La Federación de Camioneros que dirige Hugo Moyano se declaró en “estado de alerta y movilización” ante la decisión de YPF de desprenderse de 55 campos maduros en todo el país. El gremio advirtió que eso implicará la suspensión y posible despido de 2.000 trabajadores afiliados, por lo que amenazaron con paros en las destilerías de la petrolera estatal y movilizaciones en Añelo, Neuquén, en el centro de la explotación de Vaca Muerta.
Desde la empresa indicaron a Infobae que sus empleados pertenecen al sindicato de petroleros y que esos 2.000 puestos de trabajo de camioneros tienen que ver con firmas contratistas. “No va a haber ningún telegrama de despido para ningún trabajador de ningún yacimiento. Moyano quiere posicionarse y ganar protagonismo en la discusión”, apuntaron.
En ese marco, Camioneros publicó una carta firmada por Moyano en la que manifiestan su rechazo al plan de la compañía. “Se dirige a ustedes a fin de expresar su más enérgico rechazo y profunda preocupación ante la maniobra que se está pretendiendo llevar a cabo a partir del mes de abril, la cual dejará sin empleo a 2.000 trabajadores camioneros en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, Tierra del Fuego, Salta, La Pampa, Formosa y Río Negro”, comienza el texto.

La queja hace referencia al plan que inició la gestión del presidente de YPF, Horacio Marín, para desprenderse de 55 áreas de petróleo convencional distribuidas en todo el país como parte de su estrategia de centrarse en la explotación no convencional, principalmente en Vaca Muerta. Con eso esperan aumentar la rentabilidad de la empresa y cuadruplicar su valor en los próximos cuatro años, según el plan “4x4″ que lanzó la nueva administración. De hecho, la desinversión fue aprobada por el Directorio a principios de marzo.
Según Camioneros, con eso se pretende “la suspensión de los trabajadores por un período de cuatro meses, abonando solo una parte de sus salarios. Sin embargo, esta medida parece ser una artimaña para eliminar estos puestos de trabajo bajo la excusa de vender dichas áreas a otras empresas explotadoras de petróleo”.
“Es importante destacar que la suspensión propuesta, que se pretende prorrogar indefinidamente, dejaría desamparados a los trabajadores y, además, perjudicaría a los habitantes de las provincias mencionadas dejando sin resarcir el pasivo ambiental. Este accionar muestra una clara maniobra para pasar por encima de la ley e ir privatizando la empresa paulatinamente, a través de la venta de estas áreas petroleras que aún se encuentran en condiciones de seguir siendo explotadas”, afirmó el secretario general de Camioneros.
La carta rechaza “categóricamente” la medida, al tiempo que declara el estado de alerta y movilización. “Tomaremos todas las medidas gremiales correspondientes a nivel nacional, incluyendo acciones en la provincia de Neuquén y en todas las destilerías del país pertenecientes a YPF”, amenazó Moyano.

“Si esta decisión no es revertida de manera inmediata, nos veremos en la necesidad de movilizarnos a las oficinas centrales de la empresa y a la ciudad de Añelo en defensa de los puestos de trabajo de nuestros afiliados”, agregó.
“Esperamos que esta situación pueda ser abordada con la seriedad y la responsabilidad que amerita, en pos de encontrar una solución que resguarde los derechos de los trabajadores y el bienestar de las comunidades afectadas”, concluyó la misiva.
El gobierno enfrenta así una nueva ofensiva de la “casta gremial” que, a la vez, podría representar una oportunidad para exponerla y limitar su poder de fuego en un contexto de una sociedad dispuesta a acompañar cambios en el status quo. Ante la consulta de este medio, desde la conducción de YPF respondieron: “Conversamos y cerramos acuerdos con los gremios petroleros, fundamentalmente. No tenemos nada que negociar con Moyano. Está buscando protagonismo y sentarse en la mesa de discusión”.
“Ya dejamos muy en claro que no va a haber un solo telegrama de despido para ningún trabajador de ningún yacimiento, los cuales se van a mantener y no van a quedar operativos. Al contrario, porque el próximo operador que venga necesita que la producción se mantenga. Nadie va a querer agarrar un pozo paralizado. Es una movida política”, apuntaron.
“Esos 2.000 trabajadores de los que habla Camioneros son de empresas contratistas, de logística, pero no son empleados de YPF”, afirmaron en la empresa estatal.
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