Los plataformas de intercambio de criptomonedas en Argentina podrían verse obligados a cumplir reglas anti lavado de dinero y reportar a las autoridades competentes este año, tal como lo pidió el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Unidad de Información Financiera (UIF) -organismo encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo- busca sumar a los proveedores de servicios de criptomonedas a su lista de entidades sujetas a la obligación de informar y registrar las transacciones de los clientes.
Así lo comunicó una fuente con conocimiento directo del tema a Bloomberg Línea. Según lo informado, la idea es publicar la nueva regulación este año. De ser así, las compañías de criptoactivos deberán implementar los procedimientos de conocimiento de sus clientes y reportar operaciones sospechosas con activos digitales. Por su parte, la oficina de prensa de la UIF no emitió ningún comunicado oficial al respecto.
Regulación de las criptomonedas
Las criptomonedas generaron un gran interés en todo el mundo desde que comenzaron a ser utilizadas en el 2009. Aquellas personas que buscan invertir en este tipo de moneda están pendientes de sus cambios, sus valores y el comportamiento del mercado. Sin embargo, no son los únicos actores interesados en los criptoactivos: ahora los Estados también los tienen en la mira y buscan su regulación.
En el 2013 el Bitcoin registró un fuerte ascenso, llegando hasta los USD 1000 dólares; hecho que marcó un punto de inflexión y alertó la importancia que empezaban a cobrar las criptomonedas. “Hasta el día de hoy pocos países adoptaron una regulación de las criptomonedas, pero en varios ya hay proyectos de ley en tratamiento, pruebas y comisiones de estudio”, puntualizó Hernán Piñeiro, CEO de Worldsys (empresa RegTech que desarrolla soluciones para el cumplimiento regulatorio y la prevención de lavado de activos).
Argentina
Cabe recordar que en Argentina hay un proyecto de ley presentado por los diputados del Frente de Todos Liliana Shcwindt y Marcos Cleri, integrantes de la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de la Nación, que busca regular las criptos. También existe un anteproyecto firmado por el diputado de Juntos por el Cambio Ignacio Torres que cuenta con el aval de varios exchanges del país.
“A pesar de que aún no hay una regulación de las criptomonedas ni un organismo central de supervisión, se comenzó a ejercer un control fiscal. A partir del Decreto 796/2021 las compañías que realicen transacciones con criptomonedas están gravadas con el impuesto a los créditos y débitos bancarios. De esta forma, no recae de manera directa sobre el comprador final, sino sobre las cuentas recaudadoras de las billeteras que realizan la operación. Al mismo tiempo, los exchanges locales, al igual que los proveedores de servicios de pago, están obligadas a presentar mensualmente el régimen informativo sobre sus transacciones según la Resolución 4164/2019 de la AFIP”, indicaron desde Worldsys esta semana.
Por otra parte, el Impuesto a las Ganancias también alcanza a las operaciones realizadas en criptomonedas, ya que la ley considera como ganancia el resultado de la compra-venta de “monedas digitales”.
Respecto del Impuesto al Valor Agregado, los usuarios que operen con criptoactivos no están alcanzados debido a que no se encuadran en ninguna categoría reglamentada. Empero, las comisiones que cobran los exchanges a sus usuarios sí están alcanzadas por el IVA reglamentado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Worldsys precisó que a nivel regional, hay dos casos con posturas claras en relación a la regulación cripto: “El único país que autorizó su uso es El Salvador, en donde el Bitcoin es reconocido como moneda de curso legal. Por lo tanto cualquier operación realizada con esta moneda, se encuentra alcanzada por la misma regulación que afecta a una operación realizada en dólares. Por el contrario, está el caso de Bolivia, cuyo Banco Central prohibió el uso y comercialización de criptomonedas. Utilizar dicho medio de pago para la compra-venta de productos y servicios constituye una ilegalidad en ese país”.
Para el caso de Argentina,”esperamos nuevas regulaciones de acuerdo con los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la concreción del acuerdo con el país”, concluyeron.
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