Los exportadores de carne temen lo peor para los dos mercados: se perderán negocios en el exterior y los precios internos no van a bajar

Todavía aturdidos por la noticia que recibieron de boca del presidente Alberto Fernández, los exportadores de carne ya empezaron a hacer el control de daños sobre el cierre de sus ventas externas por 30 días que dispuso ayer el gobierno. Creen que la decisión impactará negativamente en ambos mercados: los exportadores perderán negocios en el exterior y, al mismo tiempo, no se reducirán los precios en el mercado interno.

Entre las empresas del sector ronda una lectura clara: el cierre de las exportaciones es un avance más de las políticas duras del kirchnerismo para combatir la inflación, las mismas que fueron empleadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con resultados ya conocidos. Entienden que la carne ha sido tomada como un producto testigo y que esta prohibición se pone en la fila de otras dos decisiones controversiales del Gobierno sobre el sector agropecuario: el intento de estatización de Vicentin para influir en el mercado granario y el cierre de las exportaciones de maíz anunciado el último día de 2020. En ambos casos, el gobierno debió dar marcha atrás. El proyecto inicial de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti para expropiar Vicentin encontró muchas resistencias y la suspensión sobre el maíz solamente duró 10 días.

Nadie se atreve a arriesgar si la medida conocida ayer, en principio por 30 días, se volverá permanente o si el Gobierno “pegó primero para negociar después”. Dejó abierta una puerta al aclarar que “si se cumplen los objetivos” los 30 días podrían acortarse. Lo cierto es que la decisión lleva la impronta del ala dura del equipo económico, en la línea de los programas de control de precios o el congelamiento de las tarifas.

No pasó inadvertido para los empresarios del consorcio exportador ABC que estuvieron ayer en Casa Rosada la ausencia del ministro de Agroindustria, Luis Basterra. Solamente el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, secundaron al Presidente. En el marco de la política de control de precios, Español viene promoviendo el Mercado Federal Ambulante, la venta de carnes y verduras con algunos camiones que recorren el Gran Buenos Aires, en la previsión que esa operación de alcance testimonial impacte sobre los precios que pagan todos los consumidores.

Los empresarios habían llegado al encuentro con Alberto Fernández con la expectativa de evaluar las medidas que ya se habían puesto en marcha, en particular la participación de los sectores exportadores en la continuidad del acuerdo de precios. Tras una larga alocución del Presidente, de casi una hora, en la que utilizó similares argumentos a los adelantados en una entrevista televisiva, les transmitió personalmente la decisión de suspender las ventas externas. Tras un intercambio con cierta tensión, en el que la única voz oficial fue la del Presidente, los empresarios entendieron que algo se quebró.

Los más preocupados son los que venden a China. No solo por las razones esperables: interrumpir las ventas súbitamente es una invitación a los clientes a proveerse en otros países y genera ruidos en relaciones comerciales que lleva muchos años construir. El problema es que el mercado chino es relativamente nuevo para la Argentina por lo que los compradores de carne argentina no han atravesado la etapa anterior de suspensión, como sí ocurrió con clientes de otros países.

Algunas empresas ya saben que van a incumplir con entregas ya acordadas y los efectos colaterales son imprevisibles. “Siempre es difícil entablar una relación comercial con los chinos, ¿cómo les explico que el Gobierno no me deja venderles? Eso deja dos grandes riesgos: o salen a comprar a otro lado o dejan a la Argentina solamente para comprar con precio de descuento”, explica un empresario. En Uruguay, ya se frotan las manos para salir a la caza de esa demanda insatisfecha.

En el sector de la carne ya habían asimilado otras disposiciones recientes. Una es la creación de un registro de exportadores, que los obliga a presentar documentación y agregar trámites. “Es engorroso, burocrático y no tiene ninguna utilidad. Pero si esa carga administrativa es el precio para poder exportar, hay que pagarlo”, señalan en una de esas compañías. También explican que para las otras medidas recientes el sector empresario no retaceó su colaboración. Entre esas disposiciones, destacan la disposición de “precios de referencia”, tendiente a evitar la subfacturación de operaciones para aprovechar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el financiero. A la vez, aseguran haber apoyado la incorporación de requisitos para las “exportadoras sin planta”, aquellas compañías que de un día para otro empezaron a acreditar exportaciones; para evitar falsas operaciones, se dispuso que los exportadores deben tener un establecimiento industrial habilitado o bien ofrecer garantías patrimoniales.

Pero más allá de lo “sorpresivo e innecesario” de cerrar por completo las exportaciones y de que es un desincentivo evidente para la inversión, según dicen los empresarios, el punto que resaltan es que la decisión no traerá el efecto buscado por el gobierno, es decir, no ayudará a reducir los precios en las carnicerías y en las góndolas, o lo hará solamente en forma transitoria.

“Si los cortes de carne fueran vehículos, haga de cuenta que nosotros exportamos camionetas y en el mercado interno se consumen autos. ¿Por qué la suspensión de las exportaciones de camionetas va a hacer bajar el precio interno de los autos, qué motivo hay para eso? No lo entienden”, señalaron ante Infobae en una de las compañías para graficar la diferencia de cortes entre ambos mercados.

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