La legislatura de Mendoza trata por estas horas el proyecto de ley que contempla transferir a la Nación las acciones que tiene la provincia en la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (Impsa), líder en la fabricación de turbinas para la generación energética. En el gobierno de Javier Milei esperan un resultado favorable en la votación que implica un paso clave en el objetivo oficial de avanzar en la privatización de la compañía de mayoría estatal.
La importancia de esta sesión radica en que el Estado nacional posee el 63,72% de las acciones de Impsa, desde que en 2021 se decidió la estatización del paquete mayoritario, pero es necesario que se haga del 21,24% que tiene la provincia para poder vender su participación a algún privado interesado. Las acciones restantes se dividen entre un 9,78% de los acreedores y un 5,26% que aún está en manos de la familia Pescarmona.
En la gestión de Milei hay optimismo sobre los resultados de la sesión de este miércoles y el traspaso de los activos. El gobernador radical Alberto Cornejo fue quien presentó en la última semana el proyecto por el que se autoriza a la provincia a “transferir la totalidad de las cuatrocientos cincuenta y cuatro millones trescientas mil (454.300.000) acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de Impsa S.A.” que se obtuvieron en 2021 a cambio de USD 5 millones.
Ese paso abrirá la puerta a que la estadounidense Arc Energy presente el próximo lunes su oferta formal de capitalización de Impsa. La propuesta original, por USD 30 millones, estaba prevista para agosto pero luego hubo una solicitud de prórroga. Si las acciones pasan a manos del Estado se abre un período de 60 días y, si no hay un mejor oferente, comenzará la privatización.
Impsa es una empresa que ofrece soluciones integrales para la generación de energía a partir de recursos renovables en más de 40 países. Lleva instalados más de 50.000 MW de potencia en todo el mundo, a través de proyectos de energía hidroeléctrica, solar, eólica y nuclear. Es la única compañía en Latinoamérica con tecnología propia para equipos de generación hidráulica y con certificación ASME III para el diseño y fabricación de componentes nucleares.
En el gobierno dan dos razones centrales para avanzar en su privatización: la compañía con 720 empleados es deficitaria y tiene una deuda de USD 566 millones. La reestructuración de los compromisos será parte del trabajo que deberá encarar Arc Energy o el privado que presente una oferta superadora.
Quienes están en contra de la privatización señalan que la empresa es estratégica para la Argentina. “Mañana en la Legislatura de Mendoza intentan dar un primer paso para mal vender IMPSA, un activo clave del desarrollo industrial del país. No es casualidad que la primera privatización de este gobierno sea una empresa símbolo de la innovación tecnológica”, apuntó el ex secretario de Industria, José De Mendiguren.
Impsa comenzó con problemas en 2010 cuando se endeudó para financiar su filial de Brasil y no logró cobrar proyectos en Venezuela. Más tarde logró reestructurar sus pasivos. Actualmente entre sus acreedores se encuentran el Banco Nación de la Nación Argentina (BNA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En mayo de 2021, el gobierno de Alberto Fernández anunció la capitalización de IMPSA junto a la provincia de Mendoza en el marco de un proceso de salvataje.
Desde el gobierno de Milei estimaron que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) atraerá inversiones en sectores como el hidroeléctrico o minero que ayudarán a poner en valor a la empresa. “Desde nuestro lado, lo más importante es garantizar la continuidad de la empresa”, comentó hace dos meses el Secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía de la Nación, Juan Pazo.
“El foco es mantener las fuentes de trabajo, por eso es un proceso de capitalización. Cuando firmemos los contratos definitivos van a contar con algunas provisiones que garanticen las fuentes de trabajo. Este es el foco principal en que creo que estuvimos de acuerdo ambas partes, tanto el Gobierno nacional como el Gobierno provincial”, sostuvo el funcionario.
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