El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró hoy, en línea con el ministro de Economía Luis Caputo, que el paquete de leyes que el Poder Ejecutivo envió al Congreso tienen “relevancia fiscal” para el plan económico y por eso le pidió al Gobierno conseguir “apoyo político” para que la ley ómnibus sea aprobada en el parlamento.
En conferencia de prensa, la portavoz del organismo, Julie Kozack, aseguró que el paquete legislativo “tiene importancia fiscal” para que el Ejecutivo consiga el ajuste de 5,2% del PBI en el primer año de mandato de Milei y que por eso aguarda apoyo político en la discusión en el Congreso. La ley ómnibus incluye proyectos como un blanqueo, una moratoria tributaria y un cambio en Bienes Personales. También se espera una reversión a la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, aunque todavía no fue girado al parlamento.
De esa forma, coincidió con lo que declaró Caputo el miércoles por la noche, cuando planteó que “si la ley no pasara sería una muy mala noticia no solo para mí sino para todos los argentinos. Eso no implica que volveríamos a la meta de déficit 0,9% del PBI que tenía la administración anterior”. “Si la ley no pasará extremaríamos los recursos para cumplirlo”, adelantó. “Es extremadamente importante que esta ley pase justamente para poder hacer esto de la manera más armoniosa posible. A medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras, entonces, evidentemente, los argentinos van a sufrir más”, había dicho Caputo.
El FMI dio su visto bueno a las medidas iniciales del gobierno libertario, ya que consideró que se trata de un “plan de estabilización ambicioso” e identificó, como principal “ancla” del programa, la “consolidación fiscal fuerte” y basado en cuatro elementos: recomposición de reservas en el Banco Central, corrección de precios relativos -tipo de cambio y tarifas, entre ellos-, una mejora del balance del BCRA y una economía “más simple y orientada al mercado”, en términos regulatorios. Espera, en ese sentido, que el plan le devuelva a la economía “estabilidad macro”. El acuerdo técnico anunciado anoche, mencionó, puso al programa con el Fondo “on track” (en sus carriles) nuevamente, dijo Kozack.
Uno de los elementos que todavía no se conocen de esta nueva etapa del programa con el Fondo Monetario es cuál es el escenario de base de inflación y de variación del PBI para este año. Según la portavoz, esos datos serán revelados en el informe de staff que el FMI elaborará en las próximas semanas, y que será puesto a consideración del directorio a fin de mes para la habilitación del desembolso de USD 4.700 millones.
Respecto a la política monetaria y cambiaria que adoptó el Gobierno tras la devaluación del 13 de diciembre, con el intento de establecer, también como ancla, un tipo de cambio con una actualización de 2% mensual en un contexto de un ritmo de inflación en pesos mucho más alto, el FMI consideró que “la política monetaria está cambiando para mejorar la demanda de dinero y ayudar a la desinflación”, mencionó Kozack, y destacó el “compromiso” para que el BCRA deje de financiar al Tesoro.
La nueva hoja de ruta exigirá una acumulación de reservas por USD 10.000 millones a lo largo del año y un fuerte ajuste fiscal en línea con el que anunció el Gobierno. El desembolso de USD 4.700 millones que habilitaría a fin de mes el directorio le alcanzarán al Poder Ejecutivo para devolverle a la CAF los USD 920 millones que le pidió prestado para pagar los vencimientos de diciembre; abonar a fin de mes USD 1.950 millones y una suma similar en abril. Los vencimientos de febrero, por unos USD 600 millones, tendrán que ser afrontados con reservas propias porque a diferencia de los montos anteriores, no son vencimientos de capital sino de intereses.
La suma que habilitó el staff del FMI implica un anticipo de desembolsos, lo que se puede leer como un respaldo político del organismo al plan económico inicial de Javier Milei. El mínimo a girar desde Washington era de USD 3.300 millones (2.500 millones de Derechos Especiales de Giro) pendientes de diciembre. Pero finalmente el organismo accedió a adelantar completos los USD 1.060 millones previstos para marzo (800 millones de DEG) y otro poco más, unos USD 340 millones, anticipados de alguno de los últimos dos pagos trimestrales, de junio y septiembre.
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