
El proyecto de ley que modifica el impuesto a las Ganancias que obtuvo dictamen este lunes y que será debatido en el recinto de la Cámara de Diputados el martes tendría, según una estimación parlamentaria, un costo fiscal total que rondará los 3 billones de pesos, entre los fondos que resignará el Estado Nacional como también las provincias.
Con 25 firmas a favor, el Frente de Todos obtuvo dictamen de mayoría y Juntos por el Cambio firmó su propio dictamen de rechazo. El presidente de la comisión, Carlos Heller, afirmó al abrir el debate que la iniciativa “está dentro del conjunto de reclamos que se vienen haciendo desde la ciudadanía y es un viejo reclamo de muchos diputados y diputadas”
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El legislador señaló que la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias “ha estado en las promesas de campañas presidenciales, a partir de la idea de que el trabajo no es ganancia”, en relación al compromiso que había asumido el expresidente Mauricio Macri.
Un trabajo realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), un organismo que se dedica a realizar estudios económicos de diversos tipos y que suele, por mandato, estimar los costos fiscales de los proyectos de ley que se discuten en el parlamento, midió cuál sería el impacto que tendría en las cuentas públicas.
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“Para el Tesoro se estima un impacto fiscal en 2024 negativo equivalente a 0,30% del PIB ($1,05 billones a precios de 2024)”, midió la OPC, que además proyectó que el Poder Judicial nacional tendrá un impacto de $100.500 millones (0,03% del PBI), la AFIP otros $55.600 millones (0,02%) y fondos para Aportes del Tesoro Nacional por poco más de $28.000 millones. Otra tajada importante la afrontarán las provincias, por un monto estimado en 1,6 billones de pesos, al tomar en consideración que Ganancias es uno de los principales impuestos coparticipables.
“Los valores consignados fueron estimados para el período fiscal 2024, a partir de las proyecciones macroeconómicas informadas en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2024. Se estima una variación anual promedio del RIPTE de 101,8% interanual en 2024, consistente con el aumento de los recursos de la Seguridad Social (+105,2% interanual) informado en el Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2024″, aclararon desde la OPC.
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“Cabe aclarar que la estimación de impacto es de primer orden, ya que no se calcula el efecto de la modificación bajo análisis sobre la recaudación de otros tributos nacionales, ni se cuantifica la posible reducción de alícuotas efectivas del Impuesto a las Ganancias sobre otras rentas que la creación del Impuesto cedular podría implicar”, mencionó ese estudio, que fue citado durante el debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda por parte del diputado de Juntos por el Cambio del bloque de Evolución radical, Alejandro Cacace.
“Con estas modificaciones se vuelve regresivo porque hay un punto en el que el que más gana empieza a pagar menos”. El impacto fiscal de la eliminación de la cuarta categoría significará un costo de “0,83% del PBI, que impactará sobre la recaudación y más tarde en los ingresos de las provincias”. Según el diputado, el costo hasta fin de año sería de 375.000 millones de pesos.
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La OPC, de todas formas, hizo un cálculo alternativo, que da como resultado un costo fiscal menor. “Los resultados se calcularon sobre un Escenario Base 2024 en el que los parámetros nominales del impuesto se mantienen constantes a lo largo de todo el periodo fiscal. Sin embargo, en los últimos años el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto medidas para actualizar ciertos parámetros del impuesto con el objetivo de reducir la cantidad de trabajadores retenidos ante el incremento de los salarios nominales a lo largo del año”, apuntó esa oficina parlamentaria.
“Si se asumiera un Escenario Base 2024 en el que los parámetros nominales del impuesto fueran actualizados de la misma manera a lo largo del año, y manteniendo la metodología de cálculo antes descripta, el impacto fiscal para el Tesoro sería de 0,24% del PIB”, calculó la OPC.
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Esto implicaría, así, unos $852.000 millones de costo fiscal para el Tesoro nacional (unos $200.000 millones menos que en el primer escenario planteado), mientras que para las provincias el agujero recaudatorio se extendería hasta los 1,3 billones de pesos, unos $300.000 millones menos que ante el escenario más costoso. En total, así, serían unos 0,67% del PBI, o 2,3 billones de pesos.
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