Mini RIGI: qué beneficios tendrían las pymes con la reglamentación de la nueva ley que diseña el Gobierno

Mientras las distintas áreas del equipo económico avanzan en la reglamentación de la Ley Bases, los funcionarios del área productiva trabajan con empresarios en un nuevo proyecto de ley que les dé impulso a las inversiones de las pymes, ya que el flamante Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) está destinado a proyectos superiores a los USD 200 millones.

Algunas entidades, como la UIA o CAME, le acercaron sus respectivas propuestas al Gobierno y algunos lineamientos están avanzando para ser parte del primer borrador, que podría ser redactado la semana próxima.

Según anticiparon altas fuentes de gobierno a Infobae, de lo que no caben dudas es que “todas las medidas que integren esta ley estarán orientadas a todo lo incremental, es decir, nuevas inversiones o nuevo empleo, por ejemplo”.

El secretario de Desarrollo Productivo, Juan Pazo, y Marcos Ayerra, de la Secretaría Pyme, se lo dejaron bien en claro a los dirigentes de la UIA, con quienes se reunieron el último martes. Por ahora, no habrá medidas que contemplen costo fiscal, ya que el objetivo oficial es avanzar con pie de plomo con ese tipo de medidas impositivas para poder primero consolidar el superávit de las finanzas públicas.

Según confiaron a Infobae fuentes empresarias, por el momento las principales medidas que se están negociando con las autoridades son las siguientes:

• Rebaja de cargas patronales durante los primeros dos años para todos los nuevos trabajadores. Si bien aún no están definidos los porcentajes, habría consenso de que la reducción en la carga sea por ese plazo. “Podría ser 60% de descuento durante el primer año y 50% el segundo año, pero aún no está definido”, precisó una fuente al tanto de las discusiones.
• Exención de retenciones para todas las exportaciones que sean incrementales. Es decir que todo lo que una empresa pyme exporte de más de un año al otro no pagaría derechos de exportación.

Este tipo de medidas ya fue aplicado, por ejemplo, en el sector automotriz, como forma de incentivar el crecimiento de la industria. De hecho, venció el 31 de diciembre, pero el equipo económico volverá a instrumentarla en breve. En el caso de las pymes, si bien existe la idea en el Gobierno de que ninguna medida tenga impacto fiscal, lo cierto es que, según trascendió, el costo anual de hacerlo con las exportaciones actuales no superaría USD 50 millones, dijo una fuente oficial.

• Amortización acelerada del capital para todas las empresas nuevas. La amortización acelerada es un método que permite amortizar un bien a un ritmo mayor del que se haría ordinariamente y le permite a esa firma pagar menos impuestos durante los primeros años de vida.

Según dijeron las fuentes consultadas, estas son las principales medidas que podría contener el proyecto de ley, según lo discutido con Pazo y con Ayerra, pero luego deberán pasar por el filtro del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.

Durante el encuentro en la UIA la semana pasada, algunos dirigentes cuestionaron el hecho de que los beneficios como la amortización acelerada se piense sólo para las nuevas empresas debido a que no resultaría equitativo con las pymes ya radicadas en el país, pero en el Gobierno insisten en que por ahora la prioridad es cuidar la caja y consolidar el superávit.

Las conversaciones y el análisis de las medidas continuará en las próximas semanas con distintos representantes de los sectores pymes, no sólo industriales sino de todos los rubros, comercio, y agro, principalmente.

Hasta ahora, los mayores avances fueron con la UIA y con CAME, pero Ayerra también buscará tomar contacto con los referentes del Movimiento Nacional Pyme (Monapy), la Asociación de Emprendedores Argentinos (ASEA) y el grupo autoconvocado Pymes, Emprendedores y Productores (PEP), que preside el industrial de la carne, Gustavo Lazzari.

Tanto la UIA como la CAME le presentaron al Gobierno sus respectivas propuestas de una nueva ley pyme.

En el caso de la central fabril, la iniciativa se articula alrededor de seis ejes:

1. simplificación tributaria;
2. creación de un régimen de incentivo a las inversiones pyme industriales complementario del RIGI;
3. actualización automática de parámetros de categorización;
4. herramientas para la internacionalización de las empresas;
5. simplificación de la creación de nuevas empresas; y
6. acceso a financiamiento.

En simultáneo, desde la central que dirige Daniel Funes de Rioja también intentarán influir en la reglamentación del RIGI para que quede detallado de forma más explícita cómo se compone el 20% de contratación nacional que, según la ley sancionada, debe tener cualquiera de estos ambiciosos proyectos.

El interés de la UIA es que se fije un porcentaje determinado para la adquisición de bienes de capital locales, ya que con la obra civil ya podría cubrirse ese mínimo, y por tanto sería muy limitado su efecto.