
Más de 40 días después de que el Presidente Alberto Fernández declarara la “guerra contra la inflación”, una de las medidas que aparecía como central en la artillería oficial recién está comenzando a moverse. Se trata del Fondo Estabilizador del Trigo que el Gobierno creó con el incremento de las retenciones a derivados de la soja para subsidiar a la industria alimenticia y permitir una retracción de precios hasta niveles previos a la escalada de precios que tuvo lugar por la guerra en Ucrania.
Se trata de un fondo de 350 millones de dólares financiado por el reajuste de derechos de exportación de harina y aceite de soja, una medida que tomó el Poder Ejecutivo cuando las commodities registraron un salto a nivel global en el marco de la tensión bélica en el este europeo, y como parte de un paquete de medidas que apuntaban a contener la avalancha de aumentos, que terminó por cristalizarse en el 6,7% de inflación de marzo que informó el Indec hace dos semanas.
El espíritu de la medida es que el Gobierno, a través de ese fideicomiso, que será administrado por el BICE, pueda subsidiar el precio del trigo para las molineras que fabrican la harina y que, de esta manera, ese insumo para las fabricantes de alimentos sea más barato. Según esa lógica, con este mecanismo la industria podría llevar a las góndolas algunos bienes comestibles de primera necesidad (entre ellos fideos, pan, la propia harina y otros) con valores más bajos a los que sucedieron al shock de precios de febrero y marzo.
El problema fue que los resortes para poner en marcha esa medida tuvieron alguna demora y recién este miércoles, en una publicación hecha por la Secretaría de Comercio Interior que comanda Roberto Feletti, se estableció la “letra chica” del fondo fiduciario, es decir, cuáles serán las bases y condiciones que tendrán las molineras que decidan ingresar a ese fondeo para contar con el insumo subsidiado.
“Hubo toda una cuestión burocrática, que se pudo resolver rápido, pero ahora lo que se hace es abrir el registro para que se anoten los molinos, con esas condiciones. Una vez que presenten esa documentación, se giran los fondos para subsidiar la bolsa de harina desde molinería en todo el país”, explicaron a Infobae cerca de Feletti.
“Ahora esperamos que se anoten, va a llevar unos días, pero la semana que viene debería empezar a funcionar”, arriesgaron, aunque no tiene un día de inicio determinado ya que dependerá del tiempo que les demande las molineras aceptar las condiciones del fondo fiduciario e ingresar. “De nuestra parte ya se hizo todo, ahora solo queda empezar a girar los fondos”, aseguraron desde Comercio Interior.

Las cámaras empresarias del sector habían asegurado que el precio del trigo era solo una parte del costo de este tipo de productos a los que apunta la secretaría. Las últimas estadísticas de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el trigo representa el 12,9% del valor final del pan, el molino el 5,2%, la panadería el 60,4% y los impuestos el 21,5 por ciento. Por otra parte, dicho precio está compuesto en un 67% de costos, el 21,5% impuestos y el 11,5% ganancias. Además, el precio del trigo se multiplica por 7 desde el campo hasta que el pan llega a la góndola.
Desde la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), incluso, habían solicitado que en lugar de un mecanismo como el que puso en marcha el Gobierno, sea el propio Poder Ejecutivo el que subsidie la compra de este tipo de productos a través, por ejemplo, de la Tarjeta Alimentar.
En la resolución publicada este miércoles, la Secretaría de Comercio Interior estableció las bases y condiciones del fideicomiso. Por un lado, exige que los molinos que ingresen “deberán cumplir con el normal abastecimiento del mercado interno a los precios de salida de fábrica de mercado interno establecidos”.
“Asimismo, se establece que dicho precio se reducirá en un 10% cuando la venta sea a mayoristas, distribuidores y/o mutuales. Los Destinatarios de Desembolsos (molinos) se comprometen a formalizar un canal de venta directa a minoristas estableciéndose como base la adquisición de cuarenta bolsas de harina de 25 kilos, ya sea en forma individual o de cualquier modo asociativo que permita ese volumen de comercialización”, continúa.
“Toda práctica de deslealtad comercial que vulnere las normas, leyes, reglas, usos y costumbres comerciales, será sometida a un estricto control por las autoridades correspondientes (...) Se entiende por deslealtad comercial el incumplimiento de los precios establecidos, en exceso, o aumentos solapados”, advirtió Comercio Interior.
Por otra parte, la resolución determinó que “todas las bolsas de harina” fabricadas por las molineras “deberán estar identificadas como subsidiadas por el Estado Nacional. Su falta de cumplimiento será considerada falta grave y pasible de severas sanciones que determine la autoridad de aplicación”.
Entre los empresarios del sector consideran que “aún faltan definir algunas cuestiones” sobre el funcionamiento del nuevo fideicomiso y anticiparon que en los próximos días habrá reuniones entre las cámaras involucradas en la medida y los funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior.
La dinámica de los fondos fiduciarios para este sector no es nueva. Ya en marzo se había puesto en marcha un mecanismo similar, financiado por el sector privado y que apuntaba a subsidiar algunos precios en particular como los fideos y la harina triple 0, en el marco del programa Precios Cuidados.
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