Club de París: los países acreedores presionan para que el Gobierno acelere un acuerdo con el FMI

Ayer no se pagaron los USD 2.400 millones que vencían y ahora se espera un gesto conciliador de la Argentina. De lo contrario, en 60 días el país caerá formalmente en default

El presidente argentino, Alberto Fernández, posa junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el Hotel Sofitel de Roma, Italia, el 14 de mayo de 2021. Presidencia Argentina/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
El presidente argentino, Alberto Fernández, posa junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el Hotel Sofitel de Roma, Italia, el 14 de mayo de 2021. Presidencia Argentina/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Finalmente la Argentina no pagó el vencimiento de USD 2.400 millones que hubiera cancelado la deuda renegociada en 2014 con el Club de París. Ahora se abre un período de 60 días de gracia estipulado en el acuerdo original, en el que el Gobierno tiene dos opciones: pagar a fin de julio o bien conseguir una refinanciación extraordinaria para evitar el default.

Aplazar el pago de esta deuda no es algo sencillo. Se precisa la unanimidad de todos los países acreedores que integran el Club de París. La gira de Martín Guzmán y luego la de Alberto Fernández por Europa procuró ablandar las posiciones para conseguir esa reestructuración voluntaria. Pero por ahora no hay resultados concretos a la vista.

Algunos países como Portugal, España, Francia e Italia se mostraron más proclives a ayudar a la Argentina para evitar el default. Sin embargo, las posiciones más duras serían las de Alemania y Japón.

Lo que reclaman los países más duros, antes de otorgarle al país un nuevo plazo para el pago, es que el Gobierno avance en un acuerdo con el FMI. Es materialmente imposible llegar a un acuerdo en menos de 60 días cuando ni siquiera se empezó a negociar formalmente. Por lo tanto, se requeriría al menos un documento del organismo en donde conste que ese proceso al menos arrancó.

Alemania y Japón serían los países más reacios a concederle a la Argentina la refinanciación de la deuda de USD 2.400 millones. Exigen para ello que el país arranque formalmente y se encamine a un acuerdo con el FMI. Pero el margen de maniobra de Guzmán para avanzar es muy estrecho en medio del proceso electoral

Un informe elaborado por la sociedad bursátil TPCG indicó a los inversores que esta situación expone como nunca a Martín Guzmán. Ahora se sabrá con mucha más certeza si realmente el ministro de Economía tiene apoyo para negociar con el FMI o la presión del kirchnerismo duro lo obliga a seguir postergando este paso hasta después de las elecciones legislativas.

Claro que seguir demorando definiciones de un programa económico, que es lo que pide en realidad el Fondo Monetario para un nuevo acuerdo, no es gratuito.

Sucede que no sentarse a negociar con el FMI generaría multas millonarias con el Club de París. Cuando la Argentina reestructuró por última vez con los países que lo integran, acordó una tasa variable entre el 3 y el 4,5% anual. Pero además una tasa de penalización por atrasos del 9% anual en dólares. El problema es que si el programa cae en mora, esa tasa de penalización del 9% se aplica retroactivamente desde 2014. La cifra involucra una cifra millonaria de USD 2.000 millones, resultante de la diferencia entre el interés pagado y el interés adeudado durante los últimos siete años.

Para Guzmán resulta difícil moverse, mucho más cuando faltan ya menos de 100 días para las elecciones primarias, que esta semana quedarían definidas para principios de septiembre. El kirchnerismo duro busca ponerle límites a la negociación que se viene, como sucedió la semana pasada con la “Proclama del 25 de mayo”, en la que básicamente se plantea dejar de pagar la deuda con el Fondo Monetario. Por ende, la idea de algunos sectores es directamente “patear el tablero” y no pagar la deuda de más de USD 4.000 millones que vencen con el organismo.

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