Los concesionarios de dos autopistas demandarán a la Argentina en un tribunal internacional por la rescisión de los peajes

Los concesionarios de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste anunciaron que se presentarán en una instancia de arbitraje internacional ante la decisión del Gobierno de rescindir los contratos.

En una notificación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), las empresas advirtieron que agotarán todas las instancias para hacer valer sus derechos, por lo que el Estado sumará otro conflicto internacional en su contra, en un caso por el que el ministro Sergio Massa ya expresó su desagrado dentro del Gobierno.

“Esta comunicación se realiza a fin de informar que Grupo Concesionario del Oeste S.A. (”GCO” o la “Sociedad”), ha realizado una presentación, de conformidad con el mecanismo de solución de controversias del Contrato de Concesión (art. 16 del Acuerdo Integral) ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (la “CCI”)”, indicaron los concesionarios.

Esto se debe al “anuncio de que en breve se daría inicio por parte de la Dirección Nacional de Vialidad de una demanda contra GCO ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” para declarar “la nulidad del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Oeste, aprobado por el Decreto N° 608/2018 (el “Acuerdo Integral”)” y la de Autopistas del Sol.

“La presentación realizada por GCO tiene por objeto que la controversia suscitada en relación con el Acuerdo Integral sea resuelta de conformidad con el mecanismo contractualmente establecido y el marco Jurídico aplicable”, advirtieron las empresas.

En la nota ante la CNV, los concesionarios advirtieron que “conforme fuera oportunamente manifestado por la Sociedad, una vez más ratificamos que el Acuerdo Integral es plenamente legítimo y fue aprobado por las máximas autoridades del Estado Nacional, siendo el resultado de un proceso de renegociación que se extendió por 16 años”.

“Dicho proceso comenzó en el año 2002, con un acuerdo parcial aprobado en 2006 y que se completó en el año 2018 con la firma del Acuerdo Integral, habiéndose cumplido con todas las instancias de control establecidas en la normativa aplicable”, recordaron.

Por este motivo, reiteraron que “GCO realizará todas las presentaciones necesarias para la defensa de sus derechos y los de sus accionistas, y mantendrá informado al mercado de cualquier nuevo hecho relevante sobre esta cuestión”.

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Cabe recordar que en una conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández - acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis- denunció que esos acuerdos fueron “distorsivos”, por lo que “generaron daño económico al Estado y a los usuarios”; en las concesiones hay empresas de España, Italia y Malasia (el resto cotiza en oferta pública), que podrían recurrir al Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, como ya ocurrió en el pasado cuando la Argentina anuló otros contratos; de hecho, la española Abertis, que forma parte de ambas concesiones, ya efectuó un reclamo ante el Ciadi contra la Argentina.

En este contexto, este mes el ministro de Economía, Sergio Massa, enfrenta la renegociación del oneroso acuerdo firmado por el ministro Axel Kicillof en 2014 durante el gobierno de Cristina Kirchner con el Club de París.

El ministro, que viajaría a la capital francesa a principios de noviembre, no hizo ningún comentario ni se involucró en la polémica en torno de estos contratos viales firmados en 2018 con las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) que, según explicaron en la Casa Rosada, “comprometían al Estado” con un “impacto económico total para los usuarios y usuarias es de casi USD 2.000.000.000″. Los países europeos tienen un importante poder de presión tanto en el Fondo como en el Club de París.

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“Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018 y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste. Así, en las estaciones Debenedetti y Márquez, del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de $1.830″, explicó el Gobierno en un comunicado.

En el caso del Acceso Oeste, en todas las estaciones un automóvil paga, en hora pico y de modo manual, una tarifa de $100, un monto también fijado en febrero de 2022. Conforme a lo establecido por la concesionaria, “esa tarifa debería ser de $1.072, lo que significa 10,72 veces más de lo que se paga actualmente (1.000% más)”, ejemplificaron.

“En cuanto a la tarifa que hoy pagan los automóviles, en horarios que no son pico y de modo manual, es de $80 pesos, que significa una diferencia con lo planteado por GCO ($915) es de 11,43 veces más”, agregaron.

Una fuente que participó de la renegociación en el gobierno de Macri indicó a Infobae: “Es un disparate todo el argumento: evitamos un daño por renegociaciones conflictivas que llevaban muchos años y el asunto quedó saldado; de lo contrario, el país hubiera tenido que pagar un juicio importante, como puede que ocurra ahora si las empresas van al Ciadi y entonces el Estado tendrá que hacerse cargo de esta decisión en unos años más”.

Según su página web, “la Corte Internacional de Arbitraje de ICC es la institución arbitral de mayor proyección internacional. Trabajando en estrecha colaboración con su secretaría, la Corte administra los arbitrajes ICC, garantizando el buen desarrollo de los casos y asegurándose de que los laudos arbitrales de la ICC sean susceptibles de ejecución. La Corte cuenta con más de 100 miembros procedentes de numerosos países y con equipos profesionales, jurídicos y culturales diversos”.

Cabe recordar que la Argentina tiene pendientes reclamos judiciales por USD 14.479 millones en diversas cortes internacionales. Así lo detalló el Gobierno en su última memoria presentada ante la comisión nacional de valores de los Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés). La cifra representa un notable aumento respecto de los USD 10.239 informados un año atrás y de los USD 8.052 millones registrados en octubre del 2020. Y ahora sumará un caso más.

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