Guerra por los precios: cómo se defenderán las empresas ante el congelamiento dispuesto por el Gobierno

Publicada ya la resolución 1050 que congela los precios de 1.432 productos de consumo masivo con valores hasta 50% más bajos que los actuales, las empresas del sector comenzaron a analizar qué estrategia encararán a partir de ahora, no sólo en la negociación con los supermercados y distribuidores, sino también en materia legal contra la norma. Mientras tanto, intentarán convencer, con números, a los funcionarios de realizar cambios a la lista y pulir las inconsistencias. De hecho, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, comenzó a recibir a las compañías de forma individual y lo seguirá haciendo en los próximos días.

Mientras los supermercados avanzan con la implementación de la norma, que llevará algunos días y que no podrá realizarse de forma completa -no todas las cadenas comercializan todos los productos y, además, muchos artículos del listado están discontinuados-, las empresas le remarcarán al Gobierno que los precios fijados son previos a los que regían el 1° de octubre y que en muchos casos no hacer cambios implicaría vender a pérdida.

Así lo plantearon los directivos de las firmas que fueron ayer a Comercio y que pidieron mantenerse en reserva. “Están queriendo demostrar que las reuniones que no pudieron hacer antes de la norma las hacen ahora, y si hay alguna inconsistencia o cambio que hacer, poder revisarlo”, dijeron en una de las compañías, al tiempo que agregaron que se les pidió desde el Gobierno apoyo para cumplir con la norma y abastecer. Con respecto a los precios, desde las empresas se resistirán a vender a valores por debajo de los que tenían a comienzos de mes, pero la pregunta que se hacen entre los proveedores es qué harán los supermercados con muchos precios del listado que son inferiores a esa fecha.

Ningún directivo del ámbito del consumo masivo cree que el Gobierno vaya a modificar la lista de precios; mucho menos después de las duras advertencias de Feletti y en plena campaña electoral. Lo que comenzará a suceder a partir de ahora es una dura batalla campal entre los proveedores y los supermercados por ver cómo se reparten los costos. De hecho, los equipos de ventas de las compañías comenzaron ayer a trabajar intensamente con la estrategia comercial que encararán a partir de ahora. ¿Volverán a quitarles bonificaciones? ¿Entregarán menos producto y derivarán más volúmenes a los canales menos controlados? Una historia que se repite y que sucedió incluso el año pasado con los Precios Máximos.

No bien salió publicada la resolución, algunos empresarios comenzaron a advertir sobre el posible desabastecimiento. En este caso, lo hizo el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, quien afirmó que nadie venderá por debajo de su costo: “Cuando a un productor se le termine el producto que ya tiene fabricado, si eso le provoca pérdida, no lo va a volver a fabricar, no hay manera”, sostuvo el empresario, al tiempo que agregó que este tipo de medidas “nunca funcionó”.

Otra de las estrategias de las empresas será intentar compensar con otros productos lo que dejarán de ganar, o directamente perderán, mediante los artículos que deben mantener congelados. El problema es que para muchas compañías los productos incluidos en el listado son parte del core del negocio, lo que les genera un costo mayor. Pero varias firmas ayer especulaban con poder aumentar los precios libremente de todo aquello que no integra la lista, y que hasta la llegada de Feletti a Comercio Interior también estaba controlado por la secretaría, con las autorizaciones bimestrales de un dígito.

Por otro lado, ¿qué pasará con el canal tradicional, donde los controles son más difíciles? El Gobierno no estableció precios salidos de fábrica, sino al público, por lo que en los casos en los que hay distribuidores en el medio, no le resultará sencillo a las autoridades sancionar a las empresas. Podrá hacerlo con los dueños de los autoservicios o almacenes, pero el proveedor, en estos casos, también tendrá mayores libertades para manejar el precio, siempre y cuando se mantenga por debajo del establecido para vender al público. Si no, sucederá lo que pasó en 2020 con Precios Máximos: los valores en estos locales subían porque las empresas -advertían los comerciantes- no cumplían en este canal con el congelamiento.

¿Y la estrategia legal?

Al mismo tiempo que buscan gestionar algunos cambios con el Gobierno y definen su estrategia comercial, los equipos legales de las empresas también están definiendo qué camino seguir. “¿Por qué me congelan a mí y a otras 12 firmas de la industria, cuando hay 200 que le venden a los supermercados?”, se preguntaba el directivo de una empresa, al tiempo que remarcaba que “eso no es legal”.

Por lo tanto, en función de lo que suceda en las reuniones individuales con el Gobierno, cada compañía definirá si decide presentarse o no a la Justicia, o busca otras estrategias. A su vez, las áreas legales de las cámaras, entre ellas la Copal, harán lo propio y analizarán, eventualmente, la posibilidad de cuestionar la resolución mediante la presentación de un recurso administrativo, como lo hicieron el año pasado con los sistemas SIPRE y SIFIRE, implementados por la gestión de Paula Español.

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