El Gobierno extendió la emergencia energética y se concentra en dos ejes: quitar más subsidios y evitar los cortes de luz en verano

“Tenemos el verano próximo que según los meteorólogos va a ser muy caluroso y la falta de inversión en el sector de generación. No se puede construir una central de un día para el otro, nos tenemos que arreglar con la oferta que tenemos”, sintetizó este miércoles en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la secretaria de Energía, María Tettamanti, sobre el plan oficial para mitigar el riesgo de cortés de electricidad, en lo que fue su primera aparición pública a un mes de su llegada al cargo tras la abrupta salida de Eduardo Rodríguez Chirillo.

Las definiciones de la funcionaria en su participación durante la celebración de los 20 años del mercado electrónico de gas (Megsa) refleja el desafío más inmediato que enfrenta su gestión, luego de años de desincentivos en el sector debido a tarifas pisadas. El otro punto principal será avanzar en los futuros aumentos de luz y gas, además de una fuerte profundización en el recorte de los subsidios.

Es un fuerte contraste contra el creciente desarrollo del petróleo y gas de Vaca Muerta, donde parecerían ser todas buenas noticias. De hecho, ya comenzaron los anuncios bajo el paraguas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y se esperan que totalicen al menos USD 30.000 millones.

El presidente Javier Milei extendió este miércoles la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, a través del Decreto 1023/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma deja dos definiciones salientes para los próximos meses, bajo la premisa oficial de avanzar en el ordenamiento de precios relativos y ajuste del gasto, pero con la premisa de no poner en riesgo la desaceleración de la inflación.

El primer punto saliente de la norma es que se postergó al menos hasta principios de 2025 la revisión tarifaria integral con distribuidoras y transportistas, cuando estaba prevista para finales de este año. Allí las empresas pondrán sobre la mesa sus proyecciones de inversión para los próximos cinco años y el Gobierno deberá reconocer un sendero de subas previsible para sostener esos planes. El intento de Chirillo de encarar ese proceso durante noviembre en el sector eléctrico fue suspendido tras su salida.

El decreto también prorrogó la transición tarifaria, junto con las intervenciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y del Ente Nacional Regulador de la electricidad (ENRE). El combo implica que las subas de tarifas continuarán bajo un esquema discrecional que definirá el ministro de Economía, Luis Caputo, quien tiene como principal foco no poner en riesgo la desinflación.

“La tarifa es un precio y los precios son las señales que tienen los mercados para invertir y los consumidores para consumir. Sin esa señal, los mercados no funcionan, por eso tienen que estar y tienen que ser previsibles. Lo ideal sería llegar a una revisión tarifaria que se concrete lo antes posible y que le dé señales a estas empresas reguladas por los próximos cinco años, de cuáles van a ser los niveles tarifarios que van a tener para que se animen a invertir”, comentó Tettamanti.

La funcionaria también aclaró que su gestión buscará “continuidad” en los lineamientos de su antecesor y que su trabajo es “entender en que molesta el sector público al privado”. En las empresas ven con buenos ojos el rumbo del Gobierno y resaltan mejoras en sus balances tras los incrementos que se habilitaron desde principios de año. Un caso fue el del CEO de Enel –concesionaria de la distribuidora Edesur–, Flavio Cattaneo, quien reconoció a Milei esos logros durante el encuentro que tuvieron este martes en Río de Janeiro, en el marco del G20.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) tiene en carpeta la implementación de un plan de pagos destinado a que las distribuidoras de electricidad puedan regularizar sus deudas por la energía despachada hasta diciembre del año pasado. El monto total en cuestión asciende a casi $1,5 billones, equivalentes a unos USD 1.200 millones, considerando la cotización del dólar contado con liquidación (CCL). El esquema incluiría una licuación de ese saldo en el tiempo, para que las firmas puedan sanear más sus balances.

Tettamanti ahora debe avanzar en un ajuste de los subsidios en luz y gas. En detalle, la intención es eliminar la segmentación vigente para que solo queden dos tipos de usuarios: los que reciben subvenciones y quienes no tengan ningún tipo de asistencia. “No será de un día para el otro”, explican en despachos oficiales.

Las condiciones para acceder al beneficio continuarán signadas por la Canasta Básica Total (CBT) que publica el Indec –la línea de pobreza– aunque serían mucho más restrictivas que las actuales y, en el escenario ideal, los beneficiarios pagarían el costo pleno de la factura, pero recibirían una compensación a través de una transferencia directa a través de una cuenta bancaria o una tarjeta.

En la Argentina rige desde 2022 un sistema de segmentación que divide a los hogares en tres niveles: ingresos altos (Nivel 1), Ingresos bajos (Nivel 2) e ingresos medios (Nivel 3). Actualmente, unos 8 millones de usuarios de electricidad son N2, 3 millones son N3 y 5 millones son N1. Eso implica que 7 de cada 10 hogares reciben ayuda del Estado para afrontar sus tarifas. En lo que va de la gestión de Milei cerca de 1 millón de usuarios tuvieron que pedir la subvención para afrontar el pago de los servicios por los aumentos aplicados.

Públicamente en el Gobierno sostienen que podrán pasar el verano sin crisis, pero en off the record se muestran preocupados y apuntan por cierta imprevisión del ahora ex secretario de Energía que se sumó a los episodios que hubo con el gas durante el invierno. Hay temor por el impacto en el humor social de posibles interrupciones en el servicio en nodos críticos como el AMBA u otros centros urbanos, con usuarios que sienten cada vez más el peso de las tarifas. Por estacionalidad, el consumo en tiempos de calor hace que las boletas lleguen más abultadas.

Las medidas previstas tienen que ver, entre otras cosas, con acelerar importaciones de países vecinos, mayor remuneración a generadoras, planes de contingencia con distribuidores y cortes coordinados con grandes usuarios industriales. En el sector mantienen preocupación porque ven un déficit que será difícil de sortear en los momentos de consumo pico.

“Próximamente, ya vamos a poder anunciar algunas medidas, tratando de que esos problemas se resuelven en el mediano y largo plazo, que es mayor transporte de energía de alta tensión o mayor generación eléctrica. También que puedan empezar a haber inversiones en esos sectores y que sean los privados los que empiecen a firmar contratos y a resolver esa problemática. Desde el Estado tenemos que ir desregulando e incentivando la libre negociación entre las partes”, anticipó Tettamanti.