Las empresas que no liquidaron divisas producto de sus exportaciones quedarán sujetas a duras sanciones si no regularizan en un corto plazo sus obligaciones. El Gobierno publicará mañana un decreto que instruye al Banco Central y a la AFIP a lanzar una ofensiva que involucraría a cerca de 100 empresas y un volumen de USD 3.700 millones que nunca ingresaron al mercado local. “Les damos 30 días para ponerse en regla o serán muertos civiles”, fue el mensaje que transmitió Sergio Massa a las principales cámaras empresarias del país.
La falta de controles para esas exportaciones que nunca se liquidaron en el mercado interno iría del 1 de enero del 2021 hasta agosto de 2022. Obviamente en Economía apuntan al antecesor en el cargo, Martín Guzmán, pero especialmente al actual titular del Central, Miguel Pesce. El control de liquidación de divisas debe ser realizada por el banco comercial que cursó la operación, por lo que finalmente la responsabilidad recae en el BCRA.
El decreto instruye al Central a realizar un seguimiento de las negociaciones de divisas de exportación en la “cuenta corriente única de comercio exterior” de AFIP. De esta manera, el Gobierno busca aplicar un esquema similar al control de importaciones (a través de la SIRA), pero para exportaciones.
Las empresas que incumplan podrían sufrir la suspensión del CUIT (una facultad que tiene la AFIP), es decir ya no podrían hacer transacciones en el sistema bancario. También serán suspendidas de los registros de importadores y exportadores y del Registro Único de Operadores de Cadena Agroindustrial (RUCA).
Sequía y dólar soja
Con esta ofensiva, Massa recuperar al menos parte de los dólares que le faltan por la sequía. Mañana también se pondrá en marcha el dólar soja 3, que le permitirá al Central acumular reservas luego de un pésimo saldo en el arranque del año. Se calcula que el complejo sojero liquidará no menos de USD 5.000 millones y otros USD 2.000 millones provendría de economías regionales. Pero incluso las cifras podrían ser mayores, teniendo en cuenta lo sucedido en las anteriores experiencias de dólar diferencial para el campo.
La renegociación de metas de reservas netas con el FMI resultó un fiasco. Peor aún, fue incumplida antes de ponerse en marcha. El 31 de marzo el directorio aprobó una flexibilización que tuvo en cuenta el efecto de la sequía. El problema es que el organismo subestimó el efecto negativo del clima sobre las exportaciones. Se manejó con las estimaciones de enero, pero luego la situación se agravó notablemente.
El resultado es que el incumplimiento de la meta de reservas en marzo es notorio. “La venta de divisas que efectuó el Central en el primer trimestre derrumbó el stock de reservas netas a USD 2.500 millones a fin de marzo, cuando la meta renegociada era de USD 4.200 millones”, explicó en su último reporte el economista Ramiro Castiñeira.
Para recuperar terreno perdido y cumplir el objetivo estipulado para marzo, el Central debería acumular USD 6.600 millones en este segundo trimestre, un objetivo sumamente complicado.
Evitar un salto cambiario en la previa a las elecciones depende de muchos factores. El canje de bonos en dólares fue una manera que encontró Economía para que no se disparen los dólares financieros. Pero la operatoria aún está en preparación. Esta semana se conocería el dictamen de la UBA para incluír los títulos de Anses. La expectativa es que la opinión resulte favorable.
Gasoducto y metas fiscales gaseosas
Desde Energía salieron a aclarar que el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner estará en funcionamiento en junio. Se trata de una noticia importante para el balance cambiario, ya que implicará menos necesidad de importar a precios internacionales. Así desmintieron el rumor instalado en redes sociales sobre las dificultades para terminar la primera parte de esta mega-obra manejada por Techint.
Además, también serían imposibles de cumplir las metas fiscales estipuladas para el 2023. El FMI consideró “sumamente importante” mantener el rojo primario de 1,9% del PBI. Según un informe reservado para inversores de TPCG Valores, el déficit en realidad tendría un desvío de 1,5 puntos porcentuales a lo largo del año. La compañía bursátil identificó cuatro razones para que se produzca este incumplimiento: el deterioro que ya mostraron las cuentas fiscales en el primer trimestre, la caída de los ingresos derivado de la sequía, el aumento del gasto previo a las elecciones y la nueva moratoria previsional.
De ocurrir este escenario, el déficit fiscal primario sería incluso mayor al registrado en 2022, lo que requerirá de mayor emisión monetaria para financiarlo. Este pronóstico es consistente con la expectativa de las consultoras consultadas para el Relevamiento de Expectativas de Mercado. En apenas un mes, los analistas aumentaron en 10 puntos porcentuales la estimación de inflación para todo el 2023, llevándola al 110%.
Estos fuertes desvíos del programa serán nuevamente revisados durante la reunión de Primavera del FMI y el Banco Mundial. Un encuentro importante en relación al futuro de la relación con el organismo será el que ya agendaron Massa con la número dos del FMI, Gita Gopinath. La economista, de origen indio, sigue de cerca la relación con Argentina y jugó un importante rol para flexibilizar las metas de reservas.
Subestimación
“Los técnicos del FMI entienden que con los datos de enero subestimaron el impacto de las reservas en la economía”, explican en Economía, palpitando lo que podría ser una nueva revisión para definir el stock de reservas exigible. Sin embargo, parece mucho más complejo que el Fondo haga la “vista gorda” si no se cumple con el compromiso en materia de gasto público y control del desequilibrio fiscal.
El rol del FMI en la “arquitectura financiera internacional” está más en la mira que nunca. Las críticas por haberle prestado a la Argentina USD 44.000 millones en 2018 arrecian y no hay mucho margen para tirar de la cuerda.
Ambas partes tienen claro que lo peor que podría pasar es suspender los desembolsos del organismo y que la Argentina quede con vencimientos impagos, aún a pesar de los incumplimientos incurridos en marzo. Sería un duro golpe para el Gobierno, que de todas formas tiene poco prestigio entre los inversores, pero también un cimbronazo para el FMI, que quiere mantener el acuerdo a flote cueste lo que cueste y ganar tiempo una nueva negociación con la próxima administración que gane el 10 de diciembre.
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