Los cuatro puntos para entender por qué hay un nuevo conflicto entre el Gobierno y el campo

El campo anunció ayer que iniciará un plan de lucha en rechazo a la política que lleva adelante el Gobierno de Alberto Fernández hacia el sector, en esta oportunidad por la decisión oficial de extender hasta el próximo 31 de octubre las restricciones a la exportación de carne vacuna. Una protesta del sector agropecuario que podría desencadenar en un cese de comercialización, tras las próximas elecciones primarias, pero que en lo inmediato contemplará recorrida de los dirigentes de la Mesa de Enlace por el interior y la búsqueda de consenso de otras medidas con los demás integrantes de la cadena cárnica.

El fuerte malestar que hay entre los productores y el rechazo a la medida publicada en las últimas horas en el Boletín Oficial, quedó demostrado ayer en la calurosa jornada que se vivió en el predio de la Sociedad Rural de Santa Fe, durante un encuentro de los dirigentes del campo que integran la Mesa de Enlace junto a productores de la provincia y la región.

En lo que va de la gestión de Alberto Fernández ya son varias las situaciones de conflicto con el campo y de desencuentros. Son varios los factores que inciden en el malestar de los productores: el sector no es tenido en cuenta al momento de diseñar las políticas para el sector, alta presión impositiva, intervención en los mercados y falta de previsibilidad, entre las principales demandas del campo hacia la administración nacional.

Y en el caso específico de la carne, ayer en Santa Fe hubo coincidencias entre productores y dirigentes al momento de advertir el incumplimiento de la promesa que había realizado Alberto Fernández en junio pasado, de liberar las exportaciones de carne vacuna si el precio al consumidor se estabilizaba o se registraban bajas, algo que sucedió en el último mes. Pero el Gobierno respondió con más intervención. Para muchos, una medida que está cargada de ideología, en la búsqueda de encontrar en el campo un enemigo y con un claro objetivo electoralista.

Para profundizar el análisis para entender aún más los aspectos salientes que llevaron al campo a anunciar un nuevo plan de lucha, que podría terminar en un cese de comercialización tras las elecciones primarias, hay que contemplar los siguientes cuatro puntos.

El impacto negativo de la medida

Desde abril pasado y hasta la fecha, según datos que aportó esta semana la Sociedad Rural Argentina, la intervención oficial en la cadena de ganados y carnes arrojó pérdidas superiores a los 1.000 millones de dólares. El sector de la producción, la industria frigorífica exportadora y los trabajadores, fueron los más perjudicados, además que al consumidor el precio en el mostrador no bajó durante mayo y junio, y registró una leve estabilización en julio último.

Al anunciar el Gobierno una extensión de la intervención, aumenta la incertidumbre en la cadena porque las pérdidas aumentarán. Más allá que actualmente las exportaciones de carne vacuna se encuentran abiertas, las mismas están restringidas a exportar el 50% de lo que la Argentina comercializó al mundo en promedio en el segundo semestre del año y a lo que se suman las diferentes cuotas de exportación, la actividad sufre un freno y eso repercute en el sector. Además hay una merma en la inversión y se complica la toma de decisiones de los productores y empresarios.

Ayer a través de un comunicado, los integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas advirtieron que la extensión de las limitaciones a las exportaciones impactará sobre los puestos de trabajo, el nivel de remuneraciones de los trabajadores, el capital de trabajo y la capacidad de compra, con consecuencias sobre el mercado ganadero y toda la cadena en su conjunto, incluido el sector de la industria frigorífica que atiende al mercado local.

También se incrementará la desconfianza de los clientes de la Argentina en el mundo, dejando un espacio que es aprovechado por nuestros competidores, como es el caso de Uruguay que en julio pasado exportó más carne que nuestro país. “La incertidumbre y la falta de perspectivas delinean un panorama aún peor a mediano y largo plazo; el pasado reciente es prueba de las graves consecuencias de estas políticas a nivel sectorial y general”, señalaron desde el Consorcio, que una vez más reclamó la eliminación de las restricciones para exportar.

El temor de los productores a más intervenciones

A lo largo del actual mandato de Alberto Fernández fueron varios los escenarios de conflictos con el sector agropecuario. La protesta de los productores por el aumento de las retenciones a la soja y a fines del año pasado por el cierre de las exportaciones de maíz.

En en el actual conflicto por la exportación de carne vacuna, aparecen entre los productores temores a más intervención oficial en los mercados agropecuarios. Así lo reflejó la última encuesta de Centro de Agronegocios de la Universidad Austral. En la misma, realizada a 406 productores cuyo valor bruto de producción es igual o mayor a los 200.000 dólares, no solamente se reflejó una caída del 12,7% en el índice de confianza de los productores en julio pasado, sino también que un 60% de los productores observa la posibilidad de que se intervenga nuevamente el mercado de maíz, provocando que un 45% de los encuestados afirmó que ya realizó cambios en las estrategias comerciales, como adelanto de ventas un 23% y coberturas en los mercados a término un 22% de los consultados.

Por otro lado el relevamiento contempló sobre las Expectativas Futuras, que incluye percepciones acerca del futuro de la explotación agropecuaria y del sector agropecuario en general, en horizontes de tiempo de 1 y 5 años, una caída respecto a la edición previa de aproximadamente un 11% y la misma está directamente relacionada a la incertidumbre a futuro que disparó la intervención en el mercado cárnico.

Otras medidas que afectan al sector

La crisis económica y financiera del país también está afectando al campo, especialmente a los pequeños y medianos productores, más allá del buen contexto de precios internacionales, a los cuales el productor no accede totalmente por el efecto de las retenciones y el desdoblamiento cambiario. Estos dos últimos aspectos son de elevada preocupación, ya que la mayoría de los costos de producción se encuentran dolarizados y que por otro lado sufren el impacto de la inflación.

A los problemas de la macroeconomía, se suma la elevada presión impositiva, donde en el caso de agricultura cada 100 pesos que genera una hectárea agrícola más de 60 pesos se los lleva el Estado a través del cobro de los impuestos. Las retenciones es un histórico reclamo del sector agropecuario, donde su incidencia en el resultado económico de la actividad, es cada vez más grande.

Pero a lo económico y al tema impuestos, se suma la incertidumbre de los productores por diferentes iniciativas legislativas que irían en contra de lo que está pidiendo el sector para expresar su potencial y otras que significarían generar más confrontación. Y en sentido generó alerta el proyecto de dos diputadas del Frente de Todos, que proponen retirar a las entidades del campo del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Desconfianza y falta de diálogo

Este es un aspecto que en la tarde de ayer en Santa Fe estuvo muy presente en las expresiones de los dirigentes de la Mesa de Enlace y los productores. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, señaló todas las veces que tuvo la posibilidad de dirigir la palabra a los presentes en la reunión y en cada entrevista periodística que realizó, que el presidente Alberto Fernández no cumplió con la promesa de liberar las exportaciones de carne vacuna si el precio al consumidor se estabilizaba o bajaba, como sucedió en el último mes.

Por su parte, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, recordó que “desde hace un año y medio venimos soportando un escenario de confrontación y no de diálogo que ha propuesto el Gobierno”.

En el campo sostienen que el diálogo con el Gobierno no conduce a solucionar los problemas del sector, y que los dirigentes son convocados siempre para anunciar las medidas que se van a implementar, como sucedió con la carne y el aumento de las retenciones a la soja, y no para trabajar junto a la actual gestión gubernamental en políticas que permitan mejorar la competitividad, de una estructura que es la mayor aportante de divisas por las exportaciones agroindustriales.

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