Cuál es el impacto fiscal de la ley de jubilaciones que se aprobó en Diputados

El proyecto de ley para recomponer jubilaciones que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados podría complicar alcanzar el superávit, dado que tiene un costo fiscal del 0,4% del PBI.

El nueva mecanismo de actualización de haberes jubilatorios incluye un ajuste mensual en base al último dato disponible del Indice de Precios al Consumidor (IPC). Además, incluye una compensación extra -o “empalme”- del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% de recomposición en abril que no cubre el 20,6% de inflación de enero, mes que quedó fuera de la actualización con la nueva fórmula.

Asimismo, se estableció que el haber mínimo sea el equivalente al 1.09 del valor de la Canasta Básica Total de un adulto. A su vez, se incluyó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. De este modo, el IPC, que viene presentando una sostenida desaceleración, no se convertirá en un un techo para los haberes.

En conjunto, esto tiene un costo fiscal de un 0,4% del PBI. En este marco, el presidente Javier Milei aseguró que, en caso de aprobarse en el Senado, vetará la ley: “NO ENTREGARÉ EL DÉFICIT CERO. Una parte del Congreso muestra una vocación sistemática por destruir el equilibrio fiscal, lo cual conlleva a la pérdida de valor de los bonos y con ello suba el riesgo país y la tasa de interés. Si cedemos a los delirios políticos volverá la inflación y continuaremos por el camino de la decadencia que iniciamos hace un siglo, lo cual nos ha empobrecido brutalmente. Si nos mantenemos en la senda que hemos trazado, los palos en la rueda de la política hará más lenta no sólo la caída de la inflación sino que a su vez quitará fuerza a la recuperación, pero de ningún modo nos empujarán a cambiar nuestra dirección. Lo que la vieja política propone lleva un siglo fracasando y es lo que hemos venido a cambiar. Y lo vamos a cambiar, hoy o desde el 11 de diciembre de 2025″.

El economista Gabriel Caamaño afirmó que la aprobación de dicha ley “propicia una reversión más rápida de uno de los factores que permitió el ajuste que es la baja en terminos reales de las jubilaciones. Pero damos por descontado que no va ser promulgada. En caso de serlo debería ser compensado con mas esfuerzo por el lado de las quitas de subsidios económicos, regímenes especiales y subas de impuestos”.

Esto tendría un impacto en la inflación, la cual de por sí “ya viene reacelerando por una multiplicidad de factores. Entre ellos, un suba más acelerada del tipo de cambio de exportación (por suba CCL), suba de precios internacionales de commodities cuyos derivados pesan mucho en canasta de consumo como el trigo, encarecimiento de combustibles y ahora se van a sumar los aumentos de tarifas”.

El diputado Martín Tetaz dijo a Infobae, sin embargo, que el gobierno tiene los recursos necesarios gracias a la reimposición del impuesto al tabaco (a instancias de la oposición) y de la reinstauración de Ganancias.

Al respecto, Caamaño dijo que Ganancias se va usar en parte para pagar la deuda con Cammesa y que el segundo semestre siempre es más complicado con el déficit que el primero por aumentos de sueldos, estacionalidad de los ingresos de derechos de exportación, cuentas que se acumulan en el primer semestre y se pagan en el segundo, actualizaciones de sueldos y precios que se precipitan más, entre otros.

Por su parte, el economista Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), sostuvo: “Es una cuestión muy compleja. Por un lado el proyecto busca recomponer parte de la pérdida real de ingresos de los jubilados, que vienen perdiendo desde al año 2018. Esto tiene, lógicamente, un costo fiscal adicional al del sendero establecido por el gobierno con los últimos cambios”.

En perspectiva, el especialista precisó que los haberes reales cayeron significativamente en los primeros meses del año. Al acumular los cuatro primeros meses, el jubilado con la mínima habría perdido un 24,5% de su poder adquisitivo de igual periodo de 2023. Mientras, el jubilado que no cobra la mínima, habría perdido un 37,5% real de su haber respecto a 2023. Si bien el poder adquisitivo de abril es mayor que el de marzo, siguió siendo menor al de abril de 2023, aunque con menor diferencia que en los primeros tres meses del año. Esto es lo que explica que al sumar abril, la pérdida acumulada en los primeros cuatro meses del año sea menor a la acumulada durante los primeros 3 meses.

“Dado el cambio que hizo el gobierno y la baja de la inflación, el ingreso real de los jubilados tocó piso en febrero. A partir de ahí viene mejorando levemente. Seguramente el gobierno va a plantear esta situación, dentro del contexto en el que considera que la eliminación del déficit fiscal es clave para bajar la inflación”, dijo Argañaraz.

“Lo ideal sería que el Congreso, al aprobar un set de medidas que implican un aumento de nivel del gasto público, en este caso del orden del 0,4% del PBI según lo manifestado por legisladores, simultáneamente sancione las leyes necesarias para garantizar un impacto fiscal neutro o un financiamiento extra que evite un desequilibrio fiscal en el margen. De esa manera, el Congreso modifica las leyes necesarias que garanticen un impacto fiscal neutro sobre el ejercicio que se trate”, agregó.

Según explicó Jeremías Rucci, Project Manager de la Fundación Internacional Bases, el costo de la decisión del Congreso llega a “casi 0,5% del PBI”, motivo por el cual “está apuntando directamente a golpear el superávit fiscal, que es el eje central del gobierno”.

“El problema es que el proyecto no presenta ninguna alternativa de dónde saldrán los recursos, contradiciendo el mensaje claro del presidente, de que “no hay plata”. Y en un contexto de dificultades para aprobar la ley bases en el Senado, y una presión del mercado por liberalizar los tipos de cambio, permitir el avance de un proyecto de estas características compromete toda la confianza que el Gobierno logró construir hasta el momento”, agregó.

En cuanto a la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones causado por la inflación, Rucci estimó que entre “diciembre 2019 y diciembre 2023 fue del 32%. La recomposición de un proyecto de estas características sería pan para hoy y hambre para mañana, porque desordenaría todo el equilibrio fiscal”.