Continuando con su operativo antievasión, por el cual la semana pasada intimó en Pinamar a los titulares de 17 edificios y 215 casas de lujo ubicadas en terrenos declarados como baldíos y la semana previa, en un operativo similar en Mar del Plata, había detectado más de 120.000 metros cuadrados de construcción in declarar, pertenecientes a 57 edificios en altura y más de 200 casas de urbanizaciones cerradas, en los últimos días la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) retuvo 8 vehículos náuticos en guarderías y amarres del Consorcio Parque Náutico de San Fernando a causa de deudas fiscales por un total de $15 millones del “impuesto a las embarcaciones deportivas o de recreación”.
Fue el primer operativo de retención y secuestro de embarcaciones del gobierno bonaerense, tras la reglamentación del procedimiento que habilita a retener un total de 1.333 yates, lanchas, motos acuáticas y veleros a motor pertenecientes a contribuyentes que registran más de $ 2.000 millones de deuda en concepto del mencionado tributo.
El propio titular de la agencia fiscal provincial, Cristian Girard, que encabezó el procedimiento, explicó a la agencia oficial Télam: “es la primera vez que se aplica la competencia que tiene ARBA para proceder al secuestro de embarcaciones deportivas, en caso de que se cumplan ciertos requisitos”. Estos son que la valuación fiscal sea de $8.750.000 o más, que el o la titular adeude el 30% de las cuotas vencidas y que esa deuda supere los 875.000 pesos.
Girard explicó que se trata de deudas de un millón de pesos para arriba en embarcaciones con una valuación fiscal de $9 millones o mes. En el amarradero fiscalizado en San Fernando, precisó, había 12 embarcaciones que deben $ 20 millones, de las cuales se retuvieron ocho. Los titulares de las 4 embarcaciones restantes habían fallecido o los barcos no estaban en el lugar.
Plazos para pagar
Girard explicó que el procedimiento concede a quienes se encuentran en falta 24 horas para que paguen. “Se retiene la embarcación y ellos deben cancelar el 50% de la deuda y comprometerse a pagar el otro 50%. Con eso, liberamos el barco. Si eso no ocurre, a las 36 horas procedemos al secuestro, notificamos al juez y éste a Prefectura para impedir la navegación”, precisó el sabueso fiscal de la provincia. “Si en los 10 días posteriores al secuestro no se abona la deuda -completó- se inicia juicio y embargo de cuenta al propietario”.
Vencidos esos plazos se inicia el secuestro y judicialización de la deuda. La retención temporal impide la circulación y uso del bien en cuestión.
“El criterio de fiscalización tiene que ver con cómo entendemos la recaudación en la provincia por la visión que nos da el gobernador Axel Kicillof: buscar los recursos de manera progresiva”, explicó Girard. “Las leyes establecen que deben pagarse un impuesto por estas embarcaciones y nosotros tenemos que fiscalizar para que se pongan al día.
La actual es una fase avanzada de una ofensiva fiscal de registración iniciada el año pasado, cuando la agencia detectó en amarraderos de la zona norte bonaerense embarcaciones que no estaban inscriptas y por consiguiente no pagaban impuesto y logró 400 “altas”, incluidos yates de alta valuación fiscal por los cuales sus titulares ahora tributan el impuesto a las embarcaciones deportivas o de recreación.
Próxima estación, Nordelta
Ahora, en cambio, está abierta la posibilidad de secuestro de las embarcaciones. ARBA informó además que el operativo que tuvo lugar en la semana que pasó en San Fernando continuará esta semana en amarraderos de Nordelta. “La resolución normativa 19/23 de ARBA determina que el organismo ejercerá las facultades de retención y secuestro que le confiere el Código Fiscal”, dijo la agencia fiscal bonaerense.
La posibilidad de retención y secuestro, según la normativo, alcanza a aquellas embarcaciones no registradas y en casos en que además se verifiquen las siguientes condiciones: “de encuentren amarradas, fondeadas o guardadas durante un período de seis meses o más en jurisdicción bonaerense; y que ARBA haya notificado previamente a su titular, comunicándole la falta de inscripción en el tributo”.
De hecho, en enero de 2023 ARBA había iniciado juicios de apremio” por evasión de más de $217 millones de entonces (más de $650 millones de hoy) sobre la propiedad de casi 1.000 embarcaciones de lujo no declaradas, a partir de operativos conjuntos con la AFIP en amarraderos náuticos de San Fernando, San Isidro y Nordelta, en Tigre.
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