Ley de Envases: por qué el proyecto de ley divide a los empresarios y genera tensión en la UIA

Tras un año y medio, el oficialismo volvió a la carga con un proyecto de ley de Envases que tiene como objetivo recuperar los materiales, reciclarlos y reutilizarlos, de forma tal de contar como un sistema más amigable con el medio ambiente, como sucede en varios países del mundo.

La nueva iniciativa fue presentada este miércoles en la Cámara de Diputados por la legisladora del Frente de Todos, Natalia Zaracho, y será girada a las comisiones de Medio Ambiente y Presupuesto para intentar, una vez más, que el proyecto pase al recinto y pueda lograr media sanción antes de fin de año. ¿Se logrará esta vez? Hay varias dudas al respecto, más aún si se considera que la oposición ya se manifestó en contra y tiene un proyecto propio sobre el tema. Sin embargo, desde el sector empresario volvieron a la carga con los intentos por lograr cambios.

Si bien desde la UIA les transmitieron a los diputados algunos comentarios y propuestas de modificaciones –tras ser consultados al respecto–, la entidad no saldrá a respaldar ni objetar públicamente la iniciativa porque hay controversia entre algunos de los sectores miembros de la central fabril. La principal disputa está protagonizada por la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que se opone al proyecto, y la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), que lo apoya. En el medio, las otras entidades que integran la central fabril son más neutrales, aunque plantean algunas objeciones respecto de la redacción y la falta de trazabilidad que sugiere la iniciativa.

Según detalle en el artículo 1°, el proyecto establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente, “introduciendo en tal procedimiento el principio de Responsabilidad Extendida del Productor e integrando prioritariamente en la cadena de gestión a las trabajadoras recicladoras y los trabajadores recicladores”.

Eso quiere decir que las empresas productoras son responsables por los envases que envían al mercado y deben hacerse cargo de su recuperación.

Con este objetivo, según la iniciativa, las firmas pueden optar por tres sistemas:

a) sistemas integrales de gestión privada

b) sistemas de depósito, devolución, retorno y reutilización (caso Quilmes con la cerveza en botella, por ejemplo)

c) sistemas locales de gestión integral de envases.

Esta última implica el pago de la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (Tarep) respecto de los envases alcanzados por esta ley. El valor de la Tarep deberá ser expresado en pesos argentinos por kilogramos de materiales en los envases y no podrá ser superior al 3% del precio mayorista de venta del producto envasado, según establece el artículo 27° del proyecto.

Pero si bien desde la UIA celebraron que los diputados del oficialismo hayan incorporado la opción del sistema privado luego de rechazar tajantemente la eliminación de la tasa, quienes cuestionan el proyecto afirman que “no queda claro cómo convivirían ambos esquemas ni los criterios de aprobación de los sistemas de gestión privados”. “Todo eso lo dejaron para la reglamentación”, agregaron las fuentes consultadas de la entidad. Sobre la tasa, “tiene un piso que se considera elevado, pero sobre todo conceptualmente erróneo porque se fija sobre el valor del producto en el mercado y no por el envase”, aclararon.

Las cámaras que nuclean a los productores (Copal y la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol, fundamentalmente) que tendrían que abonar la tasa, si optaran por los sistemas locales, se resisten porque consideran que eso no respeta el principio de responsabilidad extendida del productor y que será de muy difícil aplicación. Sobre el primer punto, si la empresa paga la tasa, luego se olvida, cuando en realidad es responsable de recuperar los materiales a reciclar y saber cuánto de eso vuelve a reutilizarse.

Las entidades que apoyan el proyecto, como la CAIP, sostienen que, al no poder implementarse un sistema netamente privado, “ante la existencia de un proyecto que combina ese esquema con uno público que implica una tasa, resultaría factible, más aún teniendo en cuenta que muchas empresas no están en condiciones de organizarse de forma privada para recuperar sus envases”. “Hay 5.000 basurales a cielo abierto; tenemos que avanzar con el tratamiento de los envases”, dijeron desde la industria plástica, al tiempo que afirmaron que desde el sector se necesita de una ley para darle previsibilidad a los fabricantes y dejar de ser cuestionados. “Queremos saber cuál es la dirección, cuáles van a ser los mejores envases. Y la ley da ese marco”, explicaron fuentes del sector.

Los que se oponen al proyecto sostienen que si bien tiene que haber una ley para regular este tema, hay muchos puntos sin precisar, que dependerán de la reglamentación, y “tampoco hay un costeo hecho de cuánto implicaría esto, por qué la tasa se define tan alta, qué recursos se necesitan para esto; y el miedo de siempre de que se utilice para otros fines”, planteó una fuente de la UIA. En una de las empresas productoras agregaron: “Son más impuestos para la industria sin tener en claro cómo se va a usar esa caja millonaria”.

También cuestionaron que se trataría de un aumento de costos sin ningún tipo de ayuda, cuando “en otros países hubo un proceso gradual de mucha asistencia para la reconversión sustentable”. “Con lo que ya pagan de tasas e Ingresos Brutos las empresas, creemos que habría recursos suficientes para organizar esto. De hecho, varios municipios ya lo hacen”, señalaron desde la central que dirige Daniel Funes de Rioja.

Seguir leyendo: