Empresarios de transporte de pasajeros de ciudades del interior del país comunicaron que desde la semana próxima interrumpirán los servicios entre las 22 y las 6 de la mañana, como resultado de un conflicto por la asignación de subsidios. Las empresas reclaman $70.000 millones mientras que el Poder Ejecutivo asignó una partida de $38.000 millones, un 45% menor a la que consideran necesaria. La falta de gasoil y las subas en su precio agregan un condimento más a la situación.
Un comunicado de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), informó que “de persistir la situación actual las empresas prestadoras del servicio de transporte público urbanos y suburbanos del interior del país tendrán que suspender los servicios entre las 22 horas y las 6 de la mañana, y darle prioridad a los que funcionan en hora pico”.
La medida de fuerza, que entrará en vigencia la semana próxima de no mediar una solución previa, se explica por dos factores en el comunicado.
“Los incumplimientos reiterados del Gobierno nacional, que de los $ 70.000 millones necesarios para dar cobertura mínima al presupuesto año 2022, el Estado Nacional por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 331/22 ha decidido asignar solo $ 38.000 millones, lo que representa un del 45% menos de lo solicitado y que está destinado a cubrir gastos básicos, como salarios y mantenimiento de las unidades”, argumentaron.
“Los constantes incrementos en el precio del gasoil, sumado al agotamiento del stock disponible y la falta de reposición del consumido”, agregaron.
Mientras tanto, este miércoles la comisión de Transportes de la Cámara de Diputados retomará el debate en torno a distintos proyectos que buscan lograr un reparto equitativo de los subsidios al transporte público. El eje de la discusión es la diferencia en el volumen de los fondos que recibe el AMBA y los que se destinan al resto de las provincias. Si bien en mayo el Gobierno se comprometió a asistir económicamente con un 65% de aumento para el interior, la cifra fue puesta en duda dado que el secretario de Transporte, Diego Giuliano planteó que aún no cuentan con dicho recurso. En ese marco, uno de los principales puntos a debatir en la cámara baja es la declaración de emergencia del transporte.
Durante el mes pasado, el Gobierno Nacional sostuvo que ayudarían económicamente a las provincias con $46 mil millones extras. Sin embargo, el secretario de Transporte, Diego Giuliano reconoció que solo cuentan con “recursos hasta agosto ya proyectados”. Aún así, aseguró que se está trabajando para obtener los fondos con las posibilidades de expansión que surjan del Presupuesto”. Frente a la incertidumbre planteada, este miércoles a las 16 horas los diputados retomarán el debate junto a funcionarios nacionales del área.
Para los diputados provinciales, la distribución del subsidio al transporte público del interior mantiene una notable brecha entre el AMBA que concentra entre el 85% y 75% de los subsidios, mientras que el resto de las jurisdicciones deben repartirse el 15% o 13% restante. La desigualdad presentada tiene su impacto en el valor de los pasajes. De hecho, se planteó que en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense la tarifa no se actualiza desde 2019, de modo que el boleto inicial es de 18 pesos mientras que en las provincias los valores básicos se encuentran desde los 24 hasta los 80 pesos.
“A pesar de que el sector del transporte público por automotor de pasajeros del interior del país, ha realizado un gran esfuerzo para explicar las muy desfavorables condiciones en que la actividad se desarrolla, hasta el momento no ha obtenido respuestas acordes a la gravedad de la situación que la afecta”, argumentó FATAP.
“En este contexto, resulta imposible atender salarios, aguinaldos y los costos erogables, tales como combustibles, lubricantes, neumáticos, reparaciones y seguros, elementos todos imprescindibles para mantener operables los servicios”, agregaron.
“Lamentamos profundamente los contratiempos que esta medida ocasionará a nuestros usuarios y a la población en general, pero la adoptamos con la convicción de que es la única manera de evitar la paralización total del sistema, la desaparición de empresas de capital nacional y la consecuente pérdida de los puestos de trabajo que generan”, concluyeron.
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