La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya destinó $4.743 millones al pago de indemnizaciones por despidos y contratos suspendidos entre diciembre y mayo. Se trata de una de las dependencias que más recortes de personal hizo.
El dato surge de un pedido de acceso a la información pública de Infobae. Dicho monto se debe a 1.241 despidos. El Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares Para el Personal de la Industria (Secasfpi) informó que se cerraron más de 60 oficinas en todo el país.
Según la última modificación presupuestaria, y en base al análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la Anses cuenta con un presupuesto anual de $41 billones, de los cuales $711 mil millones se destinarán a los salarios de sus casi 12.500 empleados.
Pero la Anses no fue el único organismo que tuvo un gasto importante en indemnizaciones tanto por despidos como por suspensión de contratos.
En Trenes Argentinos (Operadora Ferroviaria S.E.), empresa que quedó sujeta a privatización con la Ley Bases, hubo 179 bajas y el monto erogado por indemnizaciones fue de $752.638.162. Le sigue Enargas con 102 despidos y $615.969.767 gastados. El cierre del Inadi, anunciado en febrero, implicó 175 despidos y un costo total en compensaciones de $139.645.196. En menor medida, en el Conicet se gastaron $69.468.232 en indemnizaciones por 101 despidos, seguido por el Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE), donde hubo 14 desvinculaciones que costaron 22.671.261 de pesos.
En el caso de Aerolíneas Argentinas, el Gobierno transfirió $58.732 millones a la empresa para cubrir gastos por despidos y retiros voluntarios. Entre diciembre y mayo abandonaron la empresa 438 empleados, según el Indec, y se prevé la baja de 500 más como mínimo en el Plan de Retiro Gratificado abierto hasta el 2 de agosto.
De todos los ministerios, el de Seguridad fue el único que efectuó despidos que implicaron indemnizaciones: hubo 241 bajas y se gastaron $320 millones.
Cabe destacar que en el Estado hay una gran cantidad de empleados con contratos temporarios, que no generan indemnización si se vencen y no se renuevan. Esto ocurrió, por ejemplo, en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), donde no se renovaron 46 contratos; en las dependencias de la Jefatura de Gabinete (363 no renovaciones), en Senasa (116), los Ministerios de Defensa (94), Justicia (73) y Salud (842); la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina -Sedronar- (30), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (172) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales -Incaa- (210), entre otros.
También, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se inició en marzo un proceso de intimación jubilatoria a 217 trabajadores.
Según el último relevamiento del Indec de la dotación de personal de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades; se desvincularon 25.218 empleados entre diciembre y mayo, reduciendo la plantilla a 316.255.
El presidente Javier Milei ya adelantó que busca recortar 50.000 trabajadores más de la nómina estatal. “El ‘afuera’ significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad y se redujo toda la estructura del Estado a la mitad. Eso no fue gratis porque echamos gente. En materia de contrato vamos a terminar echando 75.000 personas. Ya llevamos 25.000 en lo que va del año”, dijo en el Latam Economic Forum.
En esa línea, transcendió que el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, buscaría la eliminación, reforma o fusión de unos 60 organismos públicos. “Hay una intención de avanzar en ese sentido, pero no está definido ni el plan ni los organismos”, contaron a Infobae fuentes oficiales.
En el primer semestre, el Gobierno redujo 32% interanual real el gasto primario y en un contexto de caída de la recaudación por la recesión, la “motosierra” va a continuar para sostener el superávit fiscal.
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