Enviar el acuerdo con el FMI al Congreso: un invento argentino que solamente trajo complicaciones a la negociación

En la misma línea en la que se puede “perder ganando” una elección, tal como se dijo en noviembre pasado, el Gobierno intenta defender la idea de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue avalado por el Congreso. La pirueta discursiva se impone ante el magro resultado parlamentario conseguido: una escueto artículo que permite cumplir con la ley, sin brindar apoyo alguno al acuerdo alcanzado ni, mucho menos, a las políticas que dependerán de él. La convalidación parlamentaria del acuerdo no le aportó ningún beneficio a la negociación, debilitó al extremo la posición del ministro de Economía, Martín Guzmán, y dividió aún más al Gobierno, que se embarcó en un trámite que nadie le había pedido.

Las razones para hacer pasar el acuerdo por el Congreso son de política interna. Un aval parlamentario para la aprobación de un programa del FMI (de “facilidades extendidas”, como en este caso, stand by o cualquier otro) no tiene antecedentes en los más de 20 acuerdos suscriptos por el país a lo largo de su historia ni tampoco en otros países. Es claro que para el FMI, que tiene como interlocutores al ministerio de Economía y al Banco Central de cada uno de sus países miembros y no a sus parlamentos, no es un requisito.

La meticulosa comunicación pública del Fondo Monetario nunca se enfocó en el hecho de que el gobierno argentino envíe el programa al Congreso. “Es importante que este plan cuente con un amplio apoyo político y social,” dijo el vocero del organismo, Gerry Rice, el 18 de noviembre pasado, repitiendo la misma frase desde el comienzo de las negociaciones. Rice, un experto en palabras no dichas tal como corresponde a su posición, utilizó toda la ambigüedad necesaria para no opinar sobre un eventual aval del Congreso. El interés del Fondo no pasaba por ahí. Si la aprobación del Congreso tuviera alguna relevancia, estaría incluida en alguna de sus rígidas reglamentaciones y no lo está.

Al respecto, vale recordar el caso de Costa Rica y el acuerdo al que llegó con el FMI el año pasado. El país centroamericano, de gran actividad turística, sintió con dureza en su economía el impacto de la pandemia y debió recurrir al FMI. El 1° de marzo de 2021, el Fondo aprobó un acuerdo por USD 1.778 millones que incluyó un desembolso inmediato de USD 296. La Asamblea Legislativa costarricense, siguiendo las normas locales, lo convalidó con una doble votación que se realizó en julio. El Directorio del FMI lo había aprobado y ejecutado tres meses antes, sin siquiera considerar el apoyo parlamentario.

El menú para Costa Rica no sorprende: una reducción del 5% del déficit fiscal durante este año para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas en 2023, además de una ley para reformar el sistema de empleo público, entre otras reformas para un país que todavía celebra su reciente ingreso a la OCDE. En Costa Rica, además, los legisladores del oficialismo votaron a favor.

Si para el Fondo tener el aval del Congreso no es vital para cerrar un acuerdo, ni siquiera con su principal acreedor, ¿por qué lo fue para el gobierno argentino? ¿Fue una idea impulsada por Guzmán para explicar que, esta vez, el acuerdo iba a ser distinto? ¿O fue una jugada del kirchnerismo para involucrar a la oposición en las restricciones fiscales que, sin dudas, traerá la refinanciación de la deuda que contrajo Mauricio Macri en 2018?

Hoy, con el rechazo abierto al acuerdo por parte del kirchnerismo duro y las facturas políticas que llueven sobre Guzmán, poco importa el origen de la cuestión. Lo cierto es que el punto de partida estuvo en la “ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública”, aprobada por Diputados hace exactamente un año. La crónica parlamentaria de esa votación destaca el protagonismo de legisladores como Carlos Heller, Fernanda Vallejos o Itaí Hagman.

El segundo artículo de esa ley dispone que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

El proyecto que obtuvo media sanción el jueves cumple con lo justo con esa premisa, ya que no incluyó el programa negociado entre Guzmán y el staff del FMI, el plan económico que el ministro nunca quiso (o pudo) explicitar. Para que el fracaso parlamentario no sea total y el país no quede al borde del default, se negoció contrarreloj limitar el proyecto a una autorización para tomar crédito. Las 137 páginas de metas fiscales y monetarias, que Guzmán defendió el lunes pasado durante casi 10 horas, quedaron en el camino.

De este modo, más que un respaldo, el invento argentino de llevar el acuerdo con el FMI al Congreso resultó una carga que le quita posibilidades de éxito antes de empezar. Por citar un ejemplo: ¿Qué chances puede haber para que el proceso de reducción de subsidios y aumento de tarifas previsto en el acuerdo llegue a buen puerto si los organismos reguladores del gas y la electricidad responden en forma directa al kirchnerismo, que votó en su contra?

La magra aprobación parlamentaria achicó además los márgenes de acción para Guzmán, que se estrecharán aún más que cuando Cristina Fernández de Kirchner lo responsabilizó por la derrota electoral de 2021 (por no haber gastado todo lo que podía, algo que sería un elogio en otro país) o cuando no pudo echar de su cargo a el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, su propio subordinado, con quien chocó por los aumentos de tarifas.

Pocos días antes, mientras en el Congreso todavía había esperanzas de un aval al plan económico incluido en el acuerdo, Guzmán desafió en Radio 10: “Ahora algunos dicen ‘yo quiero el financiamiento, pero no me hagas votar las políticas’. No existe. A ver si se entiende. El financiamiento está asociado a un acuerdo de políticas económicas y financieras. Es una sola cosa”. La Cámara de Diputados hicieron exactamente lo que Guzmán dijo que no existía: autorizaron al Gobierno a endeudarse, para esquivar el default y la violación de la ley de sustentabilidad, pero a la vez rechazaron su plan económico. Así, reprobó el examen que el Fondo Monetario nunca le había pedido.

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