Temen que la anulación del Gobierno de dos concesiones viales complique la negociación con el FMI y el Club de París

El anuncio del presidente Alberto Fernández de recurrir a la Justicia para anular los contratos de concesión de los peajes que operan en los accesos Norte y Oeste generó “ruidos” en el exterior y puede complicar la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París.

Así lo admitieron calificadas fuentes oficiales en relación a los contratos firmados en el 2018 durante la gestión de Cambiemos. En una conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández - acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis- denunció que esos acuerdos fueron “distorsivos”, por lo que “generaron daño económico al Estado y a los usuarios”; en las concesiones hay empresas de España, Italia y Malasia (el resto cotiza en oferta pública), que podrían recurrir al Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, como ya ocurrió en el pasado cuando la Argentina anuló otros contratos; de hecho, la española Abertis, que forma parte de ambas concesiones, ya efectuó un reclamo ante el Ciadi contra la Argentina.

La protesta de las empresas

De hecho, este jueves Autopistas del Sol (Ausol) y el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), cuyas acciones ayer cayeron más del 20%, enviaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) dos comunicados de protesta por esta decisión y aclararon que realizarán “las presentaciones conducentes para el resguardo de sus derechos”. Ambas compañías aseguraron que los acuerdos de renegociación de las concesiones firmados en 2018 son “plenamente legítimos” y fueron aprobados por el Ejecutivo argentino. Además, aclararon que esos acuerdos son el resultado de un proceso de renegociación que se extendió por 16 años.

“Dicho proceso comenzó en el año 2002, con un acuerdo parcial aprobado en 2006 y que se completó en el año 2018 con la firma del acuerdo integral, habiéndose cumplido con todas las instancias de control establecidas en la normativa aplicable”, afirmaron.

En este contexto, este mes el ministro de Economía, Sergio Massa, enfrenta dos importantes desafíos en el frente externo: la aprobación en el directorio del FMI de la segunda revisión del acuerdo para refinanciar USD 44.000 millones -que le permitirá acceder a un nuevo desembolso para pagar una parte de la deuda con el organismo y a créditos de los bancos multilaterales- y la renegociación del oneroso acuerdo firmado por el ministro Axel Kicillof en 2014 durante el gobierno de Cristina Kirchner con el Club de París.

El ministro, que viajaría a la capital francesa el 29 de este mes, no hizo ningún comentario ni se involucró en la polémica en torno de estos contratos viales firmados en 2018 con las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) que, según explicaron en la Casa Rosada, “comprometían al Estado” con un “impacto económico total para los usuarios y usuarias es de casi USD 2.000.000.000″. Los países europeos tienen un importante poder de presión tanto en el Fondo como en el Club de París.

“Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018 y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste. Así, en las estaciones Debenedetti y Márquez, del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de $1.830″, explicó el Gobierno en un comunicado.

En el caso del Acceso Oeste, en todas las estaciones un automóvil paga, en hora pico y de modo manual, una tarifa de $100, un monto también fijado en febrero de 2022. Conforme a lo establecido por la concesionaria, “esa tarifa debería ser de $1.072, lo que significa 10,72 veces más de lo que se paga actualmente (1.000% más)”, ejemplificaron.

“En cuanto a la tarifa que hoy pagan los automóviles, en horarios que no son pico y de modo manual, es de $80 pesos, que significa una diferencia con lo planteado por GCO ($915) es de 11,43 veces más”, agregaron.

Una fuente que participó de la renegociación en el gobierno de Macri indicó a Infobae: “Es un disparate todo el argumento: evitamos un daño por renegociaciones conflictivas que llevaban muchos años y el asunto quedó saldado; de lo contrario, el país hubiera tenido que pagar un juicio importante, como puede que ocurra ahora si las empresas van al Ciadi y entonces el Estado tendrá que hacerse cargo de esta decisión en unos años más”.

Esta inesperada decisión presidencial de anular dos contratos, alejada de la agenda urgente de un gobierno agobiado por la inflación y la fragilidad financiera, descolocó a algunos funcionarios que deben tratar de que el Gobierno llegue a buen puerto en diciembre de 2023.

SEGUIR LEYENDO: