El Gobierno celebra la competencia entre prepagas y asegura que algunas empresas limitaron sus aumentos para no perder mercado

En el Gobierno de Javier Milei aseguran que algunas prepagas tuvieron que bajar el precio de sus cuotas para no perder mercado. Se trata de las empresas que aplicaron subas muy por encima de la inflación y que ahora buscan no quedar con grandes diferencias frente a sus competidoras.

La visión que recogió Infobae es que la estrategia de fomentar la competencia entre las firmas de medicina prepaga parece funcionar. Según relevaron desde despachos oficiales, en el último mes hubo empresas que aumentaron más que el doble que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, que arrojó 3,5% en septiembre, y otras que ni siquiera alcanzaron ese valor.

Esto hizo que las empresas que habían aumentado de más decidieran retrotraer sus precios, al ver que habían quedado desfasados con la competencia.

En algunos casos bajaron la cuota, mientras que en otros van a aplicar descuentos directos en la factura. Es decir, que algunos lo hicieron a tiempo y otros lo van a hacer directo en la factura sobre el precio de lista. Ahora, el valor de cuota ponderado será de entre un 3,5% y 4,5%, valores que se asemejan más al último índice de inflación. Galeno, por ejemplo, redujo en un 1% el aumento previsto para noviembre.

En el Gobierno festejan esto ya que creen que “el plan está funcionando”. “Se apostó por la libre competencia y, finalmente, entendieron que es el único camino. Hay que competir en precios y en servicios por los afiliados. El que no lo entiende va a quedarse sin usuarios”, aseguraron fuentes oficiales.

En las últimas semanas el Gobierno de Milei volvió a poner tensión en el vínculo con las prepagas, uno de los primeros sectores confrontados por el oficialismo ante lo que se consideró como “subas excesivas” en los precios, tras la desregulación del sector que se anunció al comienzo de la gestión.

Según publicó este medio, en el Poder Ejecutivo analizaban volver a la Justicia al igual que sucedió en marzo mientras que en paralelo trabajan en el diseño de una herramienta para que los afiliados puedan tener toda la información de cada una de las empresas a disposición para poder elegir, de manera muy fácil y, eventualmente, cambiar de prestador.

Algunas de las que más aumentaron, según las autoridades, fueron: Accord Salud (6,9%), Omint (6,3%), Sancor Salud (6,1%), Galeno (entre 6,1% y 6,9% según el plan), Hospital Italiano (5,22%), Hospital Británico (5,2%), Medicus (4,25%) y Osde (4,2%). “Estos números cayeron muy mal dentro del oficialismo”, explicaron desde el Gobierno.

“Hay prepagas que aumentaron igual o menos que la inflación y dan los mismos servicios”, agregaron, dejando entrever que los aumentos son injustificados y no responden a una lógica de costos.

Por otro lado, el Gobierno habilitó este lunes a prepagas y obras sociales a restringir la cobertura a los afiliados de planes cerrados con la Resolución 3934/2024 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada en el Boletín Oficial. A partir de esta medida, únicamente los profesionales incluidos en las cartillas podrán emitir recetas y órdenes de tratamiento.

La nueva resolución apunta a que solo médicos de la cartilla emitan recetas y órdenes para afiliados de planes cerrados. También busca reducir gastos en el sistema de salud y que los médicos que no conocen la historia clínica del paciente prescriban medicamentos. Los pacientes que deseen elegir profesionales externos deberán pagar los medicamentos sin descuento u optar por planes abiertos, de mayor costo mensual.

La novedad más importante es que se habilita a prepagas y obras sociales a restringir la cobertura que ofrece a sus afiliados de planes cerrados. Es que a partir de la resolución publicada este lunes, únicamente los profesionales incluidos en las cartillas de cada prepaga podrán emitir las recetas y órdenes de tratamiento necesarias para que los pacientes que cuentan con este tipo de cobertura accedan a subsidios o reembolsos de medicamentos y prácticas médicas. La disposición argumenta que esta limitación busca “garantizar la sostenibilidad del sistema”.