El Gobierno recaudó $218.000 millones en 2022 de anticipos de Ganancias a las grandes empresas

El Gobierno cerró el 2022 con una recaudación anticipada de Ganancias para un grupo de grandes empresas de casi $220.000 millones, por lo que en el último tramo del año que terminó consiguió percibir casi la totalidad del monto que preveía por ese concepto.

Antes de las Fiestas, la AFIP cerró el 22 de diciembre la última fecha de vencimientos para el pago de anticipos de Ganancias de este año para casi 2.000 compañías. En el último mes del año hubo pagos a cuenta por unos $72.103 millones, según afirmaron a Infobae desde el organismo tributario.

Con esa cifra, entre octubre y diciembre, los tres meses en que el fisco recaudó anticipos de ese gravamen, recolectó unos $218.000 millones, tras los $74.000 millones que había percibido en noviembre y otros $72.000 millones en octubre. Así, en ese trimestre consiguió hacerse del 86% del total esperado por esa vía recaudatoria, que en los despachos oficiales estimaban en torno de los $253.000 millones.

Como comparación, de todas formas, el anticipo de Ganancias para las grandes firmas representaría menos de la mitad de lo que recaudó el fisco solo en noviembre por ese impuesto, cuando percibió un ingreso de $521.000 millones.

Los $72.103 millones de diciembre, aportados por unas 1.220 compañías, estuvieron levemente por debajo de la recaudación esperada para ese mes, que rondaba los $80.000 millones. Para el 2023 quedarán entonces siete vencimientos entre enero y julio, con un ingreso al fisco proyectado de $35.000 millones.

Esos $218.000 millones representaron un refuerzo fiscal para las cuentas públicas en medio de una meta de reducción de déficit fiscal acordada con el FMI que aparecía, para el último mes del año, como desafiante para el Ministerio de Economía de acuerdo a estimaciones del mercado.

El límite que impone el programa es de poco más de 2 billones de pesos. Con los datos de noviembre el margen con el que contaba el equipo económico para expandir el rojo fiscal era de $562.687 millones, que para algunas consultoras era considerado exigente por el carácter fuertemente expansivo del último mes del año.

“A noviembre, el déficit primario acumulaba 1,8% del PIB, lo cual le deja al Tesoro un espacio de 0,7% para diciembre si se quiere cumplir la meta con el FMI. Si bien este margen parece chico, dado que diciembre suele ser el mes con mayor déficit del año, la recaudación extraordinaria por dólar soja ayudará a cumplir con el objetivo”, mencionó PxQ.

El anticipo de Ganancias de 2023 para grandes empresas funcionó como una suerte de “reemplazo” planteado por el ministro de Economía Sergio Massa al proyecto de renta inesperada que el antecesor en el cargo Martín Guzmán había planteado para cobrarle a un grupo de compañías un porcentaje mayor de Ganancias por retornos extraordinarios que hubiesen obtenido como consecuencia de la disparada de precios que acompañó a la pandemia.

En la Casa Rosada propiciaron, sobre el final del 2022, una reapertura de la discusión sobre el impuesto a la renta inesperada, cuyo texto de ley fue presentado por Guzmán a mediados de año pero que no terminó de ser tratado. Ya con Massa en el Palacio de Hacienda, el Ejecutivo activó una medida de esa naturaleza por la vía del anticipo de Ganancias.

La determinación del pago, según informó AFIP, es:

- Sujetos alcanzados, respecto de los cuales el importe base para el cálculo de los anticipos, para el período fiscal inmediato anterior a aquel al que corresponderá imputar el pago a cuenta, resulte superior a pesos cero ($ 0): 25% sobre dicho importe.

- Restantes sujetos alcanzados: 15% sobre el Resultado Impositivo del período fiscal inmediato anterior a aquel al que corresponderá imputar el pago a cuenta, sin aplicar la deducción de los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores conforme la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

Algunas empresas fueron a la Justicia para evitar el pago de ese anticipo de Ganancias. Un caso es el de una empresa bodeguera que consiguió una medida cautelar por parte del juzgado federal de Mendoza, que consideró que esa modificación en el esquema de pago del tributo implica “un nuevo impuesto encubierto a través de una reglamentación administrativa”.

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