La Secretaría de Finanzas alcanzó una aceptación del 77% sobre el total de vencimientos de los títulos que vencían en 2024 y de esta manera se despejaron $ 42,6 billones. El volumen total involucrado se encontraba mayormente concentrado en manos de organismos estatales, principalmente el Banco Central, la ANSES y también bancos públicos.
Sin embargo, desde el Ministerio de Economía aclararon en un comunicado que el sector privado aportó aproximadamente el 17,5% de sus tenencias, mientras que el sector público lo hizo casi por su totalidad. De esa manera, se estiró la vida promedio del perfil de vencimientos desde 0,4 a 3 años, lo que redujo la carga financiera implicando un ahorro de intereses $ 555.000 millones, equivalente a 0,1% del PIB.
La operación que inició ayer el Ministerio de Economía de la deuda en pesos apuntó a postergar el grueso de los pagos de vencimientos que caen este año hasta fines de 2025 y también a 2026 y 2027, con lo que el objetivo central es, precisamente, hacer más liviana la hoja de ruta financiera de este año. Con la menor carga de intereses de deuda, se aligera aunque sea marginalmente el peso del ajuste fiscal por el lado del gasto necesario para llegar al déficit cero. Mejor dicho, sostener el superávit financiero como ocurrió en enero y como algunos analistas pronostican también ocurrirá con los datos de febrero cuando se conozcan en apenas 10 días.
La canasta de de nuevos títulos ofrecidos en el canje estuvo compuesta por cuatro bonos atados a la inflación con vencimientos al 15 de diciembre de 2025, 15 de diciembre de 2026 (estos dos representan el 30% cada uno de la canasta total), 15 de diciembre de 2027 (25% de los nuevos bonos emitidos) y al 30 de junio de 2028 (15 por ciento).
Por otra parte, la información oficial confirmó que era alta la tenencia del sector público, superando incluso 65% del total de los vencimientos. Al mismo tiempo, entre los privados, la mayor tenencia se concentraba en los bancos los cuales, ante la falta de oferta del seguro de liquidez (puts) y los límites a la exposición al sector público, participaron en una baja proporción. No eran, de todos modos, el foco principal de la estrategia del secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
El canje tuvo un timing bien preciso ya que en abril comenzaban a aparecer en el horizonte “torres” de vencimientos muy altas, de 11,7 billones de pesos en un solo mes, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Los números iniciales del plan fiscal del ministro Caputo incluyen un ajuste fiscal que implicaba un superávit primario (es decir la cuenta de ingresos y gastos corrientes y de capital) de 2,2% del PBI con el cual pagar -en esa misma proporción- intereses de deuda. De esa forma, el sector público quedaría con equilibrio financiero en el primer año de mandato. Una operación de canje de deuda que aplace vencimientos más allá de 2025 bajaría la carga de intereses a pagar y por lo tanto, el superávit primario necesario para conseguir el déficit cero podría ser menor.
El propio Fondo Monetario dio el visto bueno a esta operación, que a diferencia de los canjes realizados por el antecesor de Caputo en el cargo, Sergo Massa, apunta postergar los pagos para cerrar el rojo fiscal sin emisión monetaria, en vez de liberar espacio a las bancos para obtener más financiamiento indirecto a través, precisamente, de la emisión del Banco Central como ocurrió hasta el año pasado.
“De acuerdo con el programa fiscal, el Gobierno no buscará ninguna forma de financiamiento neto de mercado, sino que se concentrará en mejorar el perfil de vencimiento de la deuda interna. Reconstruir las relaciones con los mercados de capital internacionales también es una máxima prioridad”, anticipó el FMI en uno de sus comunicados tras el fin de la revisión técnica que tuvo lugar en Buenos Aires en enero.
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