
El blanqueo de capitales generó un debate sobre la posibilidad de que las provincias establezcan impuestos adicionales sobre los fondos regularizados. De hecho, durante el primer “streaming” realizado por miembros del equipo económico de la Nación, se dieron a conocer algunos casos de contribuyentes que ya pagaron Ingresos Brutos sobre el capital declarado.
Sin embargo, Liban Kusa, abogado especializado en temas fiscales, explicó que las provincias no tienen la facultad para establecer impuestos adicionales sobre los fondos regularizados a través de la iniciativa nacional. Esta restricción se fundamenta en dos principios legales esenciales.
Primero, el impuesto al blanqueo de capitales es un tributo coparticipado a nivel nacional, lo que significa que las provincias reciben una parte de la recaudación. “Según la ley de Coparticipación, las provincias no pueden imponer gravámenes análogos a aquellos que son coparticipados, ya que esto constituiría una violación de la ley”, sostuvo Kusa.
En segundo lugar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado en múltiples ocasiones que las provincias o municipios no pueden gravar activos o bienes que estén vinculados a políticas económicas nacionales. “El blanqueo de capitales, como parte de una estrategia nacional para fomentar la inversión y formalización de la economía, está protegido bajo esta jurisprudencia” explicó el experto.

Para aquellos contribuyentes que ya han sido afectados por retenciones indebidas, como el impuesto sobre los Ingresos Brutos, Kusa sugiere que recurran a vías legales para reclamar la devolución de estos fondos. Iniciar una acción de repetición contra la provincia correspondiente es una de las opciones disponibles, argumentando la inconstitucionalidad de dichas retenciones. Aunque este proceso puede ser complejo, es una herramienta importante para proteger los derechos de los contribuyentes que han cumplido con las normativas del blanqueo.
Remonetización de la economía
Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, subrayó que el blanqueo de capitales no se limita a un fin recaudatorio, sino que busca contribuir a la refundación de la economía nacional. Según Caputo, esta política tiene el potencial de transformar la estructura económica del país, promoviendo una mayor formalización del capital, lo que a su vez podría impulsar la inversión y la creación de empleo.
El ministro señaló que el blanqueo de capitales no es solo un mecanismo fiscal, sino que tiene un impacto directo en la remonetización de la economía. Al regularizar su situación financiera, los ciudadanos contribuyen a un mayor flujo de dinero dentro del sistema económico formal. Este aumento en la liquidez permitirá a las empresas acceder a financiamiento a tasas de interés más bajas, mejorando su competitividad y fomentando la creación de empleos de mejor calidad, aseguró.
Caputo también subrayó que el blanqueo acelerará el proceso de competencia y convivencia de monedas en el país. En términos prácticos, esto se traduce en la posibilidad de utilizar dólares de manera más directa en la economía cotidiana. “Ya es posible, por ejemplo, emitir facturas en dólares o realizar pagos con tarjetas de débito en esa moneda”, puntualizó el funcionario.
Alternativas y consideraciones legales
Liban Kusa recordó que el blanqueo de capitales ofrece diversas alternativas para que los contribuyentes eviten el pago de impuestos adicionales. Una opción es dejar los fondos depositados en una cuenta regularizadora hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta estrategia no solo asegura que los fondos permanezcan exentos de impuestos, sino que también permite a los contribuyentes aprovechar el blanqueo de manera más efectiva.

Otra alternativa es invertir en activos permitidos por la ley, como acciones, títulos públicos u otras inversiones productivas. Estas inversiones no solo cumplen con los requisitos del blanqueo, sino que también ofrecen la posibilidad de generar rendimientos adicionales. Incluso los criptoactivos, que han ganado popularidad en los últimos años, pueden ser regularizados bajo ciertas condiciones. Según la normativa vigente, siempre que los criptoactivos estén depositados o administrados a través de un proveedor de servicios de activos virtuales registrado en la Comisión Nacional de Valores (CNV) al 31 de diciembre de 2023, pueden ser declarados sin inconvenientes. En caso de que los criptoactivos excedan los USD 100 mil, se deberá pagar un impuesto del 5%, que es la tasa aplicada al blanqueo en la primera etapa.
El blanqueo de capitales también se presenta como una oportunidad para regularizar bienes y activos adquiridos en períodos fiscales prescriptos. Según Kusa, aquellos contribuyentes que deseen utilizar sus fondos de manera lícita en el futuro deben considerar seriamente la posibilidad de blanquear estos activos. Aunque es posible mantener activos ocultos sin regularizarlos, esto limitará significativamente la capacidad del contribuyente para utilizarlos de manera efectiva. En este sentido, el blanqueo no solo ofrece una solución legal para regularizar estos bienes, sino que lo hace a un costo relativamente bajo.
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