Fuerte rechazo de un influyente grupo de empresarios al proyecto del Gobierno para ampliar la Corte Suprema

Los ejecutivos rechazaron tajantemente la iniciativa kirchnerista, que recibió el apoyo de varios gobernadores, al expresar que socava la división de poderes

El Foro de Convergencia Empresarial salió al cruce de la propuesta de ampliación de la Corte Suprema. (Maximiliano Luna)
El Foro de Convergencia Empresarial salió al cruce de la propuesta de ampliación de la Corte Suprema. (Maximiliano Luna)
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El Foro de Convergencia Empresarial manifestó su preocupación ante la propuesta de enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación con el objetivo de ampliar su composición a 25 miembros.

“Para procurar un desarrollo sostenido de la economía, generar trabajo, atraer inversiones y disponer de recursos genuinos para cumplir los fines del Estado, nuestro país necesita contar con un marco institucional que genere confianza y previsibilidad dentro del cual la independencia del poder judicial, cuya cabeza es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, constituye un requisito fundamental”, dijo el Foro en un comunicado sobre el proyecto inicialmente impulsado por el kirchnerismo duro al que logró sumar a 16 gobernadores del Frente de Todos y en el que también se embanderó el presidente Alberto Fernández.

El proyecto de “federalizar” la Corte Suprema de Justicia prevé una nueva composición a 25 miembros, con un juez por cada provincia argentina, uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno más en representación del Poder Ejecutivo de la Nación.

“La proyectada ampliación de 5 a 25 del número de integrantes del más alto tribunal, ya cuestionada desde el punto de vista constitucional por la Academia Nacional de Derecho, genera además incertidumbre para el sector productivo e inversor, que requiere de reglas estables que no afecten el sistema republicano de gobierno establecido por nuestra Constitución Nacional”, remarcaron en el comunicado.

Coloquio IDEA 2022
Daniel Herrero y Daniel González en el encuentro de IDEA del viernes pasado, en el que instaron a "creer y crecer". Pero sin avasallar la división de poderes

La propuesta también ha sido rechazada por sus pares del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que salió al cruce del proyecto ayer por la tarde.

“IDEA considera que el proyecto de ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia afecta negativamente la inversión y el empleo”, es el título del comunicado con el que la influyente asociación empresaria decidió expresarse.

“El fortalecimiento de nuestra calidad institucional debiera ser uno de los mayores objetivos en nuestro país, ya que hoy es el principal obstáculo para poder aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mundo”, dijeron los empresarios. En cambio, prosiguieron, “el proyecto de aumentar de 5 a 25 el número de miembros la Corte Suprema constituye un mensaje negativo grave que va en contra de la necesidad de constituir y mantener instituciones sólidas”.

De esta forma, dos de los foros empresariales más influyentes del país coincidieron en su apoyo al sistema de división de poderes, amenazado por el intento de ampliación del oficialismo y de algunos de sus aliados.

“El funcionamiento de la República se basa en la división de poderes y este proyecto va directamente en contra de este principio fundamental ya que busca que la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quede subordinada al poder político”, dice otro pasaje del texto suscripto por la crema empresaria. “En IDEA creemos que Argentina necesita volver a crear empleo de calidad para reducir la pobreza, lo que se requerirá un significativo aumento de la inversión privada; las oportunidades en Argentina son numerosas pero las inversiones solo van a venir si les aseguramos confianza y previsibilidad, para lo cual es fundamental tener una justicia independiente.

Quién también cuestionó el proyecto del oficialismo fue Roberto Lavagna; el ex ministro y ex candidato presidencial dijo que la “extraña idea de provincializar la Justicia” abre las puertas a un mercado de favores y contraprestaciones, y al “juego de votaciones basadas en la política y no en la Justicia”.

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