El Gobierno y la oposición esperan al cierre de las negociaciones con el FMI para definir la agenda parlamentaria sobre la deuda

Mientras envía una delegación a Washington para negociar con los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y sigue discutiendo al interior del Frente de Todos las condiciones del acuerdo por la deuda externa, el Gobierno avanza en negociaciones subterráneas con Juntos por el Cambio, que ya mostró una postura de apoyo al eventual acuerdo, pero que muestra reparos sobre algunos puntos.

La gran pregunta es sobre qué área de la economía recaerá el ajuste, que el oficialismo niega, pero que en la oposición consideran inevitable. Para iniciar los diálogos en el Congreso sobre el “plan plurianual”, ambas fuerzas políticas esperan a que la negociación con el Fondo se plasme en un documento concreto y la expectativa es baja respecto del cumplimiento de los plazos que planteó públicamente Alberto Fernández para las discusiones en el ámbito legislativo. Creen que podrían excederse más allá de diciembre.

En las últimas semanas, el Presidente y su ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezaron una serie de encuentros con los sectores aliados del sindicalismo, los movimientos sociales y el empresariado. Esta semana, el titular de la cartera participó en un cónclave de la CGT, mientras que el jefe del Estado participó del encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y de la Unión Industrial Argentina (UIA), y ayer recibió a referentes de los movimientos sociales afines. Todas las áreas mostraron apoyo en una negociación sobre la que trascendieron, hasta ahora, pocos detalles. El primer mandatario prometió a cada uno que no habrá ajuste.

Lo mismo le juró a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que hace dos semanas, a través de una carta, le dio aval público al Presidente en la negociación, pero al mismo tiempo le endilgó la resposabilidad por las consecuencias, y marcó la condición, poco específica, de que no firme nada que “arruine al pueblo argentino”, como dijo el propio Alberto Fernández en un discurso durante la campaña.

Sin embargo, aún no hubo una puesta en escena para el diálogo con la oposición mayoritaria, que ganó peso en el Congreso tras imponerse en las elecciones legislativas de noviembre, donde el oficialismo remontó el resultado de las PASO -aunque no logró un triunfo en la provincia de Buenos Aires y ni pudo recuperar las principales provincias del país-.

El Gobierno necesita consensuar con JxC para aprobar el “plan plurianual” que servirá como “hoja de ruta” para el pacto de refinanciamiento de la deuda que el Presidente enviará al Congreso “en los primeros días de diciembre”, como anunció Alberto Fernández la misma noche de los comicios.

En el Gobierno aseguran que no habrá una escenificación, por fuera del debate en comisión en el Congreso, de un diálogo con los referentes opositores. Se había especulado con una convocatoria de parte del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y gobernadores radicales, pero en los últimos días ese escenario estaba cada vez más lejano, según destacaron en la Casa Rosada. Hoy aseguran que las conversaciones estarán acotadas al ámbito de las comisiones y el recinto legislativo.

Los contactos con el oficialismo por la deuda son un tema tabú para la oposición, aunque hay versiones de que se están llevando a cabo en los canales del submundo de la política. En ambos espacios aseguran, on the record, que aún no existen diálogos. Sin embargo, en el Gobierno admiten que el titular del Frente Renovador, Sergio Massa, conversó al respecto con algunos legisladores con los que tiene buena relación en el interbloque opositor, entre ellos Cristian Ritondo (Pro) y Mario Negri (UCR). En los respectivos entornos de los diputados de Juntos por el Cambio niegan cualquier acercamiento. “No recibimos una sola llamada, no hay nada”, juran.

En los últimos días, Juntos por el Cambio dejó saber, a través de distintas declaraciones públicas de algunos de los principales dirigentes de las distintas fuerzas que integran la alianza opositora, que tienen la intención de aprobar el acuerdo. “El no acuerdo con el FMI nos llevaría a un escenario catastrófico”, dijo días atrás el ex ministro de Economía de Mauricio Macri durante el último tramo de su mandato, Hernán Lacunza. Mientras que el titular del interbloque de JxC, el radical cordobés Negri, sostuvo: “Acompañamos las dos leyes que envió el ministro Guzmán relativas a la deuda. ¿De dónde sacan que estamos en contra de un acuerdo con el FMI?”.

Más allá de las posturas a priori, hay consenso en la oposición en remarcar que no se sentarán a discutir hasta que no esté sobre la mesa un documento que muestre aval del FMI. Y algunos muestran rechazo de antemano a posibles modificaciones estructurales a través del “plan plurianual” del que habla el Gobierno. “Según la ley de administración financiera, debemos aprobar o rechazar el crédito, no un plan de muchos años. El Congreso aprueba leyes económicas para el año siguiente. No vamos a discutir un programa multianual que no existe en la legislación argentina, si no es parte del acuerdo con el Fondo. No vamos a negociar eso con el Gobierno”, dijo a Infobae importante referente opositor con silla en Diputados.

Y acotó que esa operación “debe hacerse cuando esté disponible el staff agreement, no antes”. “Una vez que esté, se podrá discutir la naturaleza del programa, y tomaremos una posición”, sostuvo.

