Con el programa financiero de este año cubierto, el equipo económico empieza a mirar la hoja de ruta de 2023 y sabe que deberá realizar a lo largo de 2023 nuevas operaciones de canje de bonos en pesos para descomprimir los vencimientos de los títulos del Tesoro, que acumulan una elevada obligación de pagos durante la primera parte del año, antes de las elecciones presidenciales.
En la segunda mitad del 2022 la Secretaría de Finanzas acudió dos veces a operaciones de conversión de activos en pesos para despejar vencimientos. En una primera instancia, en agosto, tuvo un porcentaje de aceptación de 85%, mientras que en noviembre fue menor, de un 60 por ciento.
En los planes del Ministerio de Economía aparece ahora la idea de repetir este tipo de canjes a lo largo del 2023, que podrían empezar incluso en el verano y que podrían repetirse de manera trimestral. A grandes rasgos, la intención es poder “patear” buena parte de las obligaciones de pago hacia 2024 con nuevos títulos públicos, según explicó a Infobae una alta fuente del Palacio de Hacienda.
La secretaría de Finanzas acudió a lo largo de los últimos meses a un menú de bonos y letras con tasas positivas respecto a la inflación y con distintos formatos, desde títulos atados a la evolución del tipo de cambio para ofrecer cobertura a los inversores, hasta indexados a la inflación y otros a tasa fija.
Desde agosto consiguió una tasa de roll over alta, aunque hacia fin de año las licitaciones empezaron a cubrir con lo justo el stock de vencimientos. Para este último mes del año la primera licitación de diciembre, en la que recolectaron $770.000 millones, alcanzó para obtener un monto mayor al que se requería para cerrar el programa financiero, por lo que la colocación de este miércoles servirá, en todo caso, como un colchón de financiamiento adicional.
“Los canjes son parte de nuestra estrategia a futuro. Buscamos alargar la curva de vencimientos a 2024 y tratar de despejar esas ‘torres’ cada tres meses”, explicaron desde el Ministerio de Economía. Finanzas necesitará manejar con mano de cirujano el nivel de tasas de interés, ya que entienden que puede existir en un año electoral una tensión política que haga más difícil la cobertura de los vencimientos.
La estrategia de continuar con los canjes a lo largo de 2023 fue expuesta también en el último informe técnico que publicó el Fondo Monetario Internacional. En un apartado en el que las autoridades argentinas hacen un análisis sobre la coyuntura y sobre su plan de acción para los próximos meses, el equipo económico consideró que “en el contexto de condiciones internas y externas desafiantes, continúan los esfuerzos para movilizar financiamiento interno neto. Un enfoque proactivo de gestión de la deuda orientado al mercado ha ayudado a asegurar una financiación neta de mercado de aproximadamente el 0,9% del PBI desde finales de julio”.
“Se están considerando nuevos instrumentos para movilizar financiamiento en pesos hasta fin de año, incluso para atraer la participación de empresas y gobiernos subnacionales con grandes tenencias de pesos. Más allá de 2022, se está desarrollando una estrategia de financiación centrada en reducir los riesgos de tipo de cambio y de vencimiento y abordar las amortizaciones que vencen en 2023″, explicó el equipo económico ante el FMI.
Y en ese sentido, el Ministerio de Economía enumeró: “Las opciones bajo consideración incluyen: canje de bonos con vencimiento el próximo año por bonos con vencimiento en 2024, incluidos aquellos en poder de otras entidades del sector público; incentivar la demanda de los bancos por valores gubernamentales; desarrollar herramientas y mecanismos para ayudar a gestionar la volatilidad del mercado”.
El propio informe del staff técnico incluyó una proyección de vencimientos de deuda en pesos para los próximos meses, para poner en la justa medida cuál es el peso de las obligaciones de pago que deberá afrontar la secretaría que conduce Eduardo Setti. El pico de vencimientos para 2023 tendría lugar en julio, con un equivalente en dólares de USD 1.600 millones, aunque la mayor parte corresponde a tenedores del sector privado. Ya desde enero, febrero y marzo esas “torres” se elevan en un rango de entre USD 1.000 y USD 1.200 millones cada mes. En términos generales, el 60% de las obligaciones de pago corresponden a acreedores del propio sector público, proyectó el FMI.
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