La jueza estadounidense Loretta Preska ordenó indagar si existe la figura de “alter ego” entre el Estado argentino e YPF y el Banco Central. Por pedido de Burford Capital, exigió pruebas al país para determinar, o no, si son lo mismo, si representan los mismos intereses y si tomaron y toman decisiones de manera alineada.
Así lo decidió hoy luego de una audiencia en su corte del segundo distrito de Manhattan, donde hace ocho años lleva adelante la causa que se generó luego de la expropiación de YPF, en 2012, y donde ya emitió un falló que condenó a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones, del que Burford es el principal beneficiario.
En la audiencia de hoy las partes presentaron argumentos a favor y en contra de obligar al país a presentar información sobre si ciertas entidades administradas por el Estado son “alter ego” del país. En esa lista estaban YPF, Aerolíneas, BCRA, Arsat, Banco Nación y otras.
Finalmente, hoy Preska dijo que la petrolera de bandera –el Estado es dueña del 51% del paquete accionario– y el Banco Central podrían encuadrarse bajo esa figura y ordenó que Argentina presente información de los últimos 2 años para probar su relación con el Estado.
El objetivo detrás del pedido de Burford es embargar activos locales ante la idea de que el Estado no pagará la sentencia que tiene a favor.
Ahora, la jueza dejó de lado a las demás empresas y organismos, pero indagará sobre YPF y el Central. Y, eventualmente, podría autorizar embargos sobre los bienes de ambos: acciones en Wall Street, inversiones en el exterior, bonos y otros activos.
Mientras se cursan estos pedidos y audiencias en el tribunal del Preska, Argentina apeló el fallo condenatorio en primera instancia y espera la decisión de fondo de la Cámara de Apelaciones. Ese nuevo fallo podría tardar al menos un año.
“La jueza dice que tiene suficiente información para sospechar que YPF y el BCRA son alter ego y obliga a presentar datos al respecto que el demandante viene pidiendo desde marzo, y que el país no venía cumpliendo. Sólo con respecto a esos dos organismos. Por ejemplo, si Cristina Kirchner viajaba a Calafate con el avión de la empresa, si el Gobierno habla con la compañía antes de que suban los combustibles, o si para definir el bono con el que Caputo le va a pagar a las empresas la deuda de Cammesa se discutió entre en ministro y el presidente de YPF. Todo eso es lo que piden”, detalló Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors.
“Por el momento YPF sigue fuera del caso, por lo menos hasta que se dirima la apelación, pero con esto Burford encontró una ‘puerta trasera’ para exigir los activos de la empresa. Por eso quiere probar que hay ‘alter ego’ y eso es lo que buscan con esta información requerida. Creo que es fácil probar que YPF es ‘alter ego’ del Estado, quizás no tanto con el BCRA. En los últimos dos años, como se pide, YPF y el Estado fueron lo mismo y es obvio: subas de combustible, el avión, presupuestos de publicidad que terminó yendo a la política, etc.”, agregó el especialista en diálogo con Infobae.
Lo que vendrá
Burford busca negociar con Argentina, y el país por el momento no dio señales de querer hacerlo. Salvo una declaración del presidente Javier Milei, quien habló hace unos meses de “voluntad de pago”, no hubo más novedades al respecto.
La semana pasada, Infobae detalló que un banquero argentino, con mucha experiencia en Wall Street fue contratado por Burford para hacer lobby a su favor. Se trata de Gerardo “Gerry” Mato, el ex Chairman de Global Banking de HSBC que tiene más de 25 años de experiencia en los mercados financieros globales, con base en EEUU. Ahora es CEO de la consultora BluePearl Capital, donde es socio de otros dos ex banqueros argentinos. Todos estarán en Buenos Aires los primeros días de junio: tienen agenda completa y a todo nivel.
No sólo eso, el bufete inglés también contrató a otras empresas locales para tratar de entender qué hará Milei, con su caso y con la economía en general. Espera negociar para cobrar, al menos una parte, de la sentencia que tiene a su favor: la más grande de la historia contra un estado soberano en una corte de Estados Unidos.
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