Las empresas que quiere privatizar el Gobierno recibieron $2,3 billones en 2023 y tuvieron un déficit de 0,1% del PBI

El proyecto de ley ómnibus que el oficialismo y la oposición pulsean por aprobar en la Cámara de Diputados incluye la autorización para privatizar 41 empresas en las que el Estado tiene participación, un punto que fue cuestionado por el kirchnerismo pero que podría tener acompañamiento de otras bancadas por fuera de La Libertad Avanza. Un informe pedido por el plenario de comisiones sostiene que ese conjunto de compañías tuvieron en 2023 asistencia desde el Gobierno por 2,3 billones de pesos (1,22% del PBI), la mitad concentrada en una sola empresa, y que, con los últimos datos disponibles, tenían antes del cierre del año pasado un déficit financiero leve, menor al 0,1% del Producto.

Se trata de un trabajo realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que actúa a solicitud de los diputados -oficialistas u opositores- en contextos de discusión de proyectos que podría tener impacto en las cuentas públicas. Esa oficina autónoma, que dirige el economista Gabriel Esterelles, realizó y publicó hasta el momento siete reportes pedidos por las comisiones parlamentarias para analizar distintos capítulos del mega proyecto de ley.

Este miércoles se dio a conocer un informe particular sobre el capítulo de la privatización de empresas públicas. En ese listado de empresas y participaciones públicas incluye algunas como YPF, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Aysa, Arsat, Casa de la Moneda, los medios públicos, el Correo, Enarsa, las empresas ferroviarias, Fabricaciones Militares y Nucleoelétrica Argentina, entre otros.

El informe de la OPC pedido por los legisladores analizó tres aspectos: cuáles fueron las transferencias que esas empresas recibieron en 2023 desde el Tesoro nacional, qué resultado operativo tenían al último dato oficial disponible y cuántas personas emplean.

En el primer aspecto, los economistas de esa oficina aclararon que si bien “suele asociarse a las transferencias y aportes de capital del Estado Nacional al financiamiento del déficit”, dos elementos a considerar son que “existen fondos públicos que se transfieren a las empresas públicas que no debieran ser considerados como parte del financiamiento del déficit de las empresas, ya que se trata del fondeo de determinadas políticas públicas”, por un lado. Y por otro, que “existen otros mecanismos de financiamiento de las EP más allá de los habituales (préstamos, avales, condiciones de exclusividad, etc)”.

Además, planteó la OPC, no todo déficit en algunas de esas empresas puede ser atribuido a la propia operatividad de las compañías, sino que puede responder a otros factores, como aquellas empresas públicas que dependen de la política de subsidios. La ineficiencia operativa, en esos casos, estaría más ligado a una decisión de política pública del Gobierno que al funcionamiento de esas firmas públicas.

Con esa aclaración, la oficina estimó que en 2023 se ejecutaron transferencias y aportes a empresas públicas por un total de 2,3 billones de pesos, equivalente a 1,22% del PIB. De ese total, un 0,78% correspondieron a transferencias corrientes, mientras que el restante 0,44%, a transferencias de capital.

En un ránking de las empresas con mayores transferencias corrientes ubicó en primer lugar a Enarsa ($700.000 millones) para la compra de gas, Operadora Ferroviaria S.A. ($335.145 millones), Aysa ($86.959 millones) y Correo Argentino ($83.806 millones). En estos últimos tres casos, se destinaron para el pago de salarios y otros gastos de funcionamiento.

Respecto a transferencias y aportes de capital a empresas públicas, implicaron casi un tercio del gasto de capital total que hizo el Gobierno nacional en 2023. Principalmente fueron destinadas a las inversiones de Aysa, Enarsa y Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). “Dada esta magnitud, las compañías estatales cobran especial relevancia en el desarrollo de la infraestructura en agua y saneamiento del GBA, energía y transporte ferroviario del país”, consideró la OPC.

Analizado de otra forma, del 1,22% del PBI total, cerca de la mitad (0,63%) correspondieron a transferencias corrientes y de capital realizadas a empresas ligadas a la Energía; un 0,33% del Producto, a compañías de Transporte; un 0,15% para Agua y Alcantarillado; otro 0,09% del PBI para Comunicaciones y montos mucho menores para sectores como Industria, Educación y cultura, Seguros y finanzas; y Ciencia, Tecnología e Innovación. De manera individual, Enarsa explica la mitad de las transferencias totales: 1,1 billones de pesos (0,6% del PBI).

Respecto a los resultados operativos de las 41 empresas públicas contempladas en la ley ómnibus, entre todas tuvieron de acuerdo al último dato oficial disponible 2,94 billones de pesos de ingresos corrientes y 2,83 billones de gastos corrientes, por lo que el resultado primario resulta favorable en $110.000 millones. Al incluir ingresos y gastos de capital, el balance es de un leve déficit financiero de $188.000 millones, que representa poco menos de 0,10% del PBI.

Entre las empresas con superávit financiero más marcado están, de acuerdo al relevamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Nucleoléctrica Argentina SA ($125.700 millones), Administración de Infraestructuras Ferroviarias ($15.500 millones), Correo Argentino ($9.000 millones), Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio ($8.700 millones), Fabricaciones Militares ($5.500 millones) y Playas Ferroviarias ($4.700 millones).

En el otro extremo, las que tuvieron desequilibrios financieros más pronunciados aparecen: Aysa (-$162.000 millones), Aerolíneas Argentinas (-$92.700 millones), Casa de la Moneda (-$58.700 millones), Operadora Ferroviaria SE (-$13.200 millones), Belgrano Cargas (-$8.500 millones) y Tandanor (-$6.100 millones).

Por último, la radiografía que hizo la OPC de las empresas públicas que el Gobierno apunta a poder privatizar a través de la ley ómnibus relevó cuántos empleados tiene cada compañía. En total son casi 134.500 trabajadores. Entre cinco concentran prácticamente el 70% del total: Operadora Ferroviaria SE (23.880), YPF (23.471), Banco Nación (17.820), Correo Argentino (17.170) y Aerolíneas Argentinas (11.334).