Las cuentas públicas dejaron de cerrar en junio y el Banco Central volvió a emitir para asistir a Martín Guzmán

No hay mal que dure cien años ni nada es para siempre. Esto último resulta particularmente cierto para las cuentas públicas que tan meticulosamente cuidó hasta ahora el ministro de Economía, Martín Guzmán. Su esmero, alentado por la imprevista ayuda de ingresos completamente extraordinarios, obtuvo resultados inéditos plasmados en casi un equilibrio fiscal (primario) para los primeros cinco meses del año. Pero en junio, mes de alto nivel de gasto, la ecuación cambió y el Banco Central giró al Tesoro $90.000 millones, a pesar de que Economía logró durante el mes recaudar los fondos necesarios para cubrir más de 90% de los vencimientos de deuda por un total de $245.000 millones.

A partir de ahora, se prevé que en el segundo semestre se revertirá gran parte de la mejora obtenida hasta mayo. No obstante, el Gobierno lograría alcanzar la meta de déficit fiscal prevista en el Presupuesto de 4,5% del PBI e, incluso, sobrecumplirla.

Todo dependerá, en definitiva, tanto del nivel de gasto que implique el proceso electoral -se descuenta un fuerte incremento- como de la estrategia para la aplicación de los recursos excepcionales que girará el Fondo Monetario, en principio destinados a fortalecer las reservas del BCRA pero sobre los que hay intenso debate en el Frente de Todos.

Lo que está claro es que los principales factores que contribuyeron al buen resultado fiscal comenzarán a atenuarse hasta desaparecer. El principal de ellos es el consabido ingreso récord por retenciones a la soja, gracias a precios en máximos históricos que también empiezan a moderarse. En cualquier caso, la estacionalidad de la liquidación de la cosecha hace que esos recursos no estén disponibles en la segunda mitad del año. El segundo factor que tampoco se repetirá en el segundo semestre es la recaudación por el aporte solidario, más conocido como el impuesto a la riqueza, que reunió $225.000 millones. En contrapartida, en los próximos meses se empezarán a pagar nuevos gastos. Por ejemplo, la devolución del impuesto a las Ganancias, que ya se dejó de descontar en junio, medio aguinaldo incluido, para los salarios hasta $150.000 brutos.

“El déficit de junio debe estar apretado, suele ser estacionalmente alto por pago de aguinaldo por ejemplo. Hacia adelante, el déficit probablemente esté por debajo del presupuestado pero claramente muy por encima de lo que vemos hoy. Estamos esperando una notoria aceleración del gasto”, sostuvo Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Empiria, donde proyectan que el desequilibrio hacia fin de año cerrará en torno a 3,8% del PBI. “Al aumento de gasto, particularmente teniendo en cuenta las elecciones, se le agrega la menor recaudación, no sólo porque ya no impactará tanto el efecto de la soja sino también por los reintegros impositivos previstos”, agregó Paolicchi, para quien el último giro del Banco Central a Economía, realizado la semana pasada, es un claro indicador del cambio de tendencia en la dinámica fiscal.

En el aumento de gastos también pesará aquellos renglones en los que se realizó un fuerte ajuste durante la primera parte del año, básicamente en el pago de jubilaciones, beneficios sociales y salarios del sector público, cuyo nivel de recomposición se ubicó durante los primeros meses muy por debajo de la inflación. Sin embargo, con el avance de los precios durante los últimos, también esta variable revertirá la tendencia e impactará en la planilla de la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo a los datos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, durante los primeros meses del año los haberes y planes sociales se incrementaron a un ritmo de 29%, en junio treparon al 37% y durante el segundo semestre tenderán al 45%, en línea con el nivel de inflación interanual que se viene registrando. Incluso no se descarta que la paritaria de los empleados estatales, que se cerró en 35%, vuelva a discutirse para alinearse a lo que se negocia en el sector privado y que se concedió en algunos organismos de la administración pública como el PAMI y la ANSES, además del polémico aumento de 40% para los legisladores y empleados del Congreso.

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