El Gobierno comenzó a transitar el año que en el que buscará el déficit cero con un ajuste del gasto de casi 40% en el primer mes del año, con un freno marcado en partidas presupuestarias como la obra pública, que cayó un 70% en comparación con el mismo mes del año pasado. El camino hacia el equilibrio fiscal le exigirá al Ministerio de Economía, según acordó con el FMI, un superávit primario en los primeros tres meses del 2024 de casi 1 billón de pesos.
Los números que recopiló la consultora Analytica y a los que Infobae tuvo acceso muestran una desaceleración pronunciada del gasto público en enero, según el monitor fiscal que realiza todos los meses esa consultora. Uno de los lineamientos centrales del plan económico del gobierno de Javier Milei es el de propiciar una ajuste fiscal inmediato y de grandes proporciones para otorgarle al sector público un equilibrio financiero -es decir, un superávit primario para cubrir los intereses de deuda- superior a los 5 puntos del PBI.
De acuerdo a los datos de Analytica en base a información oficial, la poda en términos reales en el primer mes del año fue de 37%, superior a lo que había marcado diciembre, cuando había sido de 31 por ciento. Para el gasto primario en particular expresado en pesos a valor constante si en enero de 2023 el sector público nacional gastó 4,5 billones de pesos, el mes pasado lo hizo por 2,8 billones, lo que implicaría ese ajuste de 37 por ciento.
Analizado por sectores, la consultora midió que el recorte más marcado -al menos en términos porcentuales, no en la magnitud de montos- lo tuvo la obra pública, con un 70,5% de caída en términos reales y pasó de unos $100.000 millones a una suma menor, pero sin llegar al freno completo de giro de fondos a ese área.
Los proyectos de obra pública son uno de los sectores en lo que Luis Caputo buscará concentrar el ajuste del gasto para cimentar el camino hacia el déficit cero. Según su hoja de ruta original, el recorte de estas partidas equivaldría al 0,7% del PBI, aunque a la luz del retiro del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus y las subas de impuestos que eso suponía, la poda podría ser incluso mayor.
Le siguió, en ese ránking de partidas recortadas, las transferencias a provincias, con casi 60% de caída. Otros informes ya habían dado cuenta de ese fenómeno: según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), las transferencias discrecionales a los gobernadores cayeron más de 60% en términos devengados y 98% en base caja, es decir lo efectivamente pagado.
Esa es una diferenciación que es importante hacer: el informe de Analytica toma en consideración el gasto devengado, es decir las órdenes o promesas de pago que pudo haber emitido el sector público a lo largo de enero. Eso no implica que los fondos hayan sido efectivamente pagados, lo que implica que el resultado de base caja -el que informa la Secretaría de Hacienda y que toma en consideración el Fondo Monetario- pueda mostrar un ajuste incluso mayor.
Continuando con el ránking de la poda fiscal, Bienes y Servicios cayó 50,2% en comparación con enero de 2024, con un monto mucho mayor Jubilaciones, pensiones y PAMI (-43,2%, desde 2,6 billones a 1,5 billones de pesos) y los programas sociales casi 41 por ciento. Los subsidios, con cifras muy menores, tuvieron una suba de 163% entre enero de 2023 y enero de 2024.
Según el monitor de Anayltica, en diciembre, el primer mes de gestión del gobierno libertario, el gasto real devengado sin estacionalidad había disminuido un 31% respecto de noviembre, y 33,8% en términos interanuales. En ese mes el gasto primario fue 50% menor respecto al primer mes de la gestión de Mauricio Macri y 22% respecto a la de Alberto Fernández, siempre en términos reales.
El Gobierno necesitará cumplir, en ese camino que terminaría a fin de año con un superávit primario de 2% del PBI y un equilibrio financiero, tres objetivos intermedios trimestrales que quedaron planteados en el acuerdo renovado con el Fondo Monetario Internacional.
La secuencia del ajuste fiscal implicaría, para el Gobierno, que al finalizar el primer trimestre a fines de marzo el sector público ya debería tener un superávit de casi 1 billón de pesos. A mitad de año tendría que ser de casi 2 billones de pesos y en septiembre, el último mes alcanzado por las revisiones técnicas del FMI, el superávit debería superar 2,8 billones de pesos.
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