“Gestos políticos baratos”: dura acusación de los bonistas al Gobierno por tratar de controlar el valor del dólar

Un grupo de bonistas que entró al canje de la deuda que llevó adelante el Gobierno en 2020 acusó al Gobierno de llevar adelante “gestos políticos baratos” en lugar de resolver los problemas del país.

Se trata del Exchange Bondholder Group, que, en redes sociales, indicó que “El Banco Central ha agotado U $ S3.300 millones de reservas en la inútil intervención del MEP / CCL para apuntalar su contraproducente régimen cambiario”.

“Ese dinero podría haber recomprado el 15% de la deuda de ley de Nueva York de Argentina. La resolución de problemas exige racionalidad y responsabilidad, no gestos políticos baratos”, disparó este grupo de acreedores de la Argentina, que días atrás también manifestó su enojo por la inacción oficial ante la fuerte suba del riesgo país.

Cabe recordar que el BCRA utilizó las reservas para contener el tipo de cambio paralelo antes de las elecciones, aunque luego de los comicios dejó de hacerlo ante su poca efectividad y la necesidad de comenzar a alinearse para las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al respecto, indicaron que “el Gobierno argentino está entrando en su tercer año sin articular un plan económico. Analizamos los problemas en febrero y nada ha cambiado. Dirigir una economía no debe ser un ejercicio político ni académico. Requiere soluciones reales, no dilaciones y fantasías interminables”.

El Exchange Bondholder Group es uno de los tres grupos principales que se conformaron durante la negociación de la deuda con los tenedores privados con el Ministerio de Economía. En la negociación con el Ministerio de Economía este grupo, liderado por el fondo Monarch, afirmó ser acreedor por unos USD 4.000 millones en bonos argentinos y tener más del 15% de los bonos del canje de 2005 y su “suplemento” de 2010.

A su vez, el grupo Ad Hoc estuvo liderado por fondos como Blackrock y un tercer grupo fue encabezado por Hans Humes, CEO de Greylock.

En su último mensaje, comunicado a través de su cuenta de Twitter, el grupo de bonistas refirió además a un documento publicado a mediados de febrero, en el que planteaba con amplitud sus cuestionamientos a la política económica del Gobierno.

“Un programa del FMI es la única fuente probable de anclajes políticos y un marco creíble a medio plazo que pueda aportar estabilidad. Sin embargo, el Gobierno parece estar contemplando seriamente la posibilidad de retrasar un acuerdo con el FMI para tener la libertad de continuar con sus políticas insostenibles aún más tiempo. Con las reservas ya en niveles peligrosamente bajos, tal estrategia equivale a una apuesta temeraria”, dijeron los bonistas en el comunicado. “Un acuerdo con el FMI, que se necesita desesperadamente, ha quedado subordinado a la política”, se quejaron.

“Argentina no puede entrar en default y reestructurar su camino hacia la prosperidad. La gran tragedia es que la incapacidad de articular una senda política creíble impide la estabilidad y el crecimiento de lo que podría ser una economía competitiva si tan sólo las autoridades decidieran anclar las políticas económicas en torno a un marco macroeconómico coherente con el apoyo del FMI”, agregaron.

El grupo Exchange Bondholders estuvo representado por Dennis Hranitzky, ex abogado de Paul Singer, que se hizo célebre por intentar embargar la Fragata Libertad durante el litigio con los holdouts y que ahora es una de las voces más críticas de las decisiones del Gobierno posteriores al canje de 2020. Días atrás, el fondo Attestor Master Value, asesorado por Hranitzky, pidió por el default del 2001 el embargo de recursos por unos USD 230 millones que el país puede tener depositados en la Reserva Federal de Nueva York.

En tanto, el analista Sebastián Maril afirmó que el Gobierno presentó un escrito por medio del estudio que lo representa en Nueva York, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton en el que expresó que “la Argentina dice que no repatriará activos a EE. UU. para que estos sean embargados como forma de pago en el caso Bainbridge Capital”.

“Está en manos de la Juez Preska decidir qué hacer; sospecho que convocará a las partes a una audiencia para resolver diferencias”, indicó Maril.

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