Déficit: el Gobierno bajó a la mitad la deuda por pagos atrasados pero no llegó a cumplir la meta con el FMI

En las últimas tres semanas del año el Ministerio de Economía redujo a la mitad el monto de deuda flotante, es decir pagos atrasados del sector público generados durante el gobierno anterior, desde un pico de 3 billones hasta 1,5 billones sobre el cierre del año, aunque no llegó a cumplir la meta exigida por el Fondo Monetario Internacional. Por esa aceleración de pagos, el resultado fiscal del 2023 terminó por ser más deficitario de lo que esperaba el mercado.

Los últimos datos de la Tesorería General de la Nación, que publica de manera mensual los números de deuda flotante del Estado nacional, marcan que al terminar el año pasado esos pasivos fueron de 1,5 billones de pesos. Según el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo, al momento del cambio de gobierno ese monto era el doble.

Para algunos analistas, el recurso del manejo de la deuda flotante es considerado como una manera de “financiamiento indirecto”. Esto sucede porque el ritmo de pagos que realiza efectivamente el Estado le da margen para que su balance de “base caja”, el método contable que toma en consideración el FMI, le dé con números suficientes. Dicho de otra forma: el Estado puede emitir órdenes de pago (que en suma muestran el resultado devengado) que no necesariamente son pagadas de inmediato, sino que suelen tener demoras de incluso varios meses.

Pero en aras de la última foto del año en términos fiscales, los gobiernos suelen utilizar a la deuda flotante como un instrumento de financiamiento para mostrar un déficit más bajo. Eso sucede porque el déficit primario expresa el resultado fiscal efectivamente pagado. De esa forma, una reducción rápida de la deuda flotante implica un resultado fiscal primario más deficitario.

En definitiva, la Secretaría de Hacienda aseguró la semana pasada que el 2023 terminó con un déficit primario de 2,9% del PBI, algo más alto de lo que esperaban las estimaciones privadas, que iban desde 2,5% al 2,7% del Producto Bruto. Al excluir ingresos extra por la licitación del espectro 5G, el resultado sería de 2,7% del PBI.

Los números finos muestran que en diciembre creció un 1.000% el gasto en subsidios a la energía, lo que podría responder, según fuentes del mercado, a pagos atrasados a Cammesa y Enarsa. Ese salto tan pronunciado en los pagos realizados a ese sector empeoró la foto final del déficit primario. “Como era de esperar después de varios meses de pagos prácticamente congelados, el gasto en subsidios aumentó 95% anual real en diciembre (Energía (270% a/a real)). Explicó 14% del aumento de las erogaciones”, planteó la consultora LCG.

Con todo, la cifra final de deuda flotante fue de 1,5 billones de pesos y si bien se acercó a la meta de fin de año planteada en el programa con el Fondo Monetario, ese objetivo fue formalmente incumplido. En su esquema de objetivos que rigió hasta la séptima revisión, el tope de pagos atrasados permitidos para el sector público era de 1,36 billones de pesos. Para el 2024 el techo de deuda flotante será mucho más elevado: 5,2 billones de pesos.

El resultado financiero, que es el que incluye los intereses de la deuda pública, fue para el Ministerio de Economía equivalente a 6,1% del PBI, por un incremento de más de 13 veces el monto de intereses pagados ($243.000 millones en diciembre de 2022 contra 3,3 billones en 2023). De todas formas, es un número que es disputado entre economistas.

LCG asegura que ese número está influido por operaciones que hizo el Ministerio de Economía para rescatar títulos públicos que estaban en poder del Banco Central. “Esto se obedeció fundamentalmente a los efectos de contabilizar la recompra de bonos de deuda del Tesoro que cotizaban sobre la par”, consideró LCG.

“Aun acumulando gastos extra en diciembre, el déficit primario alcanzó a 2,7% del PIB en tanto el déficit financiero habría cerrado en 4,3% del PIB. En rigor hubo un error en la cuenta de intereses incluida en el comunicado de prensa, ya que se incluyó como intereses de diciembre la cancelación de deuda del Tesoro en manos del BCRA, que si bien se reconoció al día de hoy, no se modificó”, consideró por su parte Eco Go. Consultados por Infobae, desde el Ministerio de Economía no realizaron ninguna aclaración sobre el 6,1% del PBI de déficit financiero publicado el 22 de diciembre pasado.

“Los intereses comunicados fueron de $3 billones en el mes, que estarían siendo corregidos dado que se computó como intereses la recompra de deuda del Tesoro en diciembre. Por lo pronto el déficit financiero no sería el 6% del PIB que se dio a conocer el lunes, sino que estaría más cerca del 4,3% del PIB”, continuaron desde Eco Go.

El megaproyecto de ley descartó otorgarle al Poder Ejecutivo 1,4 puntos del PBI del ajuste fiscal (entre la reversión de Ganancias, la suba de retenciones, el cambio en la fórmula jubilatoria y el paquete de blanqueo, Bienes Personales y moratoria eliminados); y porque en 2023 el déficit financiero total terminó siendo de 6,1% del PBI, esto es 0,9 puntos del PBI superior al calculado cuando tuvo lugar el cambio de gobierno. Esos 4,2 billones de pesos, que equivalen a 2,3% del PBI, no estaban en la planilla Excel original de Caputo y son los que necesitará buscar en otros lados.

Un capítulo tendría lugar este jueves cuando el Gobierno instrumente el descongelamiento del impuesto a los combustibles líquidos, que se mantenía fijo desde 2021 y que implicará un aumento de los precios en los surtidores.

Algunos renglones del gasto asoman como los apuntados por el Gobierno para compensar la renuncia al capítulo fiscal en el Congreso. Una de ellas son las transferencias a provincias: entre las discrecionales, en 2023 las provincias recibieron 1,9 billones de pesos, equivalentes a un mes de reparto automático de coparticipación.

En materia de subsidios las planillas de Caputo y su equipo muestran que en 2023 terminó con subvenciones equivalentes a 1,5% del PBI para el caso de la energía y de 0,5% para el transporte. El ajuste previsto en una primera instancia llevaría esa cuenta a 1,3% del PBI pero, con el megaproyecto de ley rengo de su pata fiscal, podría haber en ese rubro del gasto espacio para profundizar la poda. Como contrapartida, implicaría un aumento más empinado de las tarifas.

La obra pública también sufrir el ajuste acelerado. Eso sucede porque en el “Plan A” los fondos no iban a ser cortados a cero de un año a otro sino que pasarían de 1,7% del PBI a 0,7 por ciento. Ya con esa poda dejarían de realizarse cantidad de obras que estaban licitadas pero no iniciadas y solo algunas de las que estaban en ejecución.