
El conflicto por la reincorporación de 26 trabajadores a Lácteos Vidal, una pyme de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, suma nuevos capítulos a una saga que tomó estado público el año pasado cuando la fábrica afrontó un bloqueo sindical, Meses más adelante la batalla judicial con el sindicato lechero, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) sigue vigente con malas noticias para la dueña de la empresa, Alejandra Bada Vázquez, quien hasta la semana pasada estaba esperanzada en los avances logrados. Sin embargo, en la última audiencia ocurrida el viernes pasado, todo volvió a fojas cero y la empresaria sigue embargada por $5.000.000, lo cual -afirma- le complica la administración diaria de la láctea y, en última instancia, pone en riesgo la continuidad de la firma.
“Parecía que había un principio de solución pero apareció un abogado nuevo, muy agresivo y no hubo ningún avance. Al contrario, increpó al juez, lo amenazó con un juicio en el Consejo de la Magistratura y terminamos todos, el juez y nosotros, rehenes de la mafia sindical”, sostuvo Bada en diálogo con Infobae. El caso está a cargo del juez José Ignacio Ramonet, quien había logrado hacia fines del mes pasado encaminar las negociaciones. Eso cambió en la audiencia de la semana pasada y ahora habrá que esperar el próximo miércoles 15 para obtener alguna definición. El gremio exige la reincorporación de 26 trabajadores que fueron despedidos tras un largo ausentismo sin responder a los llamados de la empresa, acusados también de haber participado de violentas protestas contra las autoridades de la firma y también amedrentamientos contra sus propios compañeros.
La empresa ofreció en la Justicia duplicar el monto de indemnización de la propuesta original “aún cuando no corresponde, pero lo prefiero para terminar el conflicto”, dice Bada. Sin embargo, hasta el momento, la nueva oferta cayó en saco roto, incluso a pesar de la presentación espontánea en el juzgado del representante legal de un grupo de trabajadores activos de la empresa.
“Está en riesgo la fuente de trabajo de unos 100 empleados que todavía están trabajando, hasta con patrullero llegaron a ir a la planta”, cuenta la propietaria de la láctea. “Están preocupados por la continuidad de la empresa, si tiene que cerrar porque continúa el embargo, es su fuente de trabajo. Pero el sindicato no quiere que el conflicto termine”, acusó la empresaria e insistió: “La continuidad de la empresa está en manos de la mafia sindical”.

Desde un primer momento, la empresa consideró que los despidos fueron generados con causa, pese a lo cual accedió a pedir préstamos bancarios para pagar un proporcional de las indemnizaciones, más un plan de capacitaciones para favorecer la reinserción laboral de los trabajadores desvinculados y venta de productos al costo para la reventa. La oferta fue rechazada por la representación gremial, aun cuando hubo algunos de los despedidos que manifestaron su acuerdo con un arreglo de este tipo. Sin embargo, el gremio se mantiene intransigente.
En ese marco, todo indicaba que el juez Ramonet debería disponer del despido de 25 nuevos trabajadores contratados en reemplazo del grupo desafectado y exigir la recontratación de los 26 que habían formado parte del bloqueo. Sin embargo, desde el Juzgado Nacional de primera instancia del Trabajo N°69, se puso de manifiesto la intención de acercar criterios y generar un nuevo acuerdo, lo que se intentó sin éxito el viernes pasado.
Esto a pesar de que existió una propuesta que mejoraba las condiciones planteadas el mes pasado, que el gremio volvió a rechazar al sostener su petición de obligar a la empresa a la recontratación de los trabajadores representados. “Lo que quiere el gremio es fundirnos”, se queja la dueña de Lácteos Vidal. “Quieren seguir haciendo bloqueos a empresas, fundirlas, hacer cooperativas o venderlas a amigos”, denunció.
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