Segmentación de tarifas: críticas de los especialistas a la quita de subsidios por barrios

La segmentación de tarifas se convirtió en uno de los temas clave que tiene que definir el Gobierno. La idea de reducir subsidios a la energía a través de tarifas diferenciales -según los ingresos de los usuarios- fue anunciada a poco de asumir Alberto Fernández, pero por las dificultades para su implementación y las internas entre distintos sectores del oficialismo tuvo pocos avances.

El año pasado, por ejemplo, se habló de la creación de una gran base de datos cruzados con información de distintos organismos del Estado -Anses, AFIP y el Banco Central- para determinar la capacidad de pago de cada usuario. Compartir esa información requería de alguna Ley o DNU para avanzar sobre la privacidad. Otro problema es que una parte de los usuarios registrados como titulares no son quienes efectivamente viven en ese domicilio.

Por eso, en 2021 se impulsó una campaña para que haya un reempadronamiento voluntario. En el ENRE destacaron que, hasta ahora, el número de personas que cambió la titularidad abarca entre el 25% y 30% sobre el total que se supone está mal registrado (usuarios fallecidos, multipropietarios y con errores en el DNI). La mayoría lo hizo por Whatsapp.

En las últimas semanas, se difundió un proyecto de segmentación que llevaron adelante el interventor del Enargas, Federico Bernal, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, ambos cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La propuesta, menos ambiciosa que las anteriores, consiste en quitar subsidios al 10% de los usuarios del AMBA según la ubicación geográfica: 11 barrios porteños, dos zonas de San Isidro y Vicente López y más de 400 countries en el Gran Buenos Aires.

En la Secretaría de Energía, a través de la cuenta de Twitter del secretario Darío Martínez, se limitaron a decir que habían recibido la propuesta y que la están analizando. En caso de avanzar con la segmentación por zonas, algo que ya se había implementado brevemente durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los especialistas advierten que se genera una enorme distorsión en la lógica de las tarifas.

“Como resultado de este plan de segmentación usuarios residenciales con iguales niveles de consumo (e incluso de ingresos) que residen en distintos tipos de inmuebles, pagarán tarifas absolutamente distintas entre sí, pese a que el costo de prestarles el mismo servicio fuera igual”, dijo a Infobae Santiago Urbiztondo, economista jefe de Fiel.

“En la doctrina regulatoria, se piensa la regulación de las empresas de servicios públicos como la búsqueda de reglas y esquemas institucionales que permitan lograr los menores costos de producción y por lo tanto las menores tarifas posibles para los objetivos de cobertura y calidad exigibles, de forma sostenible. Dentro de ella hay mecanismos de ajuste tarifario periódico previsible, con precios y tarifas que reflejen los costos plenos de producción, transporte y distribución, solo exceptuando del pago pleno a la población que no está en condiciones de afrontarlo plenamente”, agregó el economista.

Urbiztondo destacó que en otros países, al revés de la lógica oficial, se focalizan en quiénes serán asistidos y no en quiénes serán penalizados. “Esa asistencia debe hacerse con transferencias compensatorias de montos fijos, no entregando energía a precios ficticios que alientan el sobreconsumo y la subinversión en equipamiento, los cuales a su vez atentan contra la eficiencia energética y la minimización de costos”, señaló.

Desde las empresas del sector aseguran que aun no recibieron ninguna confirmación sobre cómo y cuándo comenzar a aplicar las tarifas segmentadas, aunque en el último año recibieron varios pedidos de información de sus bases de datos.

“Obviamente estamos en un país que tiene 40% de pobreza y venimos de una pandemia. De alguna manera se usa el congelamiento de tarifas de los últimos años para paliar la crisis económica. Lo llamativo es que se aplica igual a todo el mundo. La segmentación no va a funcionar porque siempre va a ser arbitraria, injusta y subjetiva. ¿Se segmenta en función a lo que alguien tiene, gana o dónde vive?”, se preguntó en diálogo con Infobae Daniel Dreizzen, director de Energía en Ecolatina y ex subsecretario de Planeamiento Energético.

“Segmentar es dividir a la población en función de algún criterio subjetivo y también ‘esquivable’. Lo que se puede hacer es aplicar una tarifa social como una AUH, que tiene un criterio claro. Puede ser para el 40% de la población que vive en la pobreza. Pero no es necesario distorsionar todo el mercado de la energía”, agregó Dreizzen.

Santiago Urbiztondo también propone otras alternativas de asistencia del Estado para el acceso a los servicios públicos: un descuento de suma fija sobre la tarifa final y la eliminación de impuestos al 30% o incluso al 40% de la población de menores ingresos sin distorsionar los precios.

Las tarifas energéticas están prácticamente congeladas desde hace tres años, con subas menores al 10% el año pasado, pese a una inflación acumulada del 160% desde junio de 2019 y a un subsidio fiscal a los componentes mayoristas de los servicios de gas y electricidad -el precio del gas y la energía sin los costos de transporte y distribución- que rondó los USD 11.000 millones en 2021, un 2,5% del PBI.

Otra de las críticas es que si la tarifa plena se aplica en una primera etapa a solo el 10% de los usuarios del AMBA -el 5% a nivel nacional- no generaría una reducción tan significativa del nivel de subsidios. Si el aumento tarifario general previsto por el Gobierno del 20% solo se destina a remunerar el transporte y la distribución de gas y electricidad, entonces el aumento de los precios mayoristas incluidos en las tarifas residenciales sólo estaría aumentando como máximo un 20 por ciento.

“Con una inflación proyectada superior al 50% y costos de generación crecientes en términos reales como, por ejemplo, el precio en dólares del gas natural licuado (GNL) que es el triple que el año pasado; esto no permitirá bajar los subsidios energéticos en dólares ni tampoco como porcentaje del PBI”, alertó Santiago Urbiztondo.

Esto indica que la eliminación de subsidios, luego de marzo, podría avanzar primero hacia usuarios de muy alto poder adquisitivo en el interior del país y luego hacia usuarios de poder adquisitivo medio.

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