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