El Fondo Monetario Internacional aprobó este lunes otorgar una ayuda especial a sus países miembro para afrontar las consecuencias de la pandemia y repartirá unos USD 650.000 millones entre sus socios. De esta manera, a la Argentina le corresponderán unos USD 4.300 millones, que ingresarán a las arcas del Banco Central el 23 de agosto próximo.
”Esta es una decisión histórica: la mayor asignación de DEG (derechos especiales de giro, la “moneda” del organismo) en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes”, dijo en un comunicado la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva tras la aprobación.
“La asignación de DEG beneficiará a todos los países miembros, abordará la necesidad de reservas a escala mundial y a largo plazo, generará confianza y promoverá la resiliencia y estabilidad de la economía mundial. En particular, ayudará a los países miembros más vulnerables que están luchando contra los estragos de la crisis provocada por la Covid-19″, continuó.
La asignación general de DEG entrará en vigor el 23 de agosto, explicó el FMI en un comunicado. “Los nuevos DEG serán acreditados a los países miembros del FMI en proporción con sus actuales cuotas en la institución”, mencionaron. Por esa razón, la Argentina será acreedor de cerca del 0,7% del total a distribuir.
Del monto general a repartir, unos USD 275.000 millones (lo que implica alrededor de 193.000 millones de DEG) de la nueva asignación se destinará a países de mercados emergentes y en desarrollo, incluidos países de bajo ingreso, aseguró el FMI.
“Asimismo, seguiremos trabajando activamente con los países a fin de identificar opciones viables que permitan canalizar voluntariamente DEG de los países miembros más ricos a los más pobres y vulnerables, para apoyar su recuperación de la pandemia y para que logren un crecimiento resiliente y sostenible”, agregó Georgieva.
Para establecer ese mecanismo, el organismo cuenta con un par de opciones sobre la mesa. En primer lugar, y que podría incluir a la Argentina, sería un Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad “para facilitar un crecimiento más resiliente y sostenible a mediano plazo”. Según explican desde el Gobierno, se trataría de una “tercera vía” a los programas estándar del FMI como el Stand-by y el de Facilidades Extendidas, como el que actualmente negocia el Poder Ejecutivo.
Ese Fondo de Resiliencia serviría, en palabras de Georgieva, para ofrecer “tasas más bajas y vencimientos más largos para crear espacio fiscal para mitigación, adaptación, transición, especialmente para países de ingresos bajos o medianos altamente vulnerables”. La propuesta de establecer un sistema que vaya en ese sentido fue una de las que menciona habitualmente el ministro de Economía Martín Guzmán en distintos foros internacionales.
Todavía no está determinada la definición de país “vulnerable” que podría ser contemplado para este Fondo de Resiliencia. La semana pasada la economista jefa del FMI Gita Gopinath había asegurado que “el impacto (positivo de la distribución de DEGs) puede magnificarse aún más si las naciones ricas canalizan voluntariamente sus DEGs a las economías de mercados emergentes y en desarrollo”.
La segunda opción, para países con ingresos bajos, sería poder ampliar los préstamos desde las naciones más avanzadas a través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) del FMI.
La llegada de los USD 4.300 millones a las arcas del Banco Central será clave para el calendario de vencimientos de deuda. Los últimos meses del año elevarán la exigencia de giros hacia el Fondo Monetario, pues el Tesoro afrontará las dos primeras cuotas de capital del crédito Stand By de 2018. Según información provista por el organismo, el 22 de septiembre y el 22 de diciembre la Argentina debería repagar casi USD 1.884 millones en cada ocasión, es decir un total 3.767 millones en tres meses.
Tras un debate interno hacia el Frente de Todos sobre qué destino deberían tener los USD 4.300 millones que ingresarán al Banco Central -que incluyó un proyecto de declaración propuesto y votado por el propio oficialismo para evitar que esos fondos se usen para pagar deuda- la vicepresidenta Cristina Kirchner terminó por habilitar esa utilización en el acto de presentación de los candidatos de la coalición, el fin de semana pasado.
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