Una de las condiciones al acuerdo que se discutió al interior de la oposición es que la propuesta al Fondo tenga el respaldo del kirchnerismo. “Lo primero que requerimos, como condición política, es que tenga apoyo unánime de parte de ellos. Tienen que estar de acuerdo, mostrar unidad. Si no, creemos que va a ser inviable”, sostuvo un referente económico de la coalición opositora.

También marcan algunos reparos vinculados a las condiciones del acuerdo y aseguran que “no dejarán pasar un ajuste de impuestos”. “Si hay correcciones fiscales, no deben estar basadas en aumentos impositivos. No lo aprobaremos: tenemos la presión tributaria más regresiva del mundo, en impuestos brutos, con el IVA en el 21 por ciento, las cargas patronales volando, la carga al trabajo, el impuesto al cheque, los impuestos a las importaciones, que espantan a los inversores”, señaló un diputado opositor, que como la mayoría en su espacio están preocupados por la base electoral del espacio, integrada principalmente por sectores de clase media.

Además, se atajan sobre los plazos, con proyecciones a que Juntos por el Cambio se imponga en las elecciones presidenciales de 2023: “Patear los pagos para el próximo gobierno es injusto. Si el acuerdo con el Fondo dice que lo va a tener que hacer el próximo gobierno, no nos vamos a prestar. No lo decimos por especulación, sino porque postergar implicaría empeorar las condiciones a futuro”, agregó un legislador.

En el oficialismo se muestran confiados sobre un respaldo y dan por sentado que “el Parlamento dará apoyo político” una vez que la negociación con el FMI esté cerrada, pero son conscientes de que no obtendrán un cheque en blanco de parte del “otro bando”. “Cuando hablan de reparos sobre impuestos están haciendo humo. No va a haber aumento impositivo porque no va con la lógica del Fondo. La oposición va a cacarear por algunos rubros, pero va a terminar acompañando, simplemente, porque ellos y el FMI tienen la misma lógica y los mismos principios ideológicos”, acotó un legislador del Frente de Todos que se identifica con el ala dura.

Los detalles del acuerdo que viene negociando el ministerio de Guzmán con el staff del Fondo hace más de un año aún son desconocidos. La semana pasada, desde la Casa Rosada dejaron trascender algunos puntos del programa de facilidades extendidas. La estrategia es que los pagos empiecen a correr al menos desde 2024. Pero hay un manto de dudas sobre los plazos que se terminarán de pactar y las condiciones que se aceptarán: lo que se denomina “la receta” del Fondo. Una parte central del diálogo con con el FMI se dará en los próximos días con la visita clave de la delegación argentina a DC, que viajó ayer y está encabezada por Sergio Chodos, representante del país ante el organismo. Las negociaciones se harán bajo supervisión de Guzmán, que se quedó en Buenos Aires.

Mientras tanto, algunas voces altisonantes del sector más duro del kirchnerismo salieron a reivindicar una postura no sólo contraria al acuerdo, sino pidiendo que el Gobierno lleve al FMI a la Corte Internacional de Justicia. Así lo planteó el flamante partido que lanzó hace dos semanas el exministro de Economía y ex vicepresidente de Cristina Kirchner, Amado Boudou, aliado con la ex embajadora en Venezuela, Alicia Castro, y el ex vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, que dieron en llamar, no casualmente, Soberanxs.

En el oficialismo niegan que los posicionamientos de esos grupos tengan relación con el Gobierno y creen que no afectarán la negociación. “No tienen representación popular, ni responsabilidad gubernamental. Están fuera de todo esquema. Es lógico que cacareen, pero de ahí a darles importancia hay una larga distancia”, sostuvo un portavoz del Gobierno.

En tanto, crecen las dudas, en ambos espacios del espectro político, sobre los tiempos del debate. La misión argentina, con Chiodos a la cabeza, acaba de arribar a Washington para empezar uno de los tramos finales de la negociación. Y la próxima sesión en el Congreso, el 10 de diciembre, estará destinada al recambio legislativo.

Además, el Gobierno dejó saber que esperará, para terminar de negociar, hasta conocer el informe del board del FMI sobre el acuerdo récord que firmó el gobierno de Macri en 2018, que se conocería el 22. Los tiempos apremian, y tanto en el oficialismo como en la oposición pocos creen que el acuerdo pueda aprobarse antes de fin de año, como había planteado Alberto Fernández.

En cambio, apuntan a la primera semana de febrero. Todos coinciden en que debería realizarse antes de marzo, cuando vencen los tiempos para el pago de 2.873 millones de dólares. De lo contrario, la Argentina entraría en un temido escenario default, o, como se dice en la jerga del FMI, Arrears. En lo inmediato, la fecha clave será el 22 de diciembre, cuando se conocerá la evaluación que tenía prevista el FMI sobre la deuda que contrajo Macri y que pidió Alberto Fernández esta semana en su discurso ante la UIA. Ese día será un punto de inflexión que marcará el tono de la negociación del Gobierno con Juntos por el Cambio.

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