Pese a ser una fórmula fracasada, el Gobierno impone el congelamiento de precios que resisten las empresas

Pese a la fuerte resistencia de las empresas en avanzar hacia una nueva versión de un congelamiento de precios de la canasta básica, el Gobierno terminó imponiendo su punto de vista. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, decidió avanzar con una “resolución” en la que dispone los precios de una lista de 1.432 productos. Son valores retroactivos al 1 de octubre y deberán mantenerse hasta el 7 de enero próximo, es decir por poco más de 90 días.

Las compañías alimenticias, agrupadas en COPAL, habían emitido un duro comunicado ayer por la tarde, en el que advirtieron sobre la poca voluntad del Gobierno por negociar y escuchar la problemática del sector. Pero lo más fuerte llegó al final de esa carta pública, en la que pone en duda la lógica de la medida oficial.

“La realidad es que la política de congelamiento de precios no logra resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación”, para rematar indicando que “resultan insostenibles ya que afectan el largo plazo para la actividad productiva”. El comunicado que lleva la firma del titular de Copal y de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se mete así en un tema central para el futuro de la economía: de qué manera combatir seriamente la inflación, a partir de una política fiscal y monetaria mucho más ajustada de la que se vino llevando adelante en los últimos años.

La respuesta fue la decisión del Gobierno de avanzar de todas maneras con el congelamiento, a través de una resolución que involucra a 1.432 productos. La “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor” fue dispuesta para toda la cadena de productores, comercializadores y distribuidores”.

Esta medida es un nuevo capítulo en la enorme cantidad de episodios de congelamiento de precios dispuestos por este Gobierno y también en las últimas décadas. Durante la pandemia se dispuso el programa de Precios Máximos con más de 2.000 productos de la canasta de consumo. Aquel esquema se fue adaptando con leves aumentos tanto en 2020 como en la primera parte del 2021, hasta que el propio Gobierno decidió discontinuarlo, a principios de junio. Duró apenas cuatro meses la búsqueda de una “normalización” del mercado.

Las alimenticias pusieron fuertes reparos a este nuevo congelamiento, como no había sucedido en ninguna otra ocasión durante el gobierno kirchnerista, incluyendo los tres períodos anteriores tanto con Néstor como con Cristina Kirchner. En general, siempre se habían presentado estos programas como acuerdos “voluntarios” entre el Gobierno y las empresas. Fue justamente la vicepresidenta la que se quejó en su polémica carta post PASO que los precios no se estaban controlando como corresponde, incluyendo alimentos y medicamentos. Pocas semanas después fue desplazada la entonces secretaria de Comercio Interior, Paula Español, reemplazada por un “cristinista puro” como Feletti.

Se trata de un sector heterogéneo, que tiene grandes jugadores pero también pequeñas empresas. En Copal son cerca de 14.000 compañías alimenticias, cada una de ellas con su realidad, lo que dificulta un tratamiento homogéneo para todos los casos. Además, también se considera un programa extremadamente difícil de controlar, ya que no sólo involucra a los supermercados (un 30% del total del consumo), sino también a los almacenes de barrio en todos sus formatos. Se trata de cerca de 300.000 bocas en todo el país, lo que dificulta sustancialmente mantener un control del cumplimiento del congelamiento tal como fue dispuesto.

Feletti eligió también seguir la confrontación con las entidades empresarias. “Lamento que haya fracciones de la cúpula empresaria que no sean conscientes de sus privilegios y se nieguen a adoptar una actitud colaborativa”.

La medida tiene claramente una intencionalidad electoral. Por un lado busca frenar artificialmente la suba de precios en góndola, pero además generar una fricción adicional con las empresas, a las que el Gobierno sigue culpando por la alta inflación. Pero por otra parte resulta difícil pensar que se llegará hasta principios del año que viene con la misma lista de productos sin modificaciones de precios. Seguramento todo entrará en revisión a partir del 15 de noviembre, es decir el día después de las elecciones legislativas.

Las compañías alimenticias, y muy especialmente las miles de PYMES del sector, ya venían atravesando una situación muy compleja. Las ventas estuvieron en bajos niveles durante toda la pandemia por la caída del poder adquisitivo y los costos no paran de aumentar. Además de los aumentos salariales, también se siguen incrementando fuerte las materias primas y los costos de la logística para llevar el producto de la puerta de la fábrica hasta la góndola.

Los empresarios del sector, por otra parte, resaltaron que será muy difícil que se congelen los costos de toda la cadena de comercialización como exige el Gobierno. Incluso también advirtieron que podrían producirse cambios en los plazos de pago en la cadena de proveedores para compensar parte del efecto de los congelamientos.

Mientras tanto, el Gobierno sigue acumulando distorsiones en la economía, de las que tendrá un alto costo salir luego de las elecciones. Al planchazo del dólar y de las tarifas, ahora suma este nuevo congelamiento de productos de consumo masivo. El “drama” será levantarlo y que genere un nuevo pico inflacionario a principios del 2022, justo cuando habrá que tomar otras medidas de “sinceramiento” económico que además exige el FMI para llegar a un acuerdo.

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