El Gobierno trabaja en una quita de subsidios focalizada por las demoras en la Canasta Básica Energética

El Gobierno recalcula el ritmo del fuerte ajuste inicial para sostener la baja de la inflación. Es en ese marco que la puesta en marcha de la quita de subsidios a la luz y el gas, a partir de la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE), puede demorarse hasta julio según indicaron a Infobae fuentes oficiales que siguen de cerca el tema.

La Secretaría de Energía a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo ahora trabaja en un esquema de “subsidios focalizados” que es, en definitiva, una quita “más progresiva” de las subvenciones que la prevista originalmente. Si bien recién comenzó el análisis de cómo llevarlo adelante, eso implicará nuevos aumentos en las tarifas de energía, sobre todo para algunos sectores de clase media.

Fundamentalmente, la mira está puesta en los casi 7 de cada 10 usuarios que corresponden a segmentos de ingresos medios y bajos, los cuales pagan menos del 5% del costo de la energía eléctrica y en torno al 20% en el caso del gas.

La hoja de ruta del ministro de Economía, Luis Caputo, preveía un recorte de 0,5 puntos del PBI este año en el gasto de asistencia a tarifas, a los que se sumarían otros 0,2 puntos del PBI por transporte y otros 0,5 puntos por impuestos a los combustibles. La fuerte caída del poder adquisitivo, del consumo y la actividad los aumentos que debían llegar en mayo en esos tres servicios públicos.

En el caso de las boletas de energía, estas se componen de cuatro ítems: costo de generación, transporte, distribución y, sobre eso, se aplican los impuestos (nacionales, provinciales y municipales). El Gobierno cubre con subsidios la diferencia entre el precio de generar electricidad y producir gas y lo que pagan los diferentes usuarios.

Actualmente existe un esquema de subvenciones que divide a los usuarios residenciales en 3 segmentos: Nivel 1 (ingresos altos), Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (Ingresos medios).

Con los costos programados para el período de verano los N1 al igual que comercios, industrias y algunos edificios públicos, pagaban el costo pleno de la energía producida. A eso se sumó, de manera generalizada, los aumentos en transporte y distribución para recomponer los ingresos de las compañías tras el congelamiento durante la gestión de Alberto Fernández.

En las últimas horas Economía tomó dos definiciones claves en este sentido: suspendió las actualizaciones mensuales por inflación en las boletas que debían comenzar este mes, con la que se buscaba sostener el ingreso de transportistas y distribuidoras, y no publicó los nuevos costos de generación eléctrica, que suelen ser mayores en el período de invierno que comienza en mayo. De continuar así el Tesoro deberá hacerse cargo de mayores subsidios.

Si bien la visión oficial es que el superávit fiscal del primer trimestre dejó margen para patear nuevos aumentos, la intención es no sumar demasiada presión al gasto. De todos modos, esperan morigerar el efecto del ajuste sobre la inflación y los bolsillos de la clase media.

La aspiración de Chirillo era resolver el frente de los subsidios con una quita total para que todos los usuarios paguen el “costo real” de sus servicios y la implementación de la CBE, que contemplaría las necesidades básicas de consumo de electricidad y de gas de los hogares, para cada mes del año, según su ubicación geográfica. Si el costo de esa cesta superaba un determinado porcentaje del ingreso de un hogar, el Estado subsidiaría la diferencia a través de una transferencia directa a una cuenta bancaria o en la boleta.

Primero iba a aplicarse en abril, luego en mayo, después en junio y ahora no hay una fecha definida. Según pudo reconstruir este medio de fuentes oficiales y del sector energético, la demora tiene que ver con la dificultad del entrecruzamiento de datos que necesitan para determinar qué hogares continuarán con la asistencia en sus boletas. En encontrar la sintonía adecuada trabajan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, Caputo y Chirillo. La triada mantiene contacto todas las semanas para calibrar la hoja de ruta.

Los aumentos que aplicó el Gobierno de Javier Milei sobre los servicios de electricidad y gas en sus primeros cuatro meses de mandato sólo son comparables con los que a Mauricio Macri le llevó más de 3 años. “Tarifazo”, fue una de las consignas más repetidas por la oposición peronista entre 2016 y 2019 antes de ser oficialismo.

Sin embargo, “el ajuste más grande de la historia de la humanidad” que agita el Presidente cada vez que puede se encontró con el mismo límite que en aquella oportunidad: la tolerancia de una clase media con ingresos por el piso y un empeoramiento del contexto social.

Un informe de Fundación Capital detalló que los aumentos promedios de residenciales en luz (146%), gas (427%), agua (209%) y colectivos (410%) se dieron en un período en el que la inflación fue del 112% y los salarios crecieron solo 96 por ciento. Eso implicó que se duplica el peso de los servicios públicos en los ingresos de las familias a niveles que no se veían desde 2019 tras el ajuste del macrismo.

“El peso del gasto en servicios públicos en el AMBA (promedio ponderado) sobre el ingreso promedio de los asalariados registrados (Ripte) se ha más que duplicado en los últimos cinco meses, pasando de un 4,6% en diciembre a un 10,8% en la actualidad. Vale mencionar, que si bien el peso de estos servicios se incrementó de forma generalizada, en los hogares de menor poder adquisitivo el impacto fue superior”, comentaron.