Tal como se preveía desde que se implementaron los cambios de Gabinete, el Gobierno avanzó en los últimos días en una andanada de medidas con alto costo fiscal pero que, paradójicamente, no tendrán impacto inmediato y tal vez su efecto no logre hacerse notar en los bolsillos antes de la fecha clave del 14 de noviembre.
Sólo esta semana, se anunciaron dos programas que, a valores de hoy, tienen un costo anual mayor a los $25.000 millones, pero cuya mayor parte recaerá en las cuentas de 2022. El primero de ellos es el plan de jubilación anticipada, por el que la ANSES calcula sumar un gasto previsional de $18.000 por año, a razón de un haber promedio de $50.000 para el universo contemplado de 30.000 beneficiarios. De esa cifra, sin embargo, probablemente menos de $1.500 millones impactarán en las cuentas de este año ya que el trámite jubilatorio no es inmediato y difícilmente el mes próximo alguien pueda obtener el beneficio. Tal vez en diciembre, pero también improbable.
Algo similar ocurre con el otro gran anuncio de la semana: el blanqueo para el sector del personal doméstico, devenido en una suerte de plan ATP para el rubro por el cual el Estado se hará cargo, durante seis meses, de entre 30% y 50% del salario de los trabajadores a cambio de su formalización. En este caso, el costo fiscal de mínima se ubica entre $7.000 y $8.000 millones, ya que la AFIP proyecta un alcance mínimo de 90.000 trabajadores con un tope para el beneficio de $15.000 por seis meses. En los cálculos de máxima, quedarían alcanzados 300.000 trabajadores, con lo cual el costo fiscal podría triplicarse. Otra vez, sin embargo, la mayor parte de la factura quedaría a pagar en 2022. Esto porque la inscripción estará abierta hasta fin de año, con lo cual el Estado pagará hasta junio del año próximo el salario de aquellos empleados que queden formalizados.
Ambas iniciativas están orientadas a la clase media golpeada por la pérdida de poder adquisitivo y, presumiblemente, decepcionada en términos políticos con la gestión del Gobierno. También para la clase media, aunque para una franja algo más acomodada, el Gobierno dispuso otras medidas para mejorar la situación de bolsillo: la nueva modificación, la semana pasada, del piso para el pago del impuesto a las Ganancias, que lo llevó a $175.000 brutos y el programa PreViaje, por el que se devuelven hasta $100.000 a los turistas que viajen dentro del país. Ambas iniciativas le costarán al Estado otros $25.000 millones hasta fin de año, según los cálculos de la consultora Equilibra.
Queda claro que, si bien el primer reflejo oficial fue apuntar a los sectores medios desencantados, las cifras de pobreza difundidas ayer por el Indec y, sobre todo, de indigencia, que registró una suba, son el contexto ineludible para la medida hasta hace pocas semanas más resistida por el ministro de Economía, Martín Guzmán: la nueva edición del IFE. De confirmarse los detalles tal como trascendieron, el costo fiscal ascendería a unos $45.000 millones que, en este caso sí, se volcarían a la economía en las próximas seis semanas.
La medida cobra relevancia a la luz del aumento del porcentaje de población que no reúne los ingresos mínimos necesarios para cubrir la canasta básica alimentaria, un sector al que durante 2020 se lo asistió con el ingreso familiar de emergencia, lo que permitió tal vez contener una suba mayor. Ese ingreso no se dispuso durante 2021 y, si bien la economía registra una recuperación, el avance de la inflación, particularmente en alimentos, motivó el deterioro aún mayor. “A diferencia de la pobreza, la indigencia no se redujo en el semestre pasado”, sostuvo el especialista del CEDLAS, Leonardo Tornarolli, quien consideró que probablemente el IFE haya resultado más efectivo para contener la suba de la indigencia que la de la pobreza. De ahí que, ante los datos oficiales, se apure la instrumentación.
“Estimamos que el ‘push electoral ampliado’ podría incluir también el pago de un bono extraordinario a jubilados con un costo fiscal de $60.000 millones (similar al de agosto pasado) y nuevos refuerzos en asignaciones familiares y para monotributistas por otros $27.000 millones”, sostuvo Equilibra en un informe difundido ayer, en el que agregó que no descartan nuevas transferencias “de estructura similar al IFE de 2020″, aunque de alcance más limitado.
